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Libertad de expresión en España

© Andres Kudacki
© Andres Kudacki

Los derechos humanos en España llevan tres años amordazados

Que no te amordacen también a ti #Desamordázate

¡Firma ya!

Amnistía Internacional hizo público en el pasado mes de junio de 2017 una actualización de las preocupaciones y recomendaciones en relación con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como “Ley Mordaza”, en su informe “España: activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira. Análisis sobre la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana”. Amnistía Internacional calcula que tan sólo en 2016 podrían haberse impuesto alrededor de 34.000 sanciones por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información.

En este análisis, la organización concluye que esta Ley se está utilizando contra el activismo social y específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. Además, esta Ley daña el derecho a la información. Las limitaciones a la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad que recoge la LOSC están impidiendo el ejercicio del derecho a la información.

El momento actual es de especial relevancia al encontrarse en proceso de tramitación dos propuestas de ley de reforma de la LOSC cuyos procesos de tramitación legislativa podrían concluir en 2018. Para que la modificación de la LOSC tenga lugar los distintos grupos parlamentarios favorables a que tenga lugar una reforma de la Ley se pongan de acuerdo en un texto único.

El próximo 27 de marzo de 2018 se cumplirá el tercer aniversario de la aprobación de las reformas de Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana así como del Código Penal, siendo una ocasión relevante para la movilización y para visibilizar las vulneraciones de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión así como por la disposición adicional de la Ley sobre las expulsiones en caliente que según el TEDH es ilegal.

Arbitrariedad policial sin rendición de cuentas

Más de 12.000 sanciones de 2016 correspondieron a “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”, con sanciones de hasta 30.000 euros. Algunas de las sanciones se han impuesto en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información.

Por otra parte, se en 2016 se impusieron casi 19.500 sanciones por “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”.

Más allá de lo que pueda ser entendido como “una falta de respeto o consideración”, lo cierto es que este precepto otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración. Solo en 2016, las faltas de respeto a la autoridad han permitido establecer sanciones con un importe que supera los 3 millones de euros.

Una ley para desmovilizar a la ciudadanía

Muchas personas han transmitido a Amnistía Internacional que actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos. La LOSC ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado. “Las identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo de poder ser multados” comenta Sara López, de LegalSol.

Protesta de Amnistía Internacional ante la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana aprobada hoy en el Congreso.
Protesta de Amnistía Internacional ante la propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el Congreso. El lema era "Más poder para la policía = menos derechos humanos". © AI.

Código penal

Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España

Personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. Desde 2015, los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de su aplicación han aumentado drásticamente; de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas.

La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, está teniendo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España.

Tras los atentados terroristas de París de enero de 2015, el gobierno español introdujo unas enmiendas al Código Penal que ampliaban el ámbito de aplicación del artículo 578 para penalizar el “enaltecimiento” del terrorismo mediante la difusión pública de “mensajes o consignas”, convirtiendo en factor agravante la comisión de este delito a través de Internet y aumentando la pena máxima de dos a tres años de prisión.

Desde entonces, las autoridades vienen utilizando el artículo 578 para reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país. Este es un aspecto especialmente preocupante de las restricciones de la libertad de expresión en aplicación de esta ley. La expresión política es esencial para un debate informado y dinámico sobre cuestiones de interés público, y las personas que se dedican al arte y la música desempeñan un papel crucial en cuestionar el statu quo e inspirar el pensamiento crítico.

El derecho a la libertad de expresión incluye, a grandes rasgos, expresiones que ofenden, escandalizan y molestan. Al usar de este modo el artículo 578, las autoridades han indicado a toda la sociedad que no se van a tolerar ciertas formas de discrepancia, así como el cuestionamiento y las perspectivas alternativas.

¡Tuitea si te atreves!

La libertad de expresión en España está bajo amenaza

¡Defiéndela!

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:

- Revisar la legislación reguladora del derecho de reunión, y de protección de la seguridad ciudadana; así como sus políticas y prácticas, eliminando aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.

- Incorporar mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias.

- Reformar la LOSC para regular con precisión “los rechazos” en la frontera de Ceuta y Melilla, que deberán llevarse a cabo con las debidas salvaguardias para evitar las expulsiones sumarias de España a Marruecos, y detener la práctica de expulsar sumariamente a Marruecos a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

- Derogar el artículo 578 del Código Penal y garantizar que ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones contraídas por España en virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

- Mientras tanto, se debe garantizar que no se detiene, investiga, procesa ni encarcela a ninguna persona en aplicación del artículo 578, así como retirar los cargos formulados en aplicación de dicho artículo contra cualquier persona sólo por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

- Defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre.

© Emilio Morenatti

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