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© Guy Martin/Panos

Turquía: Desplazamiento y desposesión

Por Amnistía Internacional, 

Ha transcurrido más de un año desde que las personas que residían en Sur, en el sureste de Turquía, tuvieron que abandonar sus hogares tras reanudarse los enfrentamientos armados entre el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y el Estado.

En julio de 2015, cuando se rompió un alto el fuego que había durado dos años, Sur –el distrito central histórico de Diyarbakır– se convirtió en el escenario de los enfrentamientos en la ciudad. Únicamente en Sur, decenas de miles de personas se vieron obligadas a desplazarse, mientras que las cifras de personas desplazadas forzosamente en toda la región ronda probablemente el medio millón. 

Se rompe el alto el fuego entre el PKK y el Estado turco y se reanudan los enfrentamientos. - ©Guy Martin/Panos

La preocupación por cómo sobrevivirían bajo los toques de queda indefinidos que duraban todo el día, la inquietud por la educación de sus hijos e hijas, la limitación del acceso a comida y atención médica, la escasez de agua y electricidad, y el uso de armamento pesado fueron algunas de las principales razones del “éxodo”.

Sin embargo, los combates terminaron en marzo de 2016, así que, ¿por qué no han podido regresar a sus casas la mayoría de los residentes?

Se declara el primer toque de queda en Sur. © Guy Martin/Panos

El panorama político general

En julio de 2016, como parte de una oleada de represión tras un violento intento de golpe de Estado, las autoridades empezaron a atacar a voces kurdas de oposición: cerraron cientos de medios de comunicación y otras organizaciones y sustituyeron a los cargos elegidos democráticamente por administradores designados por el gobierno.

A consecuencia de ello, los funcionarios que prestaban apoyo a familias desplazadas en Sur han sido reemplazados, y las organizaciones que les proporcionaban ayuda humanitaria han sido cerradas; la situación de los derechos humanos se ha deteriorado enormemente.

El gobierno, tras haber tomado posesión de al menos el 60% del distrito de Sur, ha anunciado un proyecto de regeneración urbana, que se está desarrollando sin la consulta requerida a las personas residentes afectadas.

Aunque las autoridades se han comprometido reiteradamente a reconstruir infraestructuras, incluidas viviendas, persisten las dudas sobre si las personas desplazadas podrán regresar a sus hogares.

Sin más opción que marcharse

Mientras la violencia azotaba Sur, desde septiembre de 2015 empezaron a entrar en vigor toques de queda de 24 horas al día. Llegaron acompañados de cortes de agua y electricidad; los niños y niñas no podían ir a la escuela y, como las familias no podían salir para obtener alimentos frescos, algunas han contado que tuvieron que vivir durante días compartiendo diminutas raciones de pan duro.

Durante todo ese tiempo, los enfrentamientos armados continuaban a su alrededor. Algunas familias contaron a Amnistía Internacional que las balas agujereaban los muros exteriores de sus casas y que el ruido de las explosiones no les dejaba dormir. Una familia dijo que su casa había quedado parcialmente destruida por un proyectil mientras aún estaban dentro.

Para diciembre, la mayoría de las familias con las que Amnistía Internacional habló estaban dejando sus casas.

Destrucción y saqueo

Las familias que pudieron regresar a sus hogares en junio, una vez que se levantaron algunos toques de queda, se encontraron la devastación. Se habían saqueado casas, se habían quemado y destruido pertenencias, y se habían robado objetos de valor económico y sentimental.

Algunas familias contaron a Amnistía Internacional que habían aceptado indemnizaciones de estaban miles de euros por debajo del valor de sus posesiones porque les habían dicho que, de lo contrario, no recibirían nada.


Imágenes por satélite que muestran Sur el 8 de noviembre de 2015, antes de que entrara en vigor,
el 11 de diciembre de 2015, el gran toque de queda. © Google Earth, DigitalGlobe


Imágenes por satélite tomadas el 10 de mayo de 2016, tras el final (en marzo) de los enfrentamientos armados, que muestran que una parte importante de los edificios del este de la ciudad han sido dañados o demolidos. © Google Earth, DigitalGlobe

El derecho de retorno

Las familias que han sufrido desplazamiento forzado tienen derecho a retornar. Un año después, unas 24.000 personas cuyas casas estaban bajo toque de queda aún no han podido hacerlo.

Pese a que las operaciones militares concluyeron en marzo de 2016, parte de Sur continúa bajo toque de queda, y a los residentes no se les permite entrar. Algunas casas han sido saqueadas o dañadas hasta tal punto que han quedado inhabitables.

Además, algunas casas han sido demolidas por las autoridades sin consultar siquiera a los residentes, o sin mostrarles una valoración de daños que justificara la demolición.Todo esto coincide con un proyecto de regeneración planeado por las autoridades desde 2012.

Ahora se teme que, al llevar a cabo esta regeneración después de los enfrentamientos, los residentes no puedan regresar a sus casas.

El proceso actual en todo el conjunto de la región sugiere un plan premeditado para desplazar a los residentes y destruir y reconstruir las zonas con el fin de garantizar la seguridad mediante cambios en las infraestructuras y traslados de población.

Existe una necesidad urgente de que las autoridades adopten un plan concreto para las personas desplazadas de Sur, y para los cientos de miles de personas desplazadas de las zonas que están bajo toque de queda en toda la región. Ese plan debe elaborarse rápidamente, y en plena consulta con las personas afectadas.

El Estado debe permitir que las personas desplazadas regresen a sus casas —o, si eso no es posible, a sus lugares de residencia habitual— de manera segura y digna.

Puedes leer el informe con todas las recomendaciones a las autoridades turcas aquí.