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España

© Andres Kudacki
© Andres Kudacki

Amnistía Internacional mantiene una serie de preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos en España y trabaja para que el gobierno los proteja y respete en todo momento.

En relación a las amenazas a los derechos humanos en España sobre la libertad de expresión, asociación y reunión, las reformas legislativas de los últimos años en el ámbito penal y el relativo a seguridad ciudadana ponen en peligro el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión.

No solo la libertad de expresión está amenazada. Derechos económicos, sociales y culturales también están amenazados: con la puesta en marcha de un decreto de ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Estado español está limitando el derecho a la salud y esto podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. También la vulneración del derecho a la vivienda es preocupante. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías.

En los últimos años ha crecido enormemente la preocupación por la violencia contra las mujeres. Decenas de mujeres mueren cada año en nuestro país y desde Amnistía Internacional queremos poner de relieve la gravedad y la dimensión del problema, y conseguir que las autoridades asuman su responsabilidad.

En cuanto a la lucha contra la impunidad, nuestra organización mantiene desde hace tiempo diversas preocupaciones, relacionadas con tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos, así como la detención de personas en régimen de incomunicación. Además, en relación a la jurisdicción universal, España ha dado un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. En este sentido, y de manera adicional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante.

Otro de los motivos de preocupación y por el cual Amnistía Internacional trabaja en España es el comercio de armas. Dos veces al año, nuestra organización, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, analizan los datos oficiales de las exportaciones de armas fabricadas en España con el fin de hacer recomendaciones a las autoridades españolas.

Además, en los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros. Una de estas formas de discriminación es el racismo y en España, tanto ciudadanos extranjeros como minorías étnicas lo sufren. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado. Es necesario, pues, que las autoridades españolas combatan el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Aunque la policía en ocasiones tenga que hacer uso de la fuerza para mantener el orden público y la seguridad e impedir que se cometan delitos, sus agentes deben cumplir la obligación, contraída por el Estado en virtud del derecho internacional, de ga
Aunque la policía en ocasiones tenga que hacer uso de la fuerza para mantener el orden público y la seguridad e impedir que se cometan delitos, sus agentes deben cumplir la obligación, contraída por el Estado en virtud del derecho internacional, de garantizar la libertad de reunión. © Emilio Morenatti
En los últimos años ha habido un aumento de las denuncias de abusos y discriminación contra población extranjera. Una de estas formas de discriminación es el racismo. En la imagen, una manifestación contra el racismo celebrada en Alcorcón, Madrid.
En los últimos años ha habido un aumento de las denuncias de abusos y discriminación contra población extranjera. Una de estas formas de discriminación es el racismo. En la imagen, una manifestación contra el racismo celebrada en Alcorcón, Madrid. © AP Photo/Paul White

Inmigración y refugio

Amnistía Internacional denuncia la desprotección de las personsa que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, las procedentes de países en conflicto.
Amnistía Internacional denuncia la desprotección de las personsa que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, las procedentes de países en conflicto o con graves inestabilidades políticas. © Santi Palacios
Distintas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, advirtieron al gobierno del PP que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana vulnera el derecho de asilo de los solicitantes que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla, y, con ello, incumplen distintos tratados internacionales como la Convención de Ginebra. © Santi Palacios

En lo relativo a inmigración y refugio, nuestra organización lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España. También denunciamos que el gobierno español se comprometió a reubicar a 15.888 personas y a reasentar a 1.449. A 5 de mayo de 2017 solo se habían acogido a 1.304. Más información

Expulsiones “en caliente”

Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades españolas que las expulsiones sumarias y colectivas, están prohibidas por tratados internacionales como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También incumplen la legislación española de extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si estas personas necesitan protección internacional. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 introdujo una modificación en la Ley española sobre inmigración introduciendo un nuevo acto administrativo: "el rechazo" aplicable únicamente a las personas que traspasan los elementos de contención fronterizos y entran irregularmente a las ciudades de Ceuta y Melilla. Si bien la disposición decía que el rechazo de realizaría respetando los derechos humanos y la normativa internacional, hoy en día sigue sin haber un protocolo para su aplicación con garantías, lo que supone que a día de hoy la enmienda se limite a legalizar prácticas ilícitas de devolución prohibidas por el derecho internacional

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:

  • Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen la legislación de la ley de extranjería y las normas internacionales, también en el espacio entre las dos vallas. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.

  • Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos.

Discriminación

La labor de Amnistía Internacional se basa en el principio de la no discriminación. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, lengua, orientación sexual, identidad de género, edad, estado de salud u otra condición.

En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc.

Además, la discriminación por motivos de religión o de creencias afecta a la población inmigrante en España en ámbitos de la vida como la educación y el empleo, pudiendo llegar a tener un impacto negativo en sus vidas a causa del aislamiento, la exclusión y la estigmatización a la que pueden llegar a ser sometidos. Las mujeres, además, pueden sufrir esta misma discriminación simplemente por llevar determinadas prendas, tal y como sucede en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios públicos. También en España, algunas autoridades locales han introducido prohibiciones que se aplican en edificios e instalaciones municipales. En algunos colegios españoles también se ha llegado a prohibir el uso del pañuelo u otras prendas de vestir tradicionales y religiosas.

Los estereotipos y los prejuicios contra prácticas religiosas o culturales musulmanas también han ocasionado restricciones en el establecimiento de lugares de culto islámicos. Este tipo de discriminaciones se ven a menudo alimentadas por opiniones negativas procedentes de algunos partidos políticos y algunos sectores de los medios de comunicación, que obvian su responsabilidad de no reforzar ideas que puedan fomentar la intolerancia y la discriminación. Esta situación es denunciada en el informe Elección y prejuicio: discriminación de personas musulmanas en Europa, que recoge casos individuales de discriminación en países como Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza.

