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ONU: Si la tortura está prohibida internacionalmente, ¿por qué es un gran negocio?

Empresas de todo el mundo siguen obteniendo beneficios de la venta de espantoso material de tortura, como porras con púas, cinturones paralizantes y grilletes. Amnistía Internacional pide a los dirigentes mundiales que se unan a la Alianza Global por un Comercio sin Tortura, un histórico acuerdo presentado en 2017.

Los 58 Estados miembros de la Alianza Global se han comprometido a controlar y restringir las exportaciones de artículos que puedan ser utilizados para infligir tortura u otros malos tratos. El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, se dirigirá hoy a las personas asistentes a la primera reunión ministerial de la Alianza Global en la sede de la ONU en Nueva York.

“Hace décadas que la tortura y otros malos tratos se prohibieron internacionalmente. Entonces, ¿por qué sigue comercializándose en todo el mundo un material concebido únicamente para infligir dolor y miedo? La laxitud en la normativa supone que las empresas pueden seguir sacando beneficios de la venta de instrumentos terribles, como las porras con púas y las esposas aturdidoras. Es muy sencillo: Mientras este material esté en el mercado, los torturadores lo seguirán utilizando”, ha dicho Ara Marcen Naval, asesora de promoción para Control de Armas, Comercio de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

“La creación de la Alianza Global fue un gran logro para los y las activistas contra la tortura, y pedimos que esta semana se unan más Estados. No basta con prohibir la tortura y otros malos tratos y al mismo tiempo hacer la vista gorda ante los instrumentos que se emplean para infligirlos. Los Estados deben unirse para concluir la tarea y detener para siempre este siniestro comercio”.

Amnistía Internacional ha desempeñado un papel clave asesorando sobre la normativa regional e internacional para combatir el comercio de instrumentos de tortura. Junto con la Fundación de Investigación Omega, la organización ha publicado hoy un documento con recomendaciones.

Amnistía Internacional y su asociada, la Fundación de Investigación Omega, creen que para ser realmente eficaz, cualquier legislación que pretenda abordar este comercio debe tener una doble estrategia: Por un lado, debe prohibir el material intrínsecamente abusivo, y por otro, regular el que, aún teniendo un fin legítimo, se utiliza habitualmente de forma indebida para infligir tortura u otros malos tratos.

Amnistía Internacional pide la prohibición absoluta del material para hacer cumplir la ley que es intrínsecamente abusivo: artículos tales como inmovilizadores de cuello, bastones con púas o lastrados, guantes aturdidores y dispositivos corporales de electrochoque. Sin embargo, debe haber también un control mucho más estricto del material que, aunque tenga un uso legítimo, pueda ser fácilmente mal utilizado: dispositivos de inmovilización, agentes de control de disturbios tales como el gas lacrimógeno, y armas estándar que se utilizan para golpear, como porras y bastones.

Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente cómo el material que se utiliza habitualmente para hacer cumplir la ley puede emplearse para torturar o maltratar. Por ejemplo, en algunos países, como Israel, Bahréin, Turquía y Colombia, se ha utilizado gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos de forma excesiva y abusiva, causando a menudo graves lesiones.

Amnistía Internacional pide a los Estados que evalúen los riesgos antes de conceder autorización a este tipo de material, en consonancia con otros regímenes de control comercial de artículos peligrosos, como las armas convencionales.

“Jamás deben suministrarse armas y dispositivos para la aplicación de la ley si cabe la posibilidad de que se utilicen para infligir tortura u otros malos tratos o cometer otras violaciones graves de derechos humanos”, ha declarado Ara Marcen Navel.

“Instamos a la Alianza Global y sus Estados miembros a que se comprometan a regular el material que podría utilizarse para torturar o maltratar, estableciendo de inmediato normas internacionales que dificulten a las empresas la exportación de tales instrumentos”.