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Claudia Erazo es abogada y fundadora de la organización jurídica Yira Castro. lleva más de 15 años luchando para que la justicia llegue a las seis millones de personas que se han visto desplazadas de sus tierras en Colombia. © AI/Alberto Senante

Colombia: Las negociaciones de paz no han tenido ningún efecto en el proceso de restitución de tierras

Por Alberto Senante, Amnistía Internacional España, 

Claudia Erazo, abogada, cofundadora de la organización jurídica Yira Castro, lleva más de 15 años luchando para que la justicia llegue a las seis millones de personas que se han visto desplazadas de sus tierras en Colombia. En su gira por Europa de la mano de Amnistía Internacional ha tratado de concienciar a organizaciones y representantes políticos de un problema que, pese a los avances legislativos, lleva décadas sin resolverse.

Usted fue una de las fundadoras de la corporación jurídica Yira Castro. ¿Por qué nace y a qué se dedica esta organización?

Las fundadoras pertenecíamos al colectivo de abogados. Éramos estudiantes de derecho o recién licenciadas. Nos encontramos que a comienzos del año 2000 había un nuevo tipo de víctimas que emergía por fin de la invisibilidad que eran los desplazados y las desplazadas en Colombia. Eran personas que llenaban las calles de las ciudades, que solicitaban poder ir a otro lugar o ayuda. Y la respuesta era siempre 'vaya a una iglesia', 'hagamos una rifa', es decir, actos de caridad. Pero esa no era la alternativa. La alternativa era que el Estado les ofreciera un refugio seguro en condiciones dignas.

Mayoritariamente las tierras están usurpadas por grandes empresarios.

Ante esa situación, y al ver que no había muchas organizaciones que se dedicaran a este tema, se creó la corporación en 2001 con la intención de apoyar en la reivindicación de sus derechos a las víctimas del desplazamiento forzado.

¿En qué situación se encuentra el proceso de restitución de tierras en Colombia?

Pese a las manifestaciones institucionales y pese a la buena voluntad de muchos de los funcionarios, el mecanismo de restitución no va bien, o tal vez la frase adecuada es que va muy mal. La meta era la restitución de por lo menos 3 millones de hectáreas, de las más de 8 que fueron robadas en el marco del conflicto armado en el plazo de 10 años. Hasta la fecha, han pasado 3 años y se han restituido 86 mil hectáreas. Así que hay una fuerte preocupación en el país por los pocos avances del proceso. Pese al esfuerzo institucional que en principio se está haciendo, la creación de toda una burocracia que se está implantando para la aplicación de la ley de restitución, el proceso no está dando resultados.

¿Qué motivos hay para que las devoluciones avancen tan lento?

No está dando resultados porque quienes están ocupando las tierras en este momento no están interesados en devolverlas ni hay alternativas contundentes por parte del Estado. Entendemos que hay situaciones de campesinos vulnerables que pueden estar en las tierras, pero la ley contempla la posibilidad de reubicarles o compensarles. Mayoritariamente las tierras están usurpadas por grandes empresarios del latifundio, de la ganadería, por personas vinculadas con la mafia, con actores armados ilegales que propiciaron el desplazamiento y el despojo.

Hay una campaña muy fuerte de amenazas a los reclamantes de tierras por los mismos paramilitares que desplazaron a millones de personas.

El no tener una respuesta contundente frente a estos usurpadores es lo que tiene obstaculizado el proceso de restitución. La impunidad que acompañó al desplazamiento y el despojo está jugando en contra del proceso de restitución porque son opositores que están empleando cualquier vía para obstaculizar estos procesos, y además cuentan con  aparatos armados ilegales que siguen ejerciendo presión y amenazas contra las comunidades reclamantes y contra las organizaciones que les acompañan. Incluso han llegado a amenazar a funcionarios públicos responsables de procesos de restitución.

¿Que situaciones afrontan estos reclamantes de tierras?

