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Fachada de la Corte Penal Internacional. © Vincent Jannink

Corte Penal Internacional, un tribunal para perseguir los peores crímenes

Por @ManuMediavilla, colaborador de Amnistía Internacional,

La Corte Penal Internacional (CPI), también llamada Tribunal Penal Internacional es un organismo que cumple con las siguientes funciones:

La CPI puede juzgar a personas que hayan cometido genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad desde 2002.

Principales obstáculos de la Corte: aún quedan 60 países (incluidos Estados Unidos, Rusia y China) fuera de su competencia, y varios países africanos (Burundi acaba de retirarse) desconfían de ella.

La Corte Penal Internacional es la primera Corte permanente –e independiente– con capacidad de investigar y procesar a personas que cometan las violaciones más graves del derecho internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El genocidio –actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso– y los crímenes de lesa humanidad –cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, esclavitud, privación de libertad, apartheid, deportación o traslado forzoso de población, violación masiva y sistemática, prostitución forzada y otros actos inhumanos similares– son castigables tanto si se han cometido en “tiempos de paz” como de guerra.

En cuanto a los crímenes de guerra –actos que violan las leyes o costumbres de la guerra definidas en los Convenios de Ginebra y de La Haya, incluidos ataques contra civiles, tortura, malos tratos o asesinato de prisioneros de guerra–,  alcanzan también a los actos cometidos en conflictos armados internos, si bien no se aplica a situaciones de tensiones y disturbios internos como motines, actos aislados de violencia o situaciones parecidas.

Con sede en La Haya (Holanda), la Corte fue establecida por iniciativa de las Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, cuando centenar y medio de países adoptaron su tratado fundacional. Entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras su ratificación por 60 países, incluida España, que lo hizo el 24 de octubre de 2000.

Actualmente son 124 los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, pero quedan otros 60 que no lo han hecho –entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel–.

La Corte no forma parte de la estructura de la ONU, aunque un acuerdo del 4 de octubre de 2004 regula la cooperación entre ambas. Su principal fuente de financiación son sus Estados miembros, pero recibe también aportaciones voluntarias de organizaciones internacionales, gobiernos, particulares y otras entidades. Las Naciones Unidas pueden hacer contribuciones cuando el Consejo de Seguridad le somete un caso.


Sesión de la Corte Penal Internacional. © Hollandse Hoogte/Ilya van Marle

Responsabilidad penal individual

No hay que confundir la CPI con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones Unidas diseñado para tratar conflictos entre Estados, y que no tiene jurisdicción ni competencia en asuntos que impliquen responsabilidad penal individual. También son diferentes los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, creados por resoluciones del Consejo de Seguridad con un mandato limitado a los crímenes cometidos en esas regiones durante períodos concretos de tiempo.

La actuación de la Corte está basada en el principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte: interviene cuando esos países no pueden o no están dispuestos a investigar y perseguir graves crímenes de derecho internacional. La jurisdicción de la CPI solo puede ser activada por la Fiscalía de la Corte, el Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados Parte del Estatuto de Roma. El crimen tiene que haber sido cometido en un Estado Parte o por una persona nacional del mismo. Los Estados No Parte pueden aceptar la competencia ad hoc de la Corte. Y cuando el caso es remitido por el Consejo de Seguridad, la Corte tendrá jurisdicción independientemente de si el Estado es o no parte del Estatuto de Roma.

La jurisdicción de la CPI no es retroactiva, y está limitada a los crímenes cometidos tras la entrada en vigor de su Estatuto en 2002. En los Estados que lo hayan ratificado más tarde, la competencia de la Corte alcanzará solo a los crímenes cometidos después de esa fecha particular, salvo que el país en cuestión haya aceptado explícitamente la competencia de la CPI desde 2002.

El Estatuto de Roma es aplicable a todas las personas, sin distinción alguna por su cargo oficial, sea jefe de Estado o de Gobierno, miembro del Gobierno, de la Administración o del Parlamento. Y los crímenes que persigue no prescriben.

La CPI no  puede dictar condenas de muerte; puede imponer largas penas de cárcel, de hasta 30 años, o incluso cadena perpetua en casos de extrema gravedad y de forma excepcional. También puede imponer multas y decomisos, entre otras medidas.


Thomas Lubanga, exdirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo fue condenado en 2012 por el reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados en la región de Ituri.

Estructura de la Corte Penal Internacional

La estructura de la CPI la integran una Presidencia con tres representantes de la magistratura, una División Judicial con 18 jueces y tres Secciones (Casos Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones), la Oficina de la Fiscalía y el Registro. En la Corte, que tiene seis oficinas sobre el terreno, trabajan 700 personas de 90 países.

La CPI ha creado en su Secretaría una Unidad de Víctimas y Testigos para garantizarles medidas protectoras, asesoramiento y seguridad. También ha establecido un Fondo Fiduciario de víctimas para que estas y sus familias obtengan reparación adecuada.

