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© AFP/Getty Images

Turquía podría estar dando un gran paso atrás en el ámbito de los derechos humanos

Es la hora punta en el puente del Bósforo, en Estambul. Los coches se agolpan formando interminables colas, el ruido de sus cláxones inunda el aire, un joven que vende banderas turcas deambula entre el tráfico portando decenas de ondulantes piezas de tela, de color rojo y blasonadas con las llamativas media luna y estrella del país.


Contemplando la bulliciosa escena, cuesta creer que hace sólo una semana este mismo puente fuera escenario de una sangrienta carnicería, el lugar donde se apostaron inicialmente soldados fuertemente armados y tanques, y los habitantes de Estambul comprendieron que había un golpe militar en marcha.

Pero, aunque las calles de Estambul han recuperado la apariencia de normalidad, no cabe duda de que la ciudadanía ahora vive en un mundo muy distinto del que habitaba la semana pasada a esta misma hora.

En los últimos siete días, unos 60.000 empleados y empleadas del sector público, incluidos funcionarios, jueces, policías y profesores, han sido despedidos o suspendidos de sus puestos. Más de 10.000 personas permanecen recluidas en centros de detención —oficiales y no oficiales— en medio de denuncias de malos tratos generalizados. Se ha retirado la licencia a decenas de periodistas y medios de comunicación.

Una represión excepcional desde todos los puntos de vista, y en una escala no presenciada en Turquía desde los oscuros días de la dictadura militar en la década de 1980. Es indudable que tales purgas y operaciones de detención se extienden mucho más allá de los directamente responsables de los delitos perpetrados la semana pasada durante el intento de golpe de Estado. Y, sin embargo, hay indicios preocupantes de que estos actos son sólo el principio.

Estado de excepción

La noche del miércoles, el presidente declaró el estado de excepción en todo el país durante al menos tres meses, lo que en la práctica otorga al primer ministro y su gabinete el poder de gobernar por decreto pasando por encima del Parlamento. Al día siguiente, un portavoz del gobierno anunció que Turquía restringiría formalmente ciertos derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El presidente Erdogan ha afirmado públicamente en repetidas ocasiones, en respuesta al clamor de una multitud que reclamaba venganza, que está dispuesto a restablecer la pena de muerte.

Aunque aquí el alivio ha sido generalizado entre los residentes ante el fracaso del golpe, las acciones del gobierno durante la semana pasada han suscitado nuevos temores entre la población. Criticar los actos del gobierno o denunciar abusos ahora conlleva el riesgo de ser tachado de progolpista, y ése es un calificativo peligroso en tiempos de ánimos enardecidos, suspensiones y detenciones en masa y cierres de instituciones educativas y de la prensa.

La semana pasada, una reducida delegación de Amnistía Internacional visitó Estambul para conocer sobre el terreno el alcance de las violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de la semana pasada, empezando por los episodios del pasado viernes en el puente del Bósforo y otros lugares. En total, alrededor de 265 personas perdieron la vida y varios centenares resultaron heridas antes de que se frustrara el golpe y se restableciera el orden; algunos de los fallecidos habían sido calificados de ‘golpistas’.

En presencia de la policía

Están circulando imágenes en las que se ve a ‘golpistas’ siendo golpeados e incluso asesinados, aparentemente en actos de linchamiento y de violencia por personas de la calle. Tales actos se han llevado a cabo en presencia de agentes de policía. En muchos casos, los testigos de tales actos no hablan porque están demasiado asustados.

Al menos había dos periodistas en el puente del Bósforo informando sobre los enfrentamientos entre la multitud y los soldados que tomaron el puente en los primeros momentos del intento golpista. Al parecer, a uno lo mataron los soldados que abrieron fuego; el otro sufrió una brutal paliza a manos de una multitud enfurecida.

Muchos periodistas que intentaron hablar de las medidas adoptadas por el gobierno para sofocar el golpe y responder a sus autores fueron objeto de intimidación. Uno de ellos nos contó que la incitación al odio circulaba intensamente en las redes sociales y que temía represalias tanto de las autoridades como de simpatizantes del gobierno si hablaba públicamente.

Abogados, médicos y familiares de las personas detenidas contaban historias muy parecidas. Su miedo es palpable y por eso no disponemos actualmente del relato completo de lo acontecido la noche del viernes y de la represión posterior por parte del gobierno. ¿A quiénes mataron y quiénes resultaron heridos? ¿Quiénes son los responsables de estas víctimas y cómo sucedieron los hechos?

El presidente ha asegurado que la democracia ha triunfado en Turquía, pero las represivas medidas que adoptó la semana pasada ponen en peligro el Estado de derecho, las protecciones de derechos humanos y una pujante sociedad civil, incluidos unos medios de comunicación libres que puedan someter a escrutinio y criticar los actos del gobierno.

El gobierno se ha aventurado por una senda peligrosa; las decisiones que tome en los próximos días y semanas serán cruciales para determinar si el legado del fallido golpe militar será una afirmación de la primacía del Estado de derecho y los derechos humanos o, por el contrario, el retorno a los días oscuros de la represión, tortura y detención arbitraria generalizadas. 

Este artículo se publicó originalmente en Time.com.