Las últimas fