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Manifestantes egipcios en El Cairo en abril de 2015. AP Photo/Amr Nabil

Por los derechos humanos, no se rinden

Se han sacudido la vacilación y el miedo. Miles de personas en el centro de El Cairo protestan por la cesión de las islas de Tiran y Sanafir a Arabia Saudí. El 15 de abril, se convoca el “viernes de la tierra” y las organizaciones de derechos humanos acuden a la llamada por lo que pueda suceder.

La ciudad lleva dos años sin manifestaciones; cientos de activistas por la democracia están en prisión por protestas no autorizadas. “Cuantos más seamos, menos se atreverán a reprimir la manifestación. ¡No nos dejéis solos!”, corre este ruego por las redes sociales. El gentío trata de abrirse camino en el corazón de El Cairo, pero las fuerzas de seguridad le cierran el paso. “Están deteniendo a manifestantes; los llevan a las comisarías de Doqqi y Abdeen”; todo lo que acontece en las inmediaciones de la manifestación se sabe al momento. A pie de calle, vigilantes e incansables, las organizaciones de derechos humanos coordinan la asistencia a los jóvenes detenidos. Sus abogados, hombres y mujeres valientes, se quedarán de guardia en las comisarías.

Nunca había sido tan arriesgado defender los derechos humanos en Egipto. “Es una lucha permanente entre nuestros principios y motivaciones, y las amenazas y el miedo cotidianos. No dejo de repetirme que tengo que dejar el miedo a un lado, para centrarme, reflexionar y seguir adelante. No hay nada malo en tener miedo y no es algo de lo que debamos avergonzarnos; somos humanos”, escribía el activista digital Ramy Raoof.

Ramy Raoof © Lilian Wagdy via Wikimedia Commons

El cerco se estrecha

Los defensores y defensoras de derechos humanos se saben amenazados, pero no se rinden, pese al acoso de las autoridades y las calumnias de los medios de comunicación oficiales. Se les prohíbe viajar al extranjero; reciben llamadas anónimas amenazadoras; se les interroga por investigaciones que habían sido archivadas; en cualquier momento pueden ser detenidos. Son tan vulnerables como las personas a las que defienden y sufren las mismas violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, malos tratos en comisaría y condenas en juicios injustos.

“No podemos trabajar cuando las condiciones son buenas y luego abandonar cuando se deterioran, explicaba Gamal Eid, fundador de la Red Árabe sobre información de derechos humanos, antes de ser encausado. La represión nunca fue tan dura, pero, aunque nos afecte, hemos de proseguir nuestra labor. La sociedad necesita este servicio y vamos a dárselo”. 

El gobierno acusa a las organizaciones de derechos humanos de dañar la imagen de Egipto en el extranjero. “No valen las medias tintas cuando se trata de derechos humanos. La tortura es un delito independientemente de quien la cometa. La libertad de expresión está garantizada tanto para sus partidarios como para sus detractores. Llevamos a cabo nuestra misión en su totalidad o lo dejamos”, sostiene Gamal Eid. La imparcialidad, la independencia, y el rigor en las investigaciones y denuncias son innegociables.


Gamal Eid © Lilian Wagdy via Wikimedia Commons

Guerra declarada

Las autoridades han declarado la guerra al movimiento de derechos humanos, tachándolo de desleal. Ya no les basta con denigrar su trabajo; quieren borrarlo del mapa. Desde febrero, pesa una orden de cierre sobre el Centro al Nadeem para la rehabilitación de las víctimas de la violencia y la tortura. “Salvo que nos detengan a todos, no dejaremos de trabajar contra la tortura”, proclamaba su directora Aida Seif el-Dawla en las redes sociales.

En marzo, se reabría una investigación penal contra las organizaciones de derechos humanos independientes, sus fundadores, dirección y personal, por carecer supuestamente de licencia y recibir financiación ilegal del extranjero. El código penal castiga con 25 años de cárcel la financiación con fondos extranjeros de actividades que dañan el interés nacional, la paz, la independencia y la unidad del país. Esto mismo les achaca el gobierno.

Mozn Hassan su Twitter

Mozn Hassan, directora de la organización feminista Nazra, ha sido la primera defensora de derechos humanos encausada por supuesta financiación ilegal. Un juez resolverá en los próximos días si congela las cuentas corrientes de los renombrados defensores de derechos humanos, Hossam Bahgat y Gamal Eid.

 

Manifestantes egipciosr gitan eslóganes contra el presidente Abdel-Fattah el-Sissi en El Cairo. AP Photo/Amr Nabil

"El movimiento no parará"

Las organizaciones de derechos humanos dependen de donaciones para continuar su labor. “Todo el mundo tiene derecho a recibir fondos para promover los derechos humanos de manera pacífica (…). Las leyes que limitan indebidamente el registro y la financiación, así como las libertades de expresión y asociación deben ser enmendadas”, declaraba Zeid Raad al-Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, exigiendo al gobierno egipcio que ponga fin a la represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos. 

Lo han dejado muy claro; tendrían que detenerlos a todos. “El movimiento de derechos humanos no se reduce a unas cuantas organizaciones. Aunque las cierren, el movimiento no se parará; para que esto suceda, tendrían que poner fin a las violaciones de derechos humanos”, anuncia el abogado de derechos humanos Gamal Eid. Mientras haya un activista que informe en las redes sociales sobre violaciones de derechos humanos y una abogada valiente que cuestione una detención ilegal, en Egipto, la lucha por los derechos humanos continúa.

EGIPTO: #FREESHAWKAN

reportero gráfico egipcio permanece encarcelado. exige su liberación.

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