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Una mujer con cinta adhesiva en la boca participa en una manifestación en Madrid. © AP Photo/Arturo Rodríguez

Pedimos la calle y la palabra contra la Ley Mordaza

Por Juan Ignacio Cortés (@JuanICortes), colaborador de Amnistía Internacional,

El Gobierno y el Parlamento deben reformar urgentemente la Ley Mordaza, que ha permitido multar a más de 40.000 ciudadanos por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión, reunión e información.

Aunque algunas personas –las menos– aseguran que no es más que una leyenda urbana, la historia ha pasado a formar parte del imaginario popular de este país llamado España. En los comienzos de una incierta transición hacia la democracia, el entonces ministro de Gobernación Manuel Fraga Iribarne pronunciaba una frase que le haría tristemente famoso: “la calle es mía”.

Corría el año 1976. Franco había muerto en noviembre de 1975 y las organizaciones sociales y políticas anunciaban una primavera caliente, llena de movilizaciones para reclamar los derechos sociales y políticos que el régimen franquista se había negado durante décadas a reconocer. Fraga aseguraba que estos derechos serían reconocidos desde arriba a su debido tiempo. Mientras tanto, nada de hacer ruido o causar desorden.


Los manifestantes muestran una tarjeta de identificación y flores a la policía durante una manifestación frente al Congreso de los Diputados en Madrid. © AP Photo/Andres Kudacki

40 años después, un enorme paso atrás con la Ley Mordaza

Muchos años más tarde, la frase la sacó a colación en más de una sesión de control al Gobierno el entonces líder de la oposición y hoy presidente Pedro Sánchez, acusando a Mariano Rajoy de presidir un ejecutivo “retrógrado”.

¿Es una comparación exagerada? Lo cierto es que casi 40 años después y pese al rechazo de la totalidad del resto de las fuerzas representadas en el Parlamento, un Gobierno sustentado por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso y el Senado elaboraba y conseguía aprobar una reforma del Código Penal y la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, también conocida por sus siglas –LOSC– y, sobre todo, por el expresivo sobrenombre con que pronto fue bautizada: Ley Mordaza.

La reforma llegaba en un contexto parecido –salvando las distancias– al de la frase de Fraga en los setenta. La crisis económica desatada en 2008 afectó muy duramente a nuestro país. Entre 2011 y 2014, especialmente, la pérdida de puestos de trabajo (más de seis millones de parados en el primer trimestre de 2013), los recortes en prestaciones y derechos sociales hizo que muchos colectivos se echaran a la calle a protestar en forma de huelgas, concentraciones o manifestaciones.

Las movilizaciones sociales se encontraron con una respuesta represiva por parte de autoridades y fuerzas de seguridad, que recurrieron al uso excesivo de la fuerza en numerosas ocasiones. En este escenario, las reformas del Código Penal y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no hicieron sino añadir una vuelta de tuerca a la presión contra la legítima protesta social.

Ley Mordaza: un efecto devastador sobre la libertad de expresión y de protesta

Desde antes incluso de su aprobación de la Ley Mordaza, Amnistía Internacional se posicionó claramente en contra de una legislación regresiva, asegurando que ambas iniciativas legislativas limitaban “ilegítima, innecesaria y desproporcionadamente” el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica e información. Cuando se acerca el tercer aniversario de la entrada en vigor de ambas reformas legislativas –1 de julio–, la organización vuelve a constatar que, infelizmente, no estaba equivocada.
El informe Ley Mordaza: Sal a la calle si te atreves, que se hace público hoy, constata los negativos efectos que, tres años después de su entrada en vigor, han tenido la reforma del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Sin ánimo de ser exhaustivo, dichos efectos, incluyen:

  • indefensión ciudadana debido a la dificultad para oponerse a la falta de control judicial sobre las decisiones de la policía de denunciar a cualquier ciudadano;
  • señalamiento, persecución y criminalización de activistas, periodistas y movimientos ciudadanos que llevan a cabo acciones de protesta de naturaleza pacífica;
  • señalamiento, persecución y criminalización de personas que han utilizado las redes sociales para mostrar su desacuerdo de forma irónica con las políticas del Gobierno, la institución monárquica, creencias religiosas o decisiones judiciales.

En este sentido, asegura el director de Amnistía Internacional España Esteban Beltrán, “tanto la Ley Mordaza como la reforma del Código Penal están sirviendo para procesar penalmente o sancionar administrativamente por utilizar expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información”.

¿Qué supone todo eso en cifras? Entre 2015 y 2017 se ha condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal que castiga el enaltecimiento del terrorismo o la humillación de sus víctimas, frente a las 23 condenadas entre 2011 y 2013. La aplicación del art. 37.4 de la LOSC, referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, ha permitido imponer un total de 44.361 multas de entre 600 y 30.000 € a ciudadanos que simplemente ejercían sus derechos de reunión y protesta.

Más allá de los números, las nuevas disposiciones legislativas han conseguido lo que mucho nos tememos era su verdadero objetivo: desmovilizar a la ciudadanía. O, al menos, frenar el ímpetu de protestas perfectamente legítimas contra recortes de prestaciones, servicios y derechos sociales.


Manifestación en Barcelona contra la LOSC (2014). © AP Photo/Emilio Morenatti

Desmovilización: protestar y reclamar nuestros derechos debe ser gratis

Desde que las nuevas disposiciones sobre orden público entraron en vigor, asociaciones y movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las Mareas por la sanidad o la educación pública, o los grupos ecologistas han bajado el listón de la protesta. No resulta extraño cuando conoces historias como la de María Ángeles, miembro de Ecologistas en Acción multada con 601 euros  por, según la versión policial, haberse negado a identificarse ante unos agentes de la policía cuando protestaba contra el vertido de tierras y escombros en una finca a las afueras de Madrid.

“No me negué”, ha asegurado a Amnistía Internacional. “Simplemente pedí explicaciones de por qué nos pedían el carnet. Sentí una rabia tremenda porque en ningún momento me comunicaron que se me iba a denunciar. Cuando me llegó la multa, un año después, no daba crédito: parece imposible que se puedan acumular tantas mentiras en un acta policial. Esta multa, unida a otras muchas, desmoviliza. Te arriesgas a tener que pagar un dinero al que a veces es imposible hacer frente".

Otro ejemplo de cómo cada vez es más difícil salir a la calle a protestar y reclamar derechos es lo que está sucediendo con la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia, un movimiento vecinal que pide soterrar las vías del AVE a su paso por la ciudad. En total, la Plataforma dice llevar acumulados 50.000 euros de multas, con cerca de 40 personas sancionadas.

Amnistía Internacional pide la calle y la palabra para todos los ciudadanos y ciudadanas de España

Muchos años antes de que todo esto sucediese, antes incluso de que el comienzo del régimen democrático permitiera en España discutir de quien era la calle, Blas de Otero publicaba en 1955 Pido la Paz y la Palabra. Hoy parece adecuado parafrasear este título de este poemario escrito en plena posguerra civil decir que desde Amnistía Internacional España pedimos que nos devuelvan la calle y la palabra a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Tras llegar a la presidencia del Gobierno, el líder socialista Pedro Sánchez ha asegurado que va a derogar los artículos de la LOSC que atentan contra la libertad de expresión e información. Saludamos el anuncio, pero advertimos de que vamos a estar vigilantes para que la promesa se cumpla. Como dice Esteban Beltrán, director de AI España, “ya es hora de acabar con el efecto mordaza que provoca esta legislación”.

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