“No estás pidiendo que nadie te regale nada. Estás pidiendo algo a lo que todos tenemos derecho: Una vivienda a un precio que podamos pagar”, Paula, mujer desalojada de su vivienda.
Efectivamente, los derechos no son regalos... No son concesiones que arbitrariamente pueden ser retiradas a las personas. Sin embargo, algunos de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la vivienda, han sido concebidos por la legislación y los poderes públicos como una concesión, como algo graciable. Esta concepción tan limitada de los derechos sociales, contraria al derecho internacional, surge hace cuarenta años.
La Constitución española sienta las bases de un Estado social de derecho y reconoce que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, y facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. A pesar de ello nos encontramos con que, cuarenta años después, el legado que nos deja la Constitución y el desarrollo de la misma dista mucho de hacer efectivo este precepto.
La Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos “promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Asimismo, la Constitución establece que el reconocimiento, el respeto y la protección del derecho a la vivienda “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos” y que aquellos podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Jessica Bernice Michelena se sienta y espera a ser desalojada por la policía en Madrid, España, el martes 3 de febrero de 2015. Con su único ingreso de 350 euros no puede pagar el alquiler y apenas puede comprar comida. El desalojo se llevó a cabo a pesar de que decenas de activistas trataron de impedirlo. © AP Photo/Andres Kudacki
Lamentablemente, no podemos afirmar que hemos avanzado mucho en las últimas décadas. A nivel legislativo, cuarenta años después, el Estado español no cuenta con una ley sobre el derecho a la vivienda que siente las bases del contenido y alcance del derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, hemos asistido a reformas sucesivas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuyas modificaciones han ido en detrimento de los derechos de las personas inquilinas. Reformas que por cierto se han hecho sin la participación de los sectores afectados. Y por último, la ley procesal que regula los desalojos no ha sido reformada para asegurar que la situación de vulnerabilidad de las personas que enfrentan un desalojo sea tenida en cuenta durante el proceso.
A nivel de política pública de vivienda, hemos visto cómo las medidas de austeridad han provocado uno de los mayores recortes en el presupuesto, un 70% menos de inversión pública desde 2009. Un recorte que no ha sido objeto de ningún titular, pero que ha tenido efectos devastadores en personas como Paula, un caso entre otros muchos documentado por Amnistía Internacional, que necesitaba el acceso a una vivienda alternativa después de haber sufrido un desalojo. Las personas como Paula tienen muchas dificultades en acceder a una vivienda social porque en España este tipo de vivienda es un bien escaso, ya que representan un exiguo 2% del total de viviendas. Este recorte de inversión se produce justo en una década donde se han llevado a cabo más de 300.000 desalojos.
Son
muchas las personas como Paula, afectadas por un desalojo, que llevan exigiendo su derecho a la vivienda desde hace muchos años. Pero las sucesivas legislaturas de la democracia siguen sin adoptar las medidas legislativas ni las políticas adecuadas para respetar, proteger y hacer realidad este derecho. Y ello a pesar de las sucesivas recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que exigen un enfoque de derechos en el diseño de las políticas de vivienda. Las últimas recomendaciones son de hace un mes escaso, cuando el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha instado al Gobierno a adoptar reformas legislativas y a invertir más recursos.
Paula y todas las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad exigen y merecen que no se les regale nada, sólo que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones.
