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6 de los 8 condenados a muerte © Particular

Egipto: la vida de civiles no vale nada

“Dime, ¿a cuánto le han condenado?” Un tribunal militar de El Cairo juzgaba a su hijo Mohammed Fawzi de veintitrés años, ingeniero eléctrico, y a otros veinticinco civiles, acusados de pertenecer a una agrupación ilegal, poseer armas y explosivos, y conspirar para asesinar a militares.

“Recemos”, respondió el hombre que se había hecho viejo de golpe. “¿A diez años?”, preguntó la mujer. El hombre desvió la mirada. “Recemos”, repitió con un hilo de voz. “Entonces ha sido cadena perpetua”. “Reza conmigo”, insistió. Ella no había asistido al juicio; no había visto a su hijo, enjaulado junto a los demás acusados, aparentemente tranquilo, mientras el fiscal militar lo acusaba de “fabricar los circuitos eléctricos de artefactos explosivos” y “planear atentados contra centrales eléctricas e instalaciones militares”. Nada de eso tenía que ver con su hijo, pensaba ella. Su marido siempre llamaba para contarle las novedades de la vista. Ese día se dictaba sentencia y no había llamado. Había dejado el teléfono apagado y ella tenía la certeza de una mala noticia. “¿Pena de muerte?”, preguntó. El padre de Mohammed sólo acertó a contestar: “reza conmigo”.

A principios de febrero, el tribunal militar transfirió el caso de Mohammed Fawzi y de otras siete personas al Gran Muftí, la autoridad religiosa, que en Egipto debe pronunciarse sobre toda condena a muerte, antes de que el tribunal confirme el veredicto. La vista se aplazaba una y otra vez, mientras se iba apagando la esperanza. El 29 de mayo, el tribunal ratificó la sentencia: ocho penas de muerte, doce condenas a veinticinco años y seis a quince años. De los veintiséis condenados, sólo diecinueve habían comparecido ante el tribunal. En el juicio, todos ellos se desdijeron de sus declaraciones iniciales y aseguraron que habían confesado bajo tortura.

Las acusaciones se basaron en las confesiones de los jóvenes y en los informes de un investigador militar que respondía a todas las preguntas del fiscal con un “no sé”, “no me acuerdo”, o “eso figura en el informe”. El fiscal insistía en que los chicos formaban parte de una célula terrorista, pero de haberse cruzado por la calle antes del juicio, ni se habrían saludado pues no se conocían. El padre de Mohammed pensó entonces que todo iba por buen camino. Tal vez no supiera que, desde octubre de 2014, miles de civiles han sido juzgados y condenados por tribunales militares en juicios injustos.

Sin indicios

Cuando registraron la vivienda familiar, no encontraron ningún indicio de aquellos circuitos eléctricos que Mohammed supuestamente fabricó. No hallaron ni armas de fuego, ni material explosivo, ni información militar clasificada, nada que probara una conjura. Como a los demás, se le acusó de “conspirar para atentar” pero no se le imputó ningún atentado. Los diecinueve acusados no comparecían ante un tribunal militar porque hubiesen volado centrales eléctricas o hubiesen asesinado a algún militar, pues sólo se les acusaba de “pretender hacerlo”. Ocho hombres podrían ser ahorcados por una supuesta intención. “Pretendían atemorizar a los ciudadanos”, “proyectaban atentar contra el ejército”, sostuvo el fiscal, sin prueba alguna.

 

Cuando Mohammed Fawzi desapareció en mayo de 2015, sus padres lo buscaron en las comisarías de El Cairo donde negaban que estuviese detenido y presentaron una denuncia de desaparición ante el Fiscal General, sin obtener respuesta. La Inteligencia Militar fue el único lugar donde no se les ocurrió preguntar por él.

El 10 de julio de 2015, la televisión anunciaba el desmantelamiento de una peligrosa célula terrorista dirigida por los Hermanos Musulmanes desde Turquía. Con el pelo revuelto y la mirada perdida, unos chicos jóvenes repetían ante la cámara una lección aprendida. “Compré armas para cometer atentados”. “El objetivo era atentar contra centrales eléctricas”. “Debía seguir a oficiales del ejército”. “Iban a llevarnos a un campo de entrenamiento en Turquía”. La cámara enfocaba lentamente un arsenal y bidones de productos químicos para la fabricación de explosivos. Una voz desgranaba ceremoniosamente los nombres de “los terroristas que se disponían a atentar contra militares”. Mohammed Fawzi era uno de ellos.

El mismísimo infierno

Entre el 28 de mayo y el 7 de junio de 2015, diecinueve chicos corrientes fueron detenidos arbitrariamente, en lugares públicos, y acabaron recluidos en dependencias militares, en el mismísimo infierno. Según contaron a sus familias y abogados, los colgaban de las muñecas, con las manos esposadas a la espalda; sentían como si los brazos fuesen a desencajarse de los hombros. Los privaron de alimento y agua durante días, con los ojos vendados, sin distinguir la noche del día. Los azotaron con trapos ardiendo. Les aplicaron descargas eléctricas en los genitales. Apagaron cigarrillos en sus cuerpos. Todo eso y mucho más contaron. Aseguraron que los habían amenazado de muerte y presionado, diciéndoles que detendrían a sus familiares si no confesaban. Se necesitaron entre 15 y 44 días de tortura para que admitieran un delito para el que no había pruebas, ni testigos, ni víctimas.

Llegaron a la cárcel de Tora, exhaustos y derrumbados. Las familias contaron a Amnistía Internacional que, en la primera visita en prisión, tenían heridas, moratones y quemaduras en el cuerpo. Aunque denunciaron torturas, el tribunal militar aceptó sus confesiones y se negó a ordenar un examen médico y una investigación exhaustiva e imparcial. Ningún tribunal debería admitir las confesiones de unos jóvenes que estuvieron desaparecidos, retenidos en secreto en instalaciones militares, interrogados sin la presencia de un abogado y que denuncian torturas. Ya, pero éste no ha sido un juicio justo.

Los abogados tienen sesenta días para apelar las condenas. Amnistía Internacional exige que se anule la sentencia y sean juzgados de nuevo con todas las garantías por un tribunal ordinario, que no admita las confesiones que hicieron estando desaparecidos, ni recurra a la pena de muerte. Ocho jóvenes podrían ser ahorcados tras un juicio repleto de irregularidades. Se llaman Mohammed Fawzi, Ahmed Ghazali, Ahmed Mustafa, Reda Ma’tamad, Mahmoud al-Sharif, Abdul Basir Abdul Rauf, Abdullah Noureddin y Ahmed Abdul Baset. La cuenta atrás ha empezado. Necesitamos vuestro apoyo.

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Su juicio fue injusto y han denunciado torturas para que confesaran.

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