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Derechos económicos, sociales y culturales en España

Manifestación a favor de la sanidad universal. © Andres Kudacki
Manifestación a favor de la sanidad universal. © Andres Kudacki

En España, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente. Las autoridades estatales, autonómicas y locales deben garantizar que las personas puedan exigir estos derechos e incluso poder recurrir a un tribunal cuando son vulnerados. Las barreras para acceder a recursos legales que les permitan hacer valer sus derechos aumentan la indefensión y agravan la pobreza.

Los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley ni amparados por la justicia de manera adecuada.
© Alvaro Barrientos

Derecho a la vivienda

Cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios en España. Ante esta situación las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.

Según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

Datos y cifras

  • Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.
  • Entre 2012 y junio de 2014 se han llevado a cabo un total de 97.577 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales en España.
  • Viviendas sociales: hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública (de promoción pública y privada) sin contar las que gestionan los ayuntamientos y las empresas público privadas.
  • Viviendas vacías: El 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en España, que cuenta con un total de 3,44 millones según el último censo de 2011. La SAREB (Sociedad de Gestión de Archivos Procedentes de la Restructuración Bancaria también conocida como “banco malo”), tiene en su propiedad 80.000 viviendas.
  • Gasto público de vivienda: Entre el año 2009 y el 2015, el gasto público de vivienda se ha reducido en los Presupuestos Generales del Estado en más de un 50%. Según Eurostat, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 € por persona en 2008 a 27,79 € en 2012. La media en la Unión Europea fue de 134,65 € en 2012.

Amnistía Internacional pide:

Amnistía Internacional pide a las autoridades públicas de España que cumplan sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada. En concreto, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones al gobierno de España:

  • Paralizar todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de los derechos humanos.
  • Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que para que los jueces puedan evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo hipotecario.
  • Establecer un mecanismo preceptivo que supervise la negociación entre bancos y familias antes de iniciarse la ejecución hipotecaria de viviendas habituales, a fin de garantizar que se respeta el principio de la igualdad de armas y que el desalojo es realmente el último recurso una vez que se han estudiado todas las alternativas posibles.
  • Presentar un proyecto de Ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos y modificar el artículo 53 de la Constitución para reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda.
  • Adoptar todas las medidas a su disposición, para que Sareb esté obligada a utilizar su parque de viviendas vacías con plazos concretos y así garantizar el acceso a la vivienda de tantas personas como sea posible.

Las autoridades autonómicas deben adoptar las siguientes medidas:

  • Emplear todos los recursos disponibles para conseguir la realización progresiva del derecho a la vivienda y abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.
  • Elaborar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibilidad de viviendas vacías de propiedad privada como posible recurso para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
  • Adoptar legislación sobre el derecho a la vivienda que sea acorde con el derecho internacional de los derechos humanos y realizar evaluaciones del impacto de las políticas de vivienda sobre los derechos humanos en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil.
Cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda en España.
Cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda en España. © Andrés Kudacki
Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se iniciaron 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.
Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se iniciaron 598.747 procesos de ejecución hipotecaria. © Andres Kudacki
Las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. © Daniel Ochoa de Olza

Derecho a la salud

Detalle de la manifestación en el Día Internacional de la Mujer, Madrid, marzo 2015.
Detalle de la manifestación en el Día Internacional de la Mujer reivindicando su derecho a decidir, Madrid, marzo 2015. © Andres Kudacki
Manifestación a favor de la sanidad universal. Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud.
Manifestación a favor de la sanidad universal. Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud. © Andres Kudacki

El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL). Desde la entrada en vigor del RDL, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el gobierno.

El gobierno no ha publicado ninguna evaluación sobre los efectos que esta reforma está teniendo en el derecho a la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables, y en especial en las mujeres. Tampoco sobre el impacto disuasorio que esta reforma está teniendo en el acceso a centros médicos por parte de la población inmigrante en situación irregular.

La aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar ha agudizado el impacto negativo de esta reforma. Esta disparidad se ha traducido en caos administrativo. Amnistía Internacional ha constatado como en algunos centros se siguen cobrando servicios de urgencias o se deniega el acceso a la atención sanitaria de personas que estarían cubiertas por el RDL.

Amnistía Internacional pide:

Las autoridades deben restablecer la universalidad del derecho a la salud, adoptando todas las medidas necesarias, incluyendo la modificación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, a fin de garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa. Como medida inmediata, concretar el anuncio relativo al acceso a la atención primaria en una reforma legislativa del Real Decreto Ley 16/2012 que lo proteja como un derecho.

Más información:

En abril de 2015, la organización publicó el informe "Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitraria en Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana" y, en julio de 2013, el informe “El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares”.

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