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Marilia da Silva, de 14 años, lava ropa en Recife, Brasil.

Respetar los derechos de las mujeres para derrotar al Zika

Educación preventiva, saneamiento adecuado para evitar criaderos de mosquitos, servicios de salud reproductiva y acceso legal y seguro al aborto, claves frente a la emergencia sanitaria internacional

La emergencia sanitaria internacional por el virus del Zika no es solo un problema de salud: también es una cuestión de derechos de las mujeres y de derechos humanos en general. Porque la medidas para evitar que la infección se extienda tienen mucho que ver con una buena información y educación preventivas, con un adecuado saneamiento que llegue a todas las comunidades pobres, con un acceso equitativo a la atención médica y con la garantía de servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, cuyo derecho a decidir libremente si quieren --y cuándo-- tener hijos debe ser respetado sin verse amenazadas por leyes penalizadoras del aborto.

 

Emergencia Internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la rápida expansión del virus del Zika –transmitido por la picadura del Aedes aegypti, el mismo mosquito que transmite el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla-- supone una emergencia internacional de salud pública. A la espera de una demostración científica definitiva, hay razones convincentes para sospechar una relación causal entre la infección por Zika en el embarazo y la microcefalia: solo en Brasil, que solía contabilizar 100-120 casos anuales, se han registrado desde octubre 4.783 casos sospechosos de bebés nacidos con cabeza de tamaño inferior al normal, de los que 1.113 han sido revisados y 404 confirmados, 17 directamente relacionados con el virus.

El Comité de Expertos convocado por la OMS tiene claro que la reciente acumulación en América Latina de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré, que sigue a otra situación similar en la Polinesia francesa en 2013-2014, constituye una amenaza para la salud pública de otras partes del mundo. Los casos de Zika que están apareciendo en países desarrollados, España incluida, son una muestra de ese riesgo global, identificado ya en 33 países, más otros siete con evidencias indirectas de transmisión local.  

Aunque solo una de cada cuatro personas con Zika suele desarrollar síntomas entre 2 y 7 días después de la picadura del mosquito infectado, y aunque lo más habitual es una infección leve –casi siempre algo de fiebre y erupción cutánea, a veces acompañadas de conjuntivitis, dolores musculares y articulares y cansancio--, la preocupación aumenta por el riesgo de complicaciones graves como la microcefalia, que dificulta el desarrollo cerebral, o el síndrome de Guillain-Barré, que puede llegar a afectar a los músculos respiratorios o incluso provocar parálisis.

Medidas preventivas

A falta de vacuna, las medidas de protección son muy importantes en personas en situación de fragilidad --menores, mayores, enfermos--. Y la OMS sugiere extremar las precauciones en las mujeres gestantes o que tengan previsto quedar embarazadas, dado el posible vínculo entre la microcefalia en neonatos y el Zika. Las autoridades de países como Ecuador, Jamaica y El Salvador han 'aconsejado' a las mujeres evitar el embarazo, mientras Colombia –además de recomendar a los hombres el uso de preservativo-- garantiza el acceso a servicios seguros y legales de aborto.

Amnistía Internacional (AI) considera clave enfocar el problema desde una perspectiva de derechos humanos, tanto comunitaria como de la población femenina. En el caso de las comunidades pobres, para asegurar su acceso a la información y educación preventiva relacionada con el Zika, a un adecuado saneamiento que evite los criaderos de mosquitos que transmiten el virus, y a una buena atención sanitaria para tratar los síntomas de la infección.

En cuanto a las mujeres y niñas, se debe garantizar su educación y atención en el ámbito de la salud reproductiva, incluidos servicios para poder planificar la maternidad. Los gobiernos no solo deberían despenalizar el aborto,  sino garantizar el acceso legal y seguro al mismo, como mínimo cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud física o mental de la gestante, en casos de malformación fetal grave y cuando es resultado de violación o incesto.

 

El 'consejo' oficial a las mujeres para que eviten quedar encinta choca frontalmente con el contexto legal, político y social de América Latina y el Caribe: más de la mitad son embarazos no deseados –sobre todo en mujeres indígenas, pobres, de zonas rurales y con menos acceso a la educación—, muchas veces son resultado de violencia sexual, y el 97% de latinoamericanas y caribeñas en edad fértil vive en países con leyes restrictivas del aborto.

Personal de salud vaciando jarrones en un cementerio de Colombia @ AP Photo/Reinaldo Reyes

El ejemplo salvadoreño es especialmente inquietante: la ley prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluida la violación y el riesgo de muerte de la madre, y su aplicación favorece la criminalización de mujeres y profesionales de la salud. El caso de Teodora Vásquez, condenada a 30 años de prisión en 2008 por homicidio agravado tras dar a luz a un bebé muerto, es todo un símbolo de una legislación "represiva y desfasada" que, como denuncia AI, "está destrozando las vidas de mujeres y niñas en El Salvador, empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a término peligrosos embarazos".