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© AP/Lefteris Pitarakis. Manifestantes corean consignas durante una protesta contra la ejecución en Egipto de nueve presuntos miembros de la Hermandad Musulmana condenados por participar en el asesinato en 2015 del fiscal del país, 2 de marzo de 2019. © AP/Lefteris Pitarakis

Egipto: Otro miércoles maldito

El tribunal se disponía a dictar sentencia. Los acusados tomaron la palabra por última vez. Mahmoud al-Ahmadi cogió el micrófono. Se expresaba con valentía y convicción, esforzándose por convencer al juez de su inocencia. Ni él ni los demás acusados habían asesinado al Fiscal General Hisham Barakat. Tenían que creerle.

“Llevaban doce días torturándome cuando entró un oficial y me dijo: deja que las cosas sigan su curso y haz lo que te diga. Cargarás con el atentado en el que murió Barakat”, explicó Mahmoud. Había reconocido a uno de sus torturadores en la sala, así lo dijo y se ofreció a identificarlo, si le garantizaban protección, pero el tribunal no le hizo caso. Al juez no le tembló la mano cuando condenó a Mahmoud y a otros ocho jóvenes a muerte. El tribunal de apelación confirmó la pena capital. Más adelante, el Gran Muftí aceptó las condenas sin rechistar y firmó. Las autoridades necesitaban culpables por el asesinato del Fiscal General en 2015 y allí los tenían. No había más pruebas que sus confesiones.


Manifestantes participan en una protesta contra la ejecución en Egipto de nueve presuntos miembros de la Hermandad Musulmana condenados por participar en el asesinato en 2015 del fiscal del país. © AP/Lefteris Pitarakis

Había sido un juicio mediático, instrumentalizado para ensalzar la lucha de las fuerzas de seguridad contra el terrorismo. La maquinaria propagandística presentaba el caso como un éxito policial. Cuando los acusados declararon, la versión oficial se desmoronó. Mahmoud al-Ahmadi desafió al juez: “somos inocentes y usted lo sabe. Deme una pistola de electrocución y le haré confesar que mató a Sadat. Con la electricidad que nos suministraron se podría abastecer Egipto de energía durante veinte años”. Antes del juicio, la televisión había difundido un video con las confesiones de tres de los acusados. Estaban exhaustos; hablaban mecánicamente, repitiendo una lección aprendida. “Así fue cómo se grabaron los videos con las confesiones”, relató Mahmoud.

Aunque nadie reivindicó el atentado, el gobierno no tardó en adjudicárselo a los Hermanos Musulmanes. Los acusados eran miembros de esta organización, según la fiscalía; ello bastaba para acreditar su pertenencia a un grupo terrorista. Por mucho que la televisión celebrara el desmantelamiento de una “célula terrorista”, la fiscalía no había probado la culpabilidad de estos jóvenes. El juicio no se apoyaba en una exhaustiva investigación policial. Los acusados denunciaban que las fuerzas de seguridad los habían secuestrado y detenido en secreto. “Se hundieron mis sueños el día que salí con mi prometida a comprar el vestido de novia. De pronto, un coche nos cerró el paso. Unos hombres de paisano nos secuestraron. Tras una hora de interrogatorios e insultos, dejaron marchar a mi novia, después de decirle que empezase a buscarse otro marido, porque yo no volvería a ver la luz del sol”, escribió Abdul Rahman Suliman, uno de los chicos condenados a muerte. El juez rehusó investigar las denuncias de desaparición forzada y tortura.

El miércoles 20 de febrero, nos estremeció la noticia de la ejecución. “Han matado a nueve jóvenes, a nueve rosas”, se decía en las redes sociales. El más joven tenía 23 años, el mayor, solo 30. El día antes, Amnistía Internacional había hecho un llamamiento para que no los ejecutaran. La ONU y el Parlamento Europeo habían exigido al gobierno egipcio una moratoria de todas las ejecuciones, ante las reiteradas denuncias de que los juicios carecen de las debidas garantías. Una multitud afligida acompañaba los entierros. “Te has ido sin que te diera un beso”, repetía una madre. La noche anterior, las familias recibieron una llamada telefónica: los trasladaban de prisión para la ejecución. No pudieron despedirse. Era otro maldito miércoles.


Una manifetante reza durante una protesta contra la ejecución en Egipto de nueve presuntos miembros de la Hermandad Musulmana condenados por participar en el asesinato en 2015 del principal fiscal del país. © AP/Lefteris Pitarakis

Desde que Abdel Fattah al-Sisi llegó al poder en 2013, los tribunales civiles y militares han condenado a muerte a más de 1400 personas, en juicios injustos, a veces con cientos de acusados. La fiscalía los acusó de “militar en una organización ilegal”, “incitar a la violencia”, o “cometer actos terroristas”. En varias causas judiciales, Amnistía Internacional ha demostrado que las personas condenadas a muerte no pudieron cometer los atentados que les imputaron. Cuando sucedieron los hechos, llevaban tiempo detenidas o en desaparición forzada.

En el mes de febrero, se produjeron ejecuciones en Egipto tres miércoles seguidos. Quince personas en total fueron ajusticiadas, todas ellas condenadas por una participación en acciones terroristas, que no quedó demostrada. Los juicios presentaron numerosas irregularidades. Las imputaciones se apoyaban en los informes de las mismas fuerzas de seguridad, a las que los condenados acusaban de haberlos torturado. Habían confesado y eso bastaba para que fueran culpables. Tememos que llegue el miércoles, otro miércoles maldito.

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