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© Ismael Muñoz.

“Ni un latigazo más para Raif Badawi”

Madrid.- Amnistía Internacional España ha reclamado hoy ante la embajada de Arabia Saudí el cese inmediato de la condena de 1.000 latigazos al activista Raif Badawi que comenzó a ejecutarse el pasado día 9 y que tiene previsto continuar mañana con una nueva serie de 50 golpes después de las oraciones del viernes frente a la mezquita de Al Jafali, en Yidda. Activistas de la organización se congregaron ante la delegación saudí con una pancarta con el lema ¡Ni un latigazo más!


Raif Badawi fue condenado el año pasado a 10 años de prisión, así como a recibir 1.000 latigazos y al pago de un millón de riyales saudíes (alrededor de 266.600 dólares estadounidenses) de multa, por haber creado en Internet un foro de debate y por el cargo de insultar al islam.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el pasado viernes Badawi recibió los primeros 50 latigazos y el resto de la pena de 1.000 latigazos se ejecutará a lo largo de un periodo de 20 semanas.


Castigar con latigazos es una violación de los derechos humanos y exigimos que no se le aplique ni un latigazo más a Raif Badawi”, aseguró la portavoz de Amnistía Internacional, Beatriz Perales.


La organización considera a Badawi como preso de conciencia, al haber sido condenado por su actividad como bloguero y pide que se anule su condena y que sea puesto en libertad de inmediato sin condiciones.


Desde el pasado viernes Amnistía Internacional España ha recogido más de 48 mil firmas a través de unapetición en Internet en la que reclaman al rey de Arabia Saudí, el cese inmediato de este castigo y la liberación de Badawi.


La flagelación y demás formas de castigo corporal están prohibidas por el derecho internacional, que proscribe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


Condenado por bloguero

La condena a Raif estuvo relacionada con artículos escritos por él en los que criticaba a las autoridades religiosas de Arabia Saudí, y con escritos de otras personas publicados en su sitio web.

Raif es uno de los muchos activistas perseguidos en Arabia Saudí por expresar sus opiniones a través de Internet. Las redes sociales son increíblemente populares en un país donde la gente no puede expresar sus opiniones abiertamente en público. Las autoridades han respondido a este aumento del debate online vigilando los sitios de redes sociales e incluso intentando prohibir algunas aplicaciones informáticas.


Movilización internacional

Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Noruega, entre otros, han emitido sendas declaraciones en las que condenan la flagelación de Raif Badawi. Por su parte, miles de personas de todo el mundo han expresado su indignación por el caso en las redes sociales y son cientos las que han organizado manifestaciones frente a embajadas saudíes de todo el mundo.

“La comunidad internacional debe mantener su presión sobre las autoridades de Arabia Saudí. Hay que poner fin de inmediato al cruel e injusto castigo de Raif Badawi”, afirmó Said Boumedouha. director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

La esposa de Raif Badawi, Ensaf Haidar, ha declarado a Amnistía Internacional que teme que su esposo no pueda soportar físicamente una segunda tanda de golpes.

“Raif me ha dicho que tiene mucho dolor después de la flagelación, su salud es mala y estoy segura de que no podrá aguantar otra ronda de latigazos”, dijo.

“Les di la noticia a nuestros hijos la semana pasada para que no lo supieran por sus amigos en la escuela. Para ellos es un duro golpe. La presión internacional es crucial, creo que si mantenemos el apoyo, al final surtirá efecto. Debemos seguir luchando.”

En otro ejemplo más de la absoluta intolerancia hacia la disidencia pacífica en Arabia Saudí, el lunes 12 de enero se confirmó en la fase de apelación la pena impuesta al abogado de Raif Badawi, el defensor de los derechos humanos Waleed Abu al Khair. Inicialmente había sido condenado a 15 años de prisión, de los que iba a cumplir sólo 10. Sin embargo, el juez le ordenó el lunes cumplir la totalidad de la condena por negarse a pedir disculpas por sus “ofensas”. El abogado había sido condenado por el Tribunal Penal Especializado por cargos que incluían romper la lealtad hacia el gobernante, ofender al poder judicial y fundar una organización no autorizada.