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Luces y sombras de las armas “Marca España”

“Otro ayuntamiento o parlamento autonómico que apoya la campaña Armas Bajo Control”. Esto es lo que pensaba el embajador español que participaba en las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas cada vez que oía un “clic” en la bandeja de entrada de su correo electrónico. Así me lo contó cuando me reuní con él en 2012 en los días previos a la negociación del tratado.

Era la confirmación del impacto de la movilización de grupos de Amnistía Internacional en toda España en apoyo de la “Regla de Oro” que la campaña de AI y otras ONG buscaba plasmar en el texto del tratado: ni un arma para cometer atrocidades.

La presión de centenares de ayuntamientos y diversos parlamentos autonómicos, junto a los sesudos informes y las propuestas rigurosas de AI, contribuyeron a que el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, diera instrucciones claras al negociador español para conseguir que el tratado incluyera la “Regla de Oro” que defendíamos.


Acto de Amnistía Internacional España a favor del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. © AI

Tuvieron que pasar veinte años desde que Brian Wood, responsable de nuestro equipo internacional en AI sobre el comercio de armas, tuviera la intrépida idea de regular este comercio de armas. Como tuvieron que pasar 10 años de una campaña mundial con Oxfam y decenas de ONG integradas en la Red Internacional de Acción contras las Armas Ligeras (IANSA, por sus siglas en inglés) para que un tratado internacional plasmase la máxima de no permitir la venta de armas para cometer atrocidades.

En 2000 sólo Costa Rica y Mali apoyaban esta idea, pero el de 2 de abril de 2013 más de 150 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas votaron a favor de la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas. En pocos años pasamos de que algunos diplomáticos nos llamaran locos y se mofaran de nuestras intenciones en Naciones Unidas a demostrar que las cosas se pueden cambiar. Lleva tiempo y requiere esfuerzos, ¡pero vaya si es posible!

Era el siguiente paso lógico de la comunidad internacional tras prohibir la tortura en 1984 y crear la Corte Penal Internacional en 2002 para juzgar a los responsables de crímenes atroces como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; hitos a los que nuestra organización había contribuido de forma decisiva.

Algo similar nos ocurría en España, donde a mediados de la década de 1990 unimos fuerzas con Greenpeace, Médicos Sin Fronteras y Oxfam Intermón en la campaña “Hay Secretos que Matan” para acabar con el secretismo del comercio de la muerte “Marca España”.

En 2007 conseguimos que la última ley de la primera legislatura del presidente Zapatero fuera la ley sobre el comercio de armas español. Desde hacía una década, gracias a nuestra presión, al apoyo y a la complicidad de los grupos parlamentarios –y tras la operación ilegal de tráfico de armas hacia Ruanda desde España que las ONG destapamos a finales de 1996–, el Gobierno ya elaboraba un informe que actualmente se sigue debatiendo una vez al año en el Congreso. En 1998 también conseguimos que la Unión Europea adoptara normas sobre la venta de armas.

La Ley de 2007 estableció mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control parlamentario que nos permiten saber, con limitaciones, qué armas vende España y a qué países. Era un primer paso. Los contrainformes que publicamos junto a otras organizaciones analizan estas ventas, vigilan el cumplimiento o no de la legislación y proponen medidas de mejora. Muchas de ellas se han recogido en las recomendaciones que el Congreso hace anualmente al Gobierno sobre la venta de armas.


Acto de Amnistía Internacional España para pedir al Gobierno más transparencia y control en la venta de armas. © AI

Las exportaciones de armas españolas han aumentado significativamente fruto de decisiones políticas. Han pasado de 300 millones de euros a más de 4.000 millones en 2016. Sin embargo, el control no ha aumentado.

Nuestro incómodo papel de “Pepito Grillo” ha tenido impacto en algunas decisiones del Gobierno en los últimos años, como la suspensión o la denegación de determinadas exportaciones de armas a Egipto, Venezuela o Israel.

El reto es conseguir avances en materia de control y transparencia y en la aplicación de la legislación para garantizar que el Gobierno no autoriza armas para cometer atrocidades. Para ello es necesario que mejore el análisis de riesgo del uso potencial de las armas en el país de destino; cree mecanismos de control del uso de las armas exportadas y de control parlamentario previo que permita al Congreso bloquear de las exportaciones más preocupantes. Solo así cesará, por ejemplo, la venta de armas a Arabia Saudí desde puertos como el de Bilbao, pese al riesgo de que se usen para matar civiles en Yemen, donde una coalición internacional bombardea sin descanso hospitales, escuelas y mercados desde marzo de 2015.