Pese a la creación de leyes, instituciones y protocolos, y las promesas de un presidente, el número de personas que desaparecen en México no hace más que aumentar.
México enfrenta una grave crisis de desapariciones vinculada al contexto de violencia e inseguridad que ha enfrentado el país en las últimas décadas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadashasta el 8 de agosto de 2024 (desde 1950), hay 116.386 personas “desaparecidas y no localizadas”, de las cuales, 89.121 son hombres; 26.749, mujeres y 516 no tienen un sexo definido. El número de personas “desaparecidas y no localizadas” ha aumentado radicalmente en los últimos años, en particular, desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón implementó la militarización de la seguridad pública como estrategia de combate al crimen organizado. De hecho, el 88% del total de los reportes de desaparición se han realizado entre 2006 y la actualidad (8 de agosto de 2024).
Familiares y activistas exigen justicia e investigaciones de sus casos para localizar a sus familiares desaparecidos. Protestas en la Glorieta de los Desaparecidos en la Ciudad de México. © Luis Barron / Eyepix Group
“Cuando nos detuvieron sentir una mezcla de coraje y miedo, pero sobre todo mucho dolor porque un policía me quitó la foto de mi hijo y la pisoteó. Me dolió mucho. Lo único que queríamos era justicia”
La situación de desapariciones en México ha sido ampliamente documentada y discutida y es reconocida como uno de los mayores problemas de derechos humanos en el país. A pesar de esto, es común escuchar comentarios estigmatizantes que apuntan a que las personas seguramente están desaparecidas porque estaban metidas en actividades indebidas o porque se ausentaron voluntariamente. Comentarios como “seguro se fue con el novio”, “en algo estaba metido”, “seguro era parte de la delincuencia organizada”, entre otros, son bastante comunes.
Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades a este contexto –que no encuentran a las personas desaparecidas, no realizan un acompañamiento apropiado ni brindan suficientes herramientas e información a los colectivos, no garantizan la seguridad ni protección de las buscadoras, no atiende sus necesidades de salud, económicas, psicológicas– han emergido múltiples colectivos de personas que realizan la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. En México se registran más de 200, de los cuales más de 60 están agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Los colectivos están conformados mayoritariamente por familias, y la gran mayoría de sus integrantes son mujeres. Estos colectivos han tenido un papel fundamental en los avances legislativos y de políticas para abordar la crisis de desapariciones.
Desapariciones forzadas: algunas buenas noticias con muchos peros
En 2017, los colectivos lograron la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual da las bases para la protección de familiares durante labores de búsqueda y rastreo. Con esta ley se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se han redactado varias leyes en materia de desaparición a nivel local y se han creado Comisiones de Búsqueda estatales. Asimismo, diversas instituciones del orden federal proveen servicios de atención y protección a las personas que realizan la búsqueda, entre las cuales se encuentra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros.
Una mujer participa en una protesta de madres y familiares de víctimas de desaparición forzada frente al Monumento a la Independencia en la Ciudad de México. © Chine Nouvelle/SIPA
Estas leyes e instituciones, que se crearon para abordar la problemática de la desaparición en el país, han tenido múltiples fallas, y no han logrado el revertir la situación para la que fueron creadas. Al contrario, el número de desapariciones continúa en aumento. Las instituciones en ocasiones no realizan la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente o no acompañan a las colectivas en las labores de búsqueda ni les brindan materiales, herramientas, apoyos e información para realizarlas. Además, las autoridades usualmente no garantizan la seguridad y protección de las personas buscadoras; ni atienden sus necesidades de salud, económicas, psicológicas, ni atienden sus demandas. En ocasiones, incluso han buscado, de manera engañosa, en su estrategia más reciente, reducir el número de personas desaparecidas forzadamente, y obstaculizar la movilización y el diálogo con los colectivos de búsqueda del país. En cuanto al Mecanismo de Protección para Defensores, Defensoras y Periodistas, que otorga medidas de protección a estos colectivos, las mujeres buscadoras han enfrentado retos para acceder a este y han observado deficiencias en su implementación.