En su mayoría los reclamantes son personas que se vieron forzadas a desplazarse y que se mantienen en condiciones de alta vulnerabilidad en los lugares donde buscaron refugio, en grandes ciudades o en pequeños municipios y el factor común es la vulnerabilidad.

Por otro lado está la desconfianza frente al proceso, frente a las instituciones. Hemos recibido muchas denuncias de víctimas reclamantes que se niegan a adelantar el proceso de restitución por no tener confianza en las personas que se encuentran en las entidades responsables, por considerarlas ligadas a los actores armados o funcionarios públicos que propiciaron el despojo. Incluso funcionarios que alguna vez fueron señalados de pertenecer o favorecer a grupos armados ilegales se encuentran hoy en entidades responsables de restitución. Eso genera mucho temor y mucha desconfianza, y por eso tal vez no se han recibido tantas solicitudes de restitución como se esperaba. Se han recibido 72 mil solicitudes y sólo se ha dado respuesta efectiva a menos de 2 mil de ellas.
 
También hay una alta sensación de que no existen garantías para la restitución, en la medida en que persisten los grupos armados ilegales en los territorios ligados a esos poderes políticos y económicos, por lo que persiste esa amenaza. En un sabotaje a la ley, hay una campaña muy fuerte de amenazas a los reclamantes de tierras por los mismos paramilitares que desplazaron a millones de personas.   

Durante los 50 años del conflicto armado de Colombia, millones de personas han sido expulsadas de sus tierras y han visto así arrebatado su sustento. © Corporación Claretiana Norma Pérez Bello-Centro Claretiano de Investigación y Educación Popular

¿El proceso de paz que se negocia actualmente puede acelerar el proceso de restitución de tierras?

Creo que no ha tenido ningún efecto positivo en el actual proceso de restitución de tierras. Primero, porque las negociaciones se adelantan en medio del conflicto. Siguen los operativos militares y sigue la presencia guerrillera en amplias zonas del país. Hay muchas zonas que se han denunciado como zonas de despojo y abandono forzado en donde se mantiene la guerrilla, por lo que no hay condiciones de seguridad para hacer procesos de restitución.

Por otro lado, sí encontramos positivo que la guerrilla de las FARC haya acordado con el Gobierno nacional empezar un proceso de desminado humanitario que por tantos años se había reclamado. Porque obviamente muchas de las zonas que fueron despojadas a sus propietarios fueron minadas, y el hecho de que tengan minas antipersonales impide que se hagan procesos de restitución allí.

Las zonas donde se concentró el despojo se vienen concesionando a empresas extranjeras la posibilidad de la explotación minera y de agroindustria.


Por el contrario, como bien reconoce la Unidad de Restitución de Tierras, fue el paramilitarismo el mayor responsable de despojo en el país. Se les atribuye un 70% del despojo, se supone que se desmovilizaron en 2005 y se acogieron a la justicia e iban a restituir las tierras que robaron. Pero eso no se hizo. Un paramilitarismo que, lejos de haberse desmovilizado, persiste en la agresión y la amenaza.

Esto no quiere decir que el tema de la tierra no esté presente en el proceso de paz, es el punto uno de la agenda con las FARC. Resolver el problema de la tierra está estrechamente ligado con resolver el problema del conflicto armado en Colombia. El fracaso en la ley de restitución de tierras sí podría tener un impacto significativo en los acuerdos a los que se pueda llegar. Porque eso demostraría que no hay la voluntad para cumplir con esos acuerdos, de avanzar en las posibilidades de transformación.

¿Qué intereses hay sobre las tierras expoliadas?  ¿Qué papel juegan las empresas extranjeras en este conflicto por la tierra?

En un país de economía primaria como Colombia que depende de sus recursos naturales, el tema de la tierra es el más importante. Los intereses que hay sobre la tierra son poder garantizar el desarrollo de la agroindustria y de la minería a gran escala, que en este momento son las dos locomotoras de la economía. Hay informaciones que dicen que más del 40% del territorio nacional se viene concesionando para explotaciones, teniendo en cuenta que también algo más del 40% del territorio está en zonas selváticas, en zonas protegidas. Pero aún así estas zonas parecen solaparse con zonas de explotación minera.

