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“Ya hemos matado a tu hermano. Puedes salir de tu escondite y llevártelo”.

Por Tirana Hassan (@TiranaHassan), directora de Respuesta a crisis de Amnistía Internacional,

A medida que una se acerca a la localidad pesquera de Shamlapur, junto a la extensa y sinuosa playa de arena de Cox’s Bazar, va creciendo la sensación de que algo marcha mal. Decenas de miles de personas exhaustas salen de las destartaladas embarcaciones en las que han cruzado el río Naf, en un peligroso viaje desde Myanmar.

Agotadas y traumatizadas, buscan refugio donde pueden. De hecho, al entrar en una escuela me topo con cientos de personas congregadas en silencio en su interior. Alrededor de la mitad son niños y niñas, pero no se oye ni un llanto, ni una risa. Hasta los bebés, desfallecidos, guardan un silencio sepulcral.

En poco más de una quincena, unas 370.000 personas de etnia rohingya (un 80% de ellas mujeres y niños) se han arriesgado a viajar a Bangladesh desde el estado birmano de Rajine. Presas del pánico, han abandonado sus viviendas para huir de la campaña de castigo del ejército en represalia por una serie de ataques de insurgentes rohingyas, en los que murieron 12 personas. Y es que las operaciones de castigo del ejército birmano no reparan en la proporcionalidad ni en la legalidad: se trata de los peores actos de violencia documentados por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos en esta convulsa región durante los últimos cinco años.

Las autoridades birmanas se han esforzado mucho por impedir la información independiente en torno a esta crisis, pero existen imágenes satélite en las que se aprecia cómo el fuego ha devorado cientos de hogares. Aunque, según informes fidedignos, algunos de estos incendios han sido obra de los propios grupos armados rohingyas, la inmensa mayoría de las casas fueron atacadas e incendiadas por el ejército birmano que, con ayuda de grupos paramilitares locales, consiguió rodear pueblos enteros.

Quienes sobrevivieron a estos ataques me contaron cómo, cuando el ejército se acercaba, su llegada era anunciada por los disparos que lanzaban al aire los soldados. Por su parte, los paramilitares, blandiendo palos, varas de metal y grandes cuchillos, sitiaban los pueblos. Cuando la población intentaba huir, los soldados disparaban.Lo que tiene lugar en el estado de Rajine no es una concienzuda operación contra la insurgencia. Lo que estamos viendo puede calificarse de limpieza étnica, de persecución contra la población rohingya por su etnia y su religión. En términos jurídicos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad: entre otros, el desplazamiento forzado de un cuarto la población rohingya del país a causa de la violencia.

De los 15 casos de heridas de bala que documenté durante el primer día y medio posterior a mi llegada, todas las victimas menos una habían sido alcanzadas en la parte superior del cuerpo —el torso y los brazos—, con lo que sus heridas eran graves o incluso mortales. Cuando otras personas acudían a ayudar a las personas heridas, también ellas eran atacadas.

Al sentarme a hablar con el joven Karam, de Maungdaw, noté que se encogía de dolor mientras intentaba acomodarse en la silla. Sus heridas estaban aún frescas. Levantándose el lungui —prenda tradicional que llevan los hombres en Myanmar— dejó al descubierto un moratón perfectamente simétrico en las dos piernas. Karam había sido golpeado por intentar rescatar a su hermano, de 17 años, alcanzado en la espalda por un disparo de las fuerzas de seguridad cuando intentaba huir.

Los golpes que le propinaron fueron tan fuertes que dejaron claramente impresa, en sus piernas, la impronta de las varas de metal y los palos que utilizaron. Como le habían roto las costillas, tenía dificultades para respirar. Al final, Karam consiguió escapar de la muchedumbre que lo perseguía y llevarse a su hermano. Un grupo de hombres rohingyas intentó ayudarlos, con la esperanza de conseguir atención médica una vez en Bangladesh. Pero el hermano de Karam no resistió: murió cuando cruzaban un río cercano.

Lamentablemente, testimonios como éste son ahora muy comunes en Bangladesh. Desde 1978, sucesivas oleadas de refugiados y refugiadas rohingyas han abandonado sus hogares a causa de los ataques del ejército, embarcándose en desesperados viajes en busca de una seguridad y una dignidad difíciles de encontrar. Los campos de la agencia de la ONU para los refugiados ya se llenaron hace tiempo. Incluso los improvisados refugios construidos por otras personas para dormir se encuentran al máximo de su capacidad. Parece que los recién llegados no tienen adónde ir. Es aterrador comprobar cómo sus testimonios coinciden con lo documentado por Amnistía Internacional el pasado mes de diciembre, cuando la organización concluyó que los ataques de naturaleza sistemática perpetrados contra la población rohingya constituían crímenes de lesa humanidad.


Mohammed intentaba escapar cuando recibió un disparo en la pierna. © Amnesty International

No se trata de una nueva crisis. Es algo que lleva decenios gestándose. El calvario de los rohingyas tiene su origen en un sistema discriminatorio que les niega reconocimiento y dignidad. En concreto, la ley de ciudadanía de 1982 los despojó de derechos que todo el mundo debería poder dar por descontado. En Myanmar, la población rohingya y otras minorías étnicas han sido sistemáticamente marginadas. La sociedad birmana está fracturada hace tiempo, y la violencia que vemos ahora es resultado de ello.

Puede que Aung San Suu Kyi esté el mando del gobierno, pero no tiene el control. Ha pedido tiempo y paciencia, mientras trabaja a la sombra de un arrogante ejército que aún controla ministerios clave, un cuarto del Parlamento y la seguridad interna. Sin embargo, los rohingyas no disponen de tiempo. Aung San Suu Kyi tiene, sin lugar a dudas, una responsabilidad moral de la que se ha desentendido hace tiempo. Lejos de hablar en defensa de la castigada población rohingya o de guardar, al menos, silencio, ha optado por prestar su voz —antaño digna de crédito— para justificar los abusos que se están cometiendo. Así, ha calumniado a los trabajadores y trabajadoras humanitarios, a los que ha acusado de ayudar a “terroristas”, negando al mismo tiempo las violaciones de derechos humanos que se están produciendo.

La responsabilidad de esta crisis es, sobre todo, del ejército birmano, que ha creado y ejecutado una política de castigo contra toda la comunidad rohingya. Por tanto, el ejército debe rendir cuentas por los crímenes que ha cometido. A menos que la comunidad internacional aborde con determinación lo que está sucediendo, no habrá forma de impedir que cientos de casas más sean incendiadas, y que cada vez más personas se vean obligadas a huir.

Mohammed, uno de los refugiados, me enseñó una herida de bala en la pierna izquierda. Intentaba escapar cuando le dispararon. Escondido tras unos árboles, vio cómo los soldados ataban a su hermano las manos a la espalda con una cuerda. Más tarde, Mohammed llamó al teléfono de su hermano para ver si se encontraba bien. El militar que respondió le dijo: “Ya hemos matado a tu hermano. Puedes salir de tu escondite y llevártelo”.

Este artículo fue publicado originalmente en el Washington Post.

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