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© Juan Pablo Azabache/Amnistía Internacional

Cinco casos de impacto de Amnistía Internacional en 2019

Por Amnistía Internacional, 

En estos cinco casos de impacto celebramos los logros de Amnistía Internacional en 2019 y rendimos homenaje a las personas valientes que han ayudado a conseguirlos.

Yves Boukari

Yves Boukare Traore, director Amnistía Internacional Burkina Faso

1. Acabar con la pena de muerte

El número de ejecuciones se redujo en casi un tercio en 2019, hasta alcanzar la cifra más baja en más de un decenio.

Gracias, en parte, al intenso trabajo de campaña de activistas de Amnistía Internacional, Gambia y Malasia declararon la suspensión oficial de las ejecuciones y Burkina Faso abolió la pena de muerte para los delitos comunes.

MAGAI MATIOP, CONDENADO A MUERTE A LOS 15 AÑOS.
¡SALVA SU VIDA!

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Andrea Sanhueza

Andrea Sanhueza, docente en la universidad de Chile

2. Defender a los defensores y defensoras de los derechos humanos

En 2018, 16 países de América Latina y el Caribe firmaron el Acuerdo de Escazú, primer tratado de la región que protege los derechos y la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos ambientales. Amnistía Internacional junto con una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil realizaron una campaña de incidencia que se extendió a lo largo de 2019 y que ayudó a convencer a poderes regionales clave de que firmarán el acuerdo.

MUJERES ATACADAS POR DEFENDER LA SELVA AMAZÓNICA.
¡EXIGE SU PROTECCIÓN!

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Suki Chung

Suki Chung, coordinadora regional de campañas de Amnistía Internacional para Asia Oriental. En 2016 puso en marcha la primera iniciativa regional de derechos LGBTIQ de Asia y Oceanía

3. Derechos LGBTIQ en todas partes

Amnistía Internacional hizo campaña para garantizar que se aprobasen 24 nuevas leyes de derechos humanos, algunas de las cuales representan grandes victorias para el movimiento LGBTIQ en Asia: el Tribunal Supremo de India despenalizó la homosexualidad, el gobierno municipal de Tokio aprobó un proyecto de ley que prohíbe discriminar a las personas LGBTIQ, el gobierno tailandés aprobó un proyecto de ley sobre las uniones civiles y el tribunal de última instancia de Hong Kong resolvió que la negativa del gobierno a conceder beneficios laborales conyugales a las parejas del mismo sexo era ilegal.

CÓMIC CON HISTORIAS REALES EXTRAÍDAS DE ENTREVISTAS REALIZADAS POR AMNISTIA INTERNACIONAL A PERSONAS LGBTI

¡descárgatelo!

Eyad "Eddy" Jaabary

4. Acoger a más personas refugiadas

Millones de personas de todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus países de origen huyendo de la violencia, la guerra y la persecución. Amnistía Internacional está potenciando el crecimiento del patrocinio comunitario en todo el mundo, dando a la gente corriente la oportunidad de ofrecer vías de protección de manera directa.

La retórica contra las personas refugiadas y migrantes va en aumento en muchos países en los que los políticos están intentando impedir que la gente pida asilo. Este año Estados Unidos admitirá a un máximo de 30.000 personas refugiadas —la cuota de admisión más baja en la historia del programa de reasentamiento— que el gobierno de Trump desea reducir a 18.000 el próximo año.

LOS GOBIERNOS DEBEN PRIORIZAR SALVAR VIDAS HUMANAS

¡PRESIÓNALOS!

Ben Jaffey

Ben Jaffey, abogado en Blackstone Chambers, representó a Amnistía Internacional

5. Detener la vigilancia ilegal

Cuando Edward Snowden se convirtió en un denunciante, reveló que Reino Unido interceptaba secretamente a diario millones de comunicaciones privadas de gente corriente. Tras seis años de batalla judicial encabezada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de cuatro continentes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la legislación del Reino Unido que permitía esa vigilancia masiva de las comunicaciones violaba los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.

Pese a este fallo positivo, el Tribunal se negó a considerar que la vigilancia gubernamental no selectiva era una violación de derechos humanos en sí misma. En respuesta a eso, Amnistía y sus entidades asociadas han llevado el caso hasta la Gran Sala del Tribunal Europeo, órgano judicial de más alta instancia en materia de derechos humanos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.

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