En las zonas donde se concentró el despojo se vienen concesionando a empresas extranjeras la posibilidad de la explotación minera. También hay una gran potenciación de la agroindustria, en especial de los productos para generar el llamado biocombuistible, que tiene una capacidad tremenda de deteriorar la tierra y para las aguas cercanas. Pero aquí se promociona como la nueva alternativa energética, no fósil y ecológica.

Lo más importante que debe hacer la comunidad internacional es verificar si sus empresas están  comprometidas en procesos de desplazamiento.


Otro producto importante para las empresas extranjeras, especialmente europeas, es el carbón. En esa demanda irracional por la energía, el carbón es un producto apetecido y Colombia tiene la mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo (Cerrejón), y que es explotada por una empresa suiza. Y muchas de las regiones donde se ha venido ampliando la mina se han visto comprometidas en procesos de desplazamiento y despojo, especialmente de comunidades indígenas.

También hay otros productos vegetales que se exportan a países europeos como el banano o el café,    que se cultivan en zonas donde también hay denuncias de desplazamiento. Y ni qué hablar del oro. Se ha venido a afirmar que el oro es la nueva cocaína, por ser el nuevo motor de las economías ilegales. En ese afán extractivista se han generado unos circuitos económicos de explotación ilegal muy fuertes, que están alimentando a los actores armados y que están beneficiando a empresas mineras, particularmente de los países del norte.

Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) se han visto abocadas al desplazamiento forzado.  Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas de tierra, aproximadamente el 14 por ciento del territorio colombiano. © AI

¿Qué papel está jugando la comunidad internacional en el tema de las tierras, y qué se puede hacer desde la sociedad civil de otros países para apoyar a las personas desplazadas de sus tierras?

¿Qué está haciendo la comunidad internacional? No todo lo que quisiéramos. Saludamos que están apoyando el proceso de paz, siguiéndolo, incluso varios países han nombrado funcionarios como observadores del proceso. También es interesante que difundan en la opinión pública la situación del país, y que se reanime el interés sobre Colombia en países como los europeos.

También sabemos que están apoyando la implementación de la ley 14/48  [Ley de restitución de tierras] y están aportando recursos para que el gobierno mejore su capacidad para responder a este reto. Razón por la cual les estamos diciendo 'si ustedes están apoyando este proceso, tienen toda la legitimidad para exigir mejores resultados'.

Pero por otro lado no están haciendo lo que es más importante que es verificar si sus empresas se están viendo comprometidas en procesos de desplazamiento y despojo, si sus empresas se están viendo beneficiarias de estas situaciones, o están haciendo inversiones, explotaciones, concesiones, plantaciones en estas zonas.

Sobre eso no se ha querido avanzar, pese a que existen compromisos claros de los gobiernos europeos sobre este tema. Y pese a que existen directrices de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas, y particularmente sobre la acción de los Estados para controlar la acción de sus empresas. Esto no se ha tomado en serio y permite que esta situación persista.

¿Qué pedimos a la sociedad europea?  Consciente de todo esto, que se solidarice con la causa de los campesinos desplazados en Colombia y nos apoye en esta demanda de medidas efectivas para la restitución. Tanto para que el Gobierno de Colombia asuma su responsabilidad en la reparación a las víctimas, adelante de manera efectiva los procesos de restitución, enfrente de manera oportuna el paramilitarismo y todos los factores que sostienen el despojo; como a los gobiernos europeos, para que tomen cartas en el asunto con respecto a sus empresas, que en última instancia son las que se están beneficiando de la explotación de esas zonas despojadas a los campesinos.

 

Para saber más:

Informe: Un título de propiedad no basta. Por una restitución sostenible en Colombia