Maritza es una joven dominicana típica. A sus 26 años, tiene los mismos sueños y esperanzas que cualquiera de sus compatriotas. Le gustaría estudiar y proporcionar una vida mejor a su hijita. Pero los sueños de Maritza se están desvaneciendo rápidamente. Hoy tiene miedo por el futuro de su familia. Aunque ha vivido siempre en la República Dominicana, debido a una peculiaridad de la legislación dominicana es posible que en sólo un par de días sea obligada a irse para siempre de su país.
He hablado con muchas personas que, como Maritza y su hija, son de ascendencia haitiana y apenas tienen ya esperanzas con respecto a la suerte que les espera en los próximos días y semanas.
Incertidumbre política
En 2013, la máxima instancia judicial del país decidió que los hijos e hijas de extranjeros indocumentados, nacidos después de 1929, no tenían ya derecho a la nacionalidad dominicana. Al igual que Maritza, la gran mayoría de las personas afectadas por tal decisión son dominicanas de ascendencia haitiana. De la noche a la mañana se vieron privadas de su nacionalidad y convertidas en apátridas.
’¿Qué voy a hacer yo mañana si me mandan a Haití?’. Oigo una y otra vez esta pregunta a lo largo del día en El Seibo. Maritza y las demás personas se sienten como si estuvieran viviendo en una mala película de ciencia ficción. ¿Pero cómo van las autoridades dominicanas a expulsarlas de su país? Lamentablemente, no se trata de una apasionante producción de Hollywood ni son ellas actores; la amenaza es real e inminente.
El gobierno dominicano no deja de hacer declaraciones tranquilizadoras, pues sabe que es objeto del escrutinio internacional, pero no ha dado ninguna garantía de que no se vaya a expulsar a nadie nacido en el país. En realidad, en la República Dominicana no hay un procedimiento claro de expulsión, por lo que el riesgo de que se cometan arbitrariedades y nuevas violaciones de derechos humanos es enorme.
Familias destrozadas
La República Dominicano ha destruido su familia con multitud de tormentos jurídicos. El hermano mayor de Franklyn no tuvo problemas para conseguir el documento de identidad dominicano, pero su hermana Yenni y su hermano Wilson carecen de él.
Todos los hermanos Alcino son hijos de la misma madre y el mismo padre, pero la arbitrariedad de la política dominicana sobre la nacionalidad hace que algunos corran el riesgo de ser expulsados y tener que vivir al otro lado de una frontera internacional, en un país que no conocen y donde no han estado jamás, a cientos de kilómetros de su hogar en El Seibo.
Es el Estado dominicano el responsable en última instancia de haber convertido la vida de tantas personas en una tragedia nacional. Por ello, cuando el presidente Medina se dirigió a la nación el miércoles por la noche, víspera de la reanudación de las expulsiones, yo esperaba, como muchas otras personas, que instará a respetar los derechos humanos y la dignidad de cada una de las personas que viven en el país. Sin embargo, parecía estar más interesado en su propio futuro que en la suerte de Maritza, Franklyn y los millares de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que corren ahora riesgo de expulsión. Dedicó 20 minutos a presentar la campaña para su reelección en 2016 y en ningún momento mencionó la suerte incierta que corren miles de personas en su país.
¿Qué le ocurrirá a la familia Alcino? ¿Qué solución pueden ofrecer las autoridades dominicanas a las personas como Maritza y su hija, que no pueden ya tener esperanzas? ¿Cómo va el gobierno del presidente Medina a garantizar que las personas que han nacido y se han criado en la República Dominicana no serán expulsadas a Haití? Activistas de derechos humanos se manifiestan contra las expulsiones masivas que pueden comenzar en cualquier momento en la República Dominicana. © AI Amnistía Internacional pide al presidente Medina que garantice el respeto pleno de los derechos humanos durante las expulsiones. Las autoridades dominicanas están obligadas a examinar cada caso por separado y a respetar el derecho a apelar contra toda orden de expulsión ante un tribunal de justicia. Estos derechos son los mismos en todas las partes del mundo, cualquiera que sea la nacionalidad o la condición migratoria de la persona. No obstante, el presidente Medina debe también garantizar con urgencia que las familias de hijos nacidos en la República Dominicana, como los Alcino y Maritza y su hija, no serán expulsadas de su país.