La organización pide a las autoridades públicas que elaboren y apliquen leyes y políticas y otras medidas efectivas contra la discriminación, y recuerda que los Estados no deben imponer restricciones al uso de símbolos y prendas religiosas o culturales, a menos que esas restricciones cumplan el derecho internacional.

Mujeres con velo caminan por las calles de Barcelona. Las mujeres pueden sufrir discriminación simplemente por llevar determinadas prendas. Esto ya sucede en en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios p
Mujeres con velo caminan por las calles de Barcelona. Las mujeres pueden sufrir discriminación simplemente por llevar determinadas prendas. Esto ya sucede en en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios públicos. También en España, algunas autoridades locales han introducido prohibiciones en edificios e instalaciones municipales. En algunos colegios españoles también se ha llegado a prohibir el uso del pañuelo u otras prendas de vestir tradicionales y religiosas. © AP Photo/Manu Fernández

Comercio de armas

Activistas de Amnistía Internacional salieron a la calle pidiendo un Tratado internaiconal sobre el comercio de armas. Este tratado se aprobó el 2 de junio de 2013. Un año y medio después, el 24 de diciembre de 2014, se ratificó.
Activistas de Amnistía Internacional salieron a la calle pidiendo un Tratado internaiconal sobre el comercio de armas. Este tratado se aprobó el 2 de junio de 2013. Un año y medio después, el 24 de diciembre de 2014, se ratificó. © AI Elche

Cada día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo la amenaza de la violencia armada. Las armas están fuera de control: 640 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican ocho millones más y 16.000 millones de balas. Las armas ligeras contribuyen de forma significativa a la pobreza y al sufrimiento y desarrollan un papel clave en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se infligen más heridas, muertos, desplazamientos, violaciones, raptos y torturas con armas ligeras que con cualquier otro tipo de armas.

En 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas votó masivamente a favor de poner en marcha un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que fue aprobado prácticamente por unanimidad el 2 de junio de 2013. España firmó el tratado entre los 65 primeros países, concretamente el 3 de junio de 2013, y lo ratificó en 2014. El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.

En España, tras más de 10 años de campaña por un mayor control y transparencia del comercio español de armas, en diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Comercio de Armas, un avance para poner fin al coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. Amnistía Internacional, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón trabajan en alianza para denunciar el riesgo de que exportaciones de armas españolas puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Y además, nos encargamos de dar seguimiento al desarrollo de la ley y a su aplicación para que suponga un verdadero avance en materia de control y transparencia.

Apuntes clave

El riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional. Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso 2015 y 2016

Lee nuestro informe

Exportaciones españolas de armas en 2015 y 2016

En 2015, las exportaciones españolas de armas fueron:

  • Autorizadas superaron los 11.091 millones €
  • Realizadas superaron los 3.924 millones €

En 2016, las exportaciones de armas españolas fueron:

  • Autorizadas ascendieron a 5.550 millones €
  • Realizadas ascendieron a 4.051,8 millones €

Según el SIPRI, entre 2011 y 2016, España ocupó el séptimo puesto de los exportadores mundiales de armas pesadas.

En 2015, España fue el sexto exportador mundial de armas, por delante de Reino Unido y tras EE.UU., Rusia, Francia, Alemania y China.

Cifras globales en 2016

5.550 mill. €

Autorizadas

4.051,80 mill. €

Realizadas

¿Complices en la comisión de crímenes de derecho internacional?

En nuestro último informe sobre las exportaciones de armas españolas en 2015 y 2016:

* Denunciamos el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional que reflejan determinadas exportaciones de armas españolas en 2015 y 2016;

* Hemos exigido el cese de la venta de armas españolas a Arabia Saudí e Irak; 

* Hemos pedido que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados examine las actas de la Junta Interministerial que autorizó exportaciones de armas a Arabia Saudí e Irak

* Hemos identificado exportaciones preocupantes de diversos tipos de armas en 2015 y 2016 a Arabia Saudí, Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía, basándonos en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional.

* Hemos señalado otras 16 operaciones sobre las que se necesita más información para poder valorar adecuadamente la decisión del Gobierno, dado el limitado nivel de transparencia de la información oficial.

* Hemos propuesto un decálogo de recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados para potenciar la transparencia, el control de las exportaciones y el escrutinio parlamentario.

Acto de Amnistía Internacional para denunciar que el comercio de armas es un negocio lucrativo opaco que es necesario regular. © Amnistía Internacional

Reforma constitucional

La Constitución española no protege todos los derechos por igual. Esto se ha hecho evidente con la crisis económica y las políticas de austeridad, utilizadas como excusa para poner las finanzas por delante de las personas, en un momento en que el Estado debería haber haberlas protegido con especial atención. En nuestra Constitución existen derechos “de primera” y “de segunda” según su nivel de protección judicial. Esto ha contribuido, por ejemplo, a que seamos uno de los países más desiguales de Europa, a que se hayan iniciado en los últimos años casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria –dejando a muchas personas en la calle sin posibilidad de defenderse ante un juez– , a que en España haya cerca de 760.000 hogares sin ingresos, o a que se haya retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas cuando el derecho a la salud está igualmente reconocido. Finalmente, ¿cómo han podido aprobarse leyes que limitan el derecho a manifestarse pacíficamente, como la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando el artículo 21 reconoce “el derecho de reunión pacífica (…) que no necesitará de autorización previa”?

Es necesaria una reforma constitucional que blinde los derechos humanos. Por ello, desde Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón proponemos cambiar 24 disposiciones constitucionales. La mayoría de los cambios que proponemos tienen precedentes en el derecho internacional y en otros textos constitucionales. En resumen, queremos que la Constitución, entre otros:

Más información en www.blindatusderechos.org

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