“Estoy agradecida por este colectivo porque desde que empecé mi búsqueda he sido estigmatizada por la comunidad una vecina pidió a nuestros hijos que dejaran de jugar juntos mientras mi círculo de amigos se ha reducido”
El gobierno de López Obrador frente a las desapariciones forzadas
El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno en 2018 reconociendo la gravedad de las desapariciones en el país, prometió atender la situación y resolver casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Realizó acciones concretas para abordar la situación, como nombrar a personas responsables que estaban capacitadas y que contaban con el respaldo de las familias. Sin embargo, en los últimos años de su gobierno, estos esfuerzos han dado marcha atrás permeando un discurso que busca restar gravedad a la crisis de personas desaparecidas.
Además, múltiples organizaciones y organismos de derechos humanos han documentado los riesgos que sufren y las necesidades de los familiares, seres queridos y comunidades de las personas desaparecidas, en particular de las mujeres. Article 19 reportó que 16 personas buscadoras han sido asesinadas en este sexenio (entre 2018 y 2024), 13 de ellas mujeres, y una más fue desaparecida. Las mujeres buscadoras han enfrentado otros incidentes de seguridad, como amenazas, extorsión, ataques, intento de levantamiento, que las han obligado incluso al desplazamiento. La mayoría de las agresiones permanecen en la impunidad. A ello se aúna la condición de género y el contexto socioeconómico, y los recursos tanto financieros como humanos que invierten, que resultan en la falta de garantías a derechos como la salud, incluida la salud mental, así como la escasez de recursos básicos.
“Cuando me despidieron, todo se vino abajo, no tenía gasolina para el coche, no podía buscar a mi hijo. Durante casi un año y medio estuve sin electricidad sin agua, a veces sin comida”
Amnistía Internacional ha recibido reportes de mujeres buscadoras que han sufrido alteraciones en el sueño, pérdida de apetito, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades crónico-degenerativas, desprendimiento de la retina, bruxismo, accidentes relacionados con la búsqueda, entre otros. También hemos recibido información sobre abandono escolar por personas menores de edad de la familia en la que ocurrió la desaparición; estigmatización y revictimización por parte de la propia familia, la comunidad y la sociedad, así como deterioro de relaciones familiares y deterioro de amistades, y pérdida de trabajo. Mujeres buscadoras han reportado que las autoridades les negaron atención médica por falta de recursos públicos o alegaciones de que los padecimientos no se relacionan directamente con la desaparición.
Familiares de víctimas de desaparición forzada se abrazan durante el evento que colectivos y asociaciones organizaron para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en México.© Franyeli García/NurPhoto/Shutterstock
Hasta encontrarte
El colectivo Hasta Encontrarte Guanajuato es un grupo de familiares de personas desaparecidas del estado de Guanajuato, en el centro de México, que se formó en 2021. Actualmente reúne a 86 familias, de las que el 99% de sus integrantes son mujeres. Está liderado por Karla Martínez, que busca a su hermano, Juan Valentín Martínez Jiménez, desaparecido en 2020; Bibiana Mendoza, que busca a su hermano, Manuel Ojeda Negrete, desaparecido en 2018, y Verónica Durán, que busca a su hijo, Iván Arturo Silva Durán, desaparecido en 2019.
El corazón del colectivo Hasta Encontrarte está en salir a buscar a sus seres queridos, a veces participando en búsquedas estatales, a veces realizando búsquedas independientes. Han logrado localizar 23 fosas clandestinas y a 216 personas. Para lograr esto, se han vuelto expertas en conocer el contexto y en dónde puede haber cuerpos. Adicionalmente se preparan constantemente aprendiendo de leyes y de sus derechos, de búsquedas y cuestiones forenses, así como de psicología y tanatología para apoyarse unas a otras.
“Buscar a alguien es peligroso. Me han perseguido y me han disparado. Es aterrador sentir que las mismas personas que se llevaron a mi hermano podrían venir por mí también. Me siento completamente insegura y vulnerable esté donde esté”.
El colectivo ha logrado un diálogo constante con las autoridades estatales y ha participado en numerosas protestas para exigir que se garanticen sus derechos. A inicios de 2024, miembros del colectivo participaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer las violaciones a derechos humanos que han vivido realizando sus labores de búsqueda. Las tres lideresas han sido objeto de ataques por su labor de búsqueda. Han recibido amenazas, han sido reprimidas y criminalizadas durante protestas, y han sido disparadas mientras realizaban labores de búsqueda. Karla, en particular, ha sido objeto de criminalización y amenazas constantes. Además, han tenido afectaciones a su salud, tanto física como mental, así como empobrecimiento derivado de los gastos de la búsqueda.
