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Afganistán: El homicidio de un defensor de los derechos humanos, un crimen de guerra

En respuesta a la noticia de que Abdul Samad Amiri, director en funciones de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán en la provincia de Ghor, fue secuestrado y asesinado por los talibanes, Samira Hamidi, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha declarado:

Este acto brutal es un crimen de guerra. Los talibanes, pese a que afirman buscar la paz, siguen matando gente de la manera más atroz. Abdul Samad Amiri dedicó su vida a defender los derechos de otras personas, de las que no tienen a nadie más que hable por ellas. Nuestros pensamientos están con la familia de Abdul Samad y sus valientes colegas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán”.

“Esta tragedia subraya los graves peligros a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Afganistán. Con amenazas procedentes de todas las partes de un conflicto que sigue cobrándose vidas civiles a diario, estas personas están indefensas. El gobierno afgano y la comunidad internacional deben proporcionarles la protección que tan desesperadamente necesitan, y no abandonarlas.”

Información complementaria

Shaharzad Akbar, presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, anunció que Abdul Samad Amiri había sido secuestrado y luego muerto a tiros el 4 de septiembre de 2019 por los talibanes cuando viajaba de vuelta desde Kabul.

El mes pasado, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Defenceless Defenders: Afghanistan’s Human Rights Community Under Attack, en el que se expone con detalle cómo los defensores y defensoras de los derechos humanos en Afganistán sufren ataques cada vez más intensos tanto de las autoridades como de los grupos armados, mientras se enfrentan a intimidación, acoso, amenazas y violencia.

Como parte de su campaña internacional “VALIENTE” en favor de quienes defienden los derechos humanos, Amnistía Internacional pide al gobierno afgano y a la comunidad internacional que establezcan un mecanismo de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en el país.