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Un niño refugiado juega con un automóvil de la policía española en un centro deportivo después de ser rescatado por el servicio de rescate marítimo cerca de la costa de Tarifa, en el sur de España. © AP Photo/Andres Kudacki

Menores que huyen del dolor, del miedo y de la muerte

Por Nieves Gascón (@nigasniluznina), equipo de infancia del Amnistía Internacional España,

Confieso que soy de una de las últimas generaciones, que aún viviendo en una ciudad, nos hemos criado prácticamente en la calle. En una calle mucho más amable, sin tanto tráfico ni ruidos, con suelos de arena y menos asfalto, en un barrio donde los chicos y chicas de las plazuelas rivalizábamos por cuestiones territoriales, como no dejarnos pasar por accesos limítrofes que considerábamos nuestros territorios. Eso nos otorgaba el máximo poder. Abrir o cerrar paso, un juego infantil, que en más de alguna ocasión nos dejó algún descalabro.

El poder del dejar pasar, de cerrar y abrir fronteras, no es un juego y forma parte de los límites que imponen los Estados, de acuerdo a su sistema burocrático de organización administrativa y territorial. En un mundo global todo va tan de prisa que los niños, niñas y jóvenes llegan a Europa  dando vueltas de un destino a otro y atravesando fronteras en el desconcierto de su huida.

A través de los medios conocemos a estas personas como Menores Extranjeros No Acompañados. Basándonos en la normativa internacional, esta denominación es paradójica si exigimos la aplicación de las leyes de protección a la infancia y a jóvenes de menos de 18 años que deben ser protegidos y protegidas de acuerdo a su interés superior en los países de origen, tránsito o destino.

No deberían existir menores no acompañados o no acompañadas; ningún Estado debería permitirlo y todos deberían otorgarles la máxima protección. Pero la realidad es bien distinta. Algunos/as han perdido a sus familias en los conflictos armados de los que huyen. El éxodo es una amenaza a su integridad física y psicológica.

Un migrante africano hace malabares con una pelota junto a la valla de Melilla. © AP Photo/Alvaro Barrientos

Según ACNUR casi la mitad de las sesenta millones de personas desarraigadas (desplazadas y refugiadas) en el mundo, son niños, niñas y adolescentes, con frecuencia víctimas de violencia, explotación o trata. No tienen acceso a justicia y reparación. En nuestras fronteras cerradas, no hay mecanismos efectivos para su adecuada protección.

Del centro de protección al CETI, los menores extranjeros, con frecuencia, viven en las calles de Ceuta y Melilla. El estigma social cae sobre ellos, atrapados en un situación de imposible retorno a una vida familiar, sin techo ni documentación, ni solución a un éxodo forzado. Tampoco acceden a educación o a formación.

El sistema de protección a menores y su reconocimiento del estatus de refugio y asilo falla en España y en Europa, que entornan sus puertas en un ambiguo espacio que no garantiza el respeto a sus derechos. En el caso de niños, niñas y jóvenes, resulta aún más grave, de lo que de por sí es un hecho lamentable: la sistemática violación de derechos humanos en las fronteras europeas.

No cabe la menor duda, debemos exigir a los Estados que garanticen el derecho de acceso a protección a las personas refugiadas y, en especial, a los grupos más vulnerables. En concreto, exijamos a las autoridades españolas la observación del principio del interés superior del menor en las decisiones sobre niños y niñas, especialmente en los casos de menores no acompañados, garantizando sus derechos como el de reunificación familiar, e itinerarios de integración (a educación y formación) adaptados a sus necesidades específicas.

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