La gente recuerda a las víctimas en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. © picture alliance/dpa | Jacky Muniello
Perspectiva regional y de género de las desapariciones forzadas
La desaparición forzada es una violación grave a derechos humanos que genera impactos extremadamente negativos en la persona desaparecida forzadamente y en su familia, seres queridos y comunidad. En distintos lugares de las Américas, la desaparición forzada ha tomado la forma de una política estatal o de un patrón de comportamiento consistente de actores públicos y privados, como fuerzas de seguridad estatales y grupos armados organizados.
América Latina engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2020 de acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntariasde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El rol de las mujeres para garantizar los derechos de las personas desaparecidas forzadamente en las Américas ha sido crucial e inspirador, su protagonismo se puede observar desde Canadá hasta la Patagonia. En México, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Chile, entre muchos otros países de la región, la desaparición forzada ha estado y sigue estando presente y son las mujeres quienes en mayor parte han liderado la búsqueda de sus familiares y seres queridos en contextos tan disímiles como peligrosos. Las mujeres en las Américas han buscado en medio de conflictos armados, ante gobiernos con políticas sistemáticas de desaparición forzada de disidentes, en lugares con presencia de crimen organizado y en contextos de movilidad humana, enfrentando riesgos, ataques y amenazas por su labor e identidades.
Abundan los ejemplos icónicos de mujeres que buscan a personas desaparecidas forzosamente: las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina y las chilenas de Calama durante regímenes militares y conflictos armados internos; las mujeres indígenas que abrieron camino en medio de conflictos armados en países como Guatemala y Perú; y las mujeres centroamericanas que han cruzado fronteras y creado mecanismos transnacionales para buscar a migrantes sometidos a desaparición forzada. En lugares como México, las mujeres han buscado a los desaparecidos forzosos a manos del crimen organizado, y las mujeres colombianas han abogado por leyes específicas que las protejan de la violencia que sufren a diario.
“Las mujeres han buscado en medio de conflictos armados, ante gobiernos con políticas sistemáticas de desaparición forzada de disidentes, en lugares con presencia de crimen organizado y en contextos de movilidad humana, enfrentando riesgos, ataques y amenazas por su labor e identidades.”
Los riesgos, amenazas y ataques a que se enfrentan las mujeres buscadoras van más allá de la integridad física. Las mujeres buscadoras se enfrentan a la estigmatización, la criminalización y la obstaculización de su trabajo por la subversión a los roles tradicionales de género que implica su desafío a la autoridad y los poderes legales o fácticos.
Estas mujeres dedican sus recursos económicos y sociales a la búsqueda, en detrimento de sus propias condiciones de vida digna, más cuando provienen de contextos de empobrecimiento. Sacrifican su salud, tanto física como mental, en aras de continuar búsquedas que pueden durar semanas o décadas. Todo ello, mientras conviven con la impunidad endémica de las Américas que tratan de combatir.
Familiares de víctimas de desaparición forzada pegan retratos de sus seres queridos desaparecidos. © Franyeli García/NurPhoto/Shutterstock
Qué debe hacer el Estado con respecto a las desapariciones forzadas
La actividad de búsqueda luego de la desaparición forzada por familiares, seres queridos y comunidades está protegida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que le asigna a los Estados obligaciones de respeto, garantía y protección al respecto. Los Estados deben:
- Asegurar que ellos mismos buscan a las personas desaparecidas forzadamente.
- Garantizar que familiares, seres queridos y comunidades pueden participar en condiciones adecuadas en los esfuerzos estatales de búsqueda.
- Asegurar un entorno propicio y seguro para que familiares, seres queridos y comunidades puedan desarrollar sus labores de búsqueda, lo que incluye condiciones económicas y sociales dignas y protección frente ataques.
Buscar es además un derecho en sí mismo, pues las personas que lo hacen son al mismo tiempo víctimas de desaparición forzada y personas defensoras de derechos humanos.