La primera orden de arresto de la CPI contra un presidente en ejercicio se produjo el 4 de marzo de 2009 contra el sudanés Omar al Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil de la región de Darfur entre 2003 y 2008.

La segunda fue contra el líder libio Muamar al Gadafi, y se archivó tras su muerte durante la revuelta que lo derrocó en 2011.

La primera sentencia condenatoria llegó en 2012, cuando la Corte impuso una pena de 14 años de prisión a Thomas Lubanga, exdirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, por el reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados en la región de Ituri (República Democrática del Congo, RDC) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.

En 2016 la CPI impuso 18 años de cárcel a Jean-Pierre Bemba Gombo, exvicepresidente de la RDC y exjefe militar del Movimiento para la Liberación del Congo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad –incluidos asesinatos, violaciones como arma de guerra y pillaje– cometidos en 2002-2003 en la República Centroafricana. 

En 2016 se registró también la primera condena por destruir patrimonio cultural: el yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias "Abu Turab", recibió una pena de 9 años de prisión por la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Mali) que eran patrimonio de la humanidad; en tanto que "objetivos religiosos, no militares", se consideró crimen de guerra.


El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, llega a la Corte Penal Internacional para responder a preguntas sobre su fallido juicio por cargos de crímenes de lesa humanidad por ser supuestamente el cerebro de la violencia postelectoral en 2007-2008. © ANP/BART MAAT/AFP/Getty Images

Países que amenazan con la retirada de la CPI

El 27 de octubre de este 2017, Burundi se convertía en el primer país en abandonar la CPI, un año después de que su presidente Pierre Nkurunziza promulgara una ley para completar su retirada. En ese mismo mes de octubre de 2016, los presidentes de Sudáfrica y Gambia anunciaban decisiones similares, aunque luego dieron marcha atrás.

La Corte ha dejado claro que la salida de Burundi no afectará al examen preliminar de la situación del país iniciado en abril de 2016, motivado por un informe de la comisión investigadora de la ONU que denunció que aún se estaban cometiendo allí crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos y violencia sexual.

En el caso de Sudáfrica, su anuncio de retirada de la CPI –luego rectificado– tuvo como trasfondo su negativa a arrestar al presidente sudanés Omar al Bashir, que en junio de 2015 llegó a Johannesburgo para asistir a una cumbre de la Unión Africana. Contra él pesan dos órdenes de detención internacionales por su papel en el genocidio de Darfur que costó casi medio millón de vidas entre 2003 y 2008.

En cuanto a Gambia, su presidente Yahya Jammeh amenazó también en 2016 con abandonar la Corte por considerar que estaba pensada "para hostigar y humillar a la gente de color, en particular los africanos".

Por si fuera poco, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró en noviembre de 2016 que su país no tiene intención de ser parte del Estatuto de Roma, firmado en 2000 pero no ratificado aún. La amenaza de Moscú siguió al anuncio de la Fiscalía de la CPI de que la situación en Crimea y Sebastopol podía constituir un conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, Rusia no ha ahorrado esfuerzos para bloquear la remisión de la situación de Siria –donde Amnistía Internacional ha documentado posibles crímenes de guerra por parte de fuerzas rusas– a la Fiscalía de la Corte y al Consejo de Seguridad.


La primera orden de arresto de la CPI contra un presidente en ejercicio se produjo contra el sudanés Omar al Bachir (en imagen) por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil de la región de Darfur entre 2003 y 2008. © Ebrahim Hamid/AFP/Getty Images

Qué hace Amnistía Internacional en colaboración con la CPI

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos reconocen que hay motivos de preocupación legítimos ante la atención casi exclusiva sobre África de las investigaciones y enjuiciamientos de la CPI, aunque recuerdan que muchos casos tramitados por la Corte le han sido remitidos por los propios países africanos (34 de los 124 Estados Partes) como única vía de enjuiciar a los responsables de crímenes de derecho internacional. También recalcan que hay firmes indicios de que la Fiscalía de la CPI está intentando remediar ese desequilibrio y ampliar su labor a otras regiones, como demuestran la investigación de los crímenes cometidos en Georgia y los avances en los exámenes preliminares sobre Afganistán, Palestina, Ucrania e Irak-Reino Unido. Otro problema paralelo es el doble rasero del Consejo de Seguridad al remitir casos a la Corte.

Amnistía anima a los 124 Estados Partes a trabajar juntos para resolver los déficits de la CPI, y apunta varias recomendaciones:

  • Que pidan a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no ejerzan su prerrogativa de veto para bloquear la remisión a la Fiscalía de la CPI de situaciones que impliquen genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

  • Que aprueben recursos suficientes para que la Corte pueda ampliar sus investigaciones.

  • Que aseguren la cooperación de los gobiernos con la Corte, en particular en la detención y entrega de personas sospechosas.

  • Que cualquier modificación del marco legal de la Corte garantice el mayor grado de imparcialidad para las personas acusadas y el máximo respeto a los derechos de víctimas y testigos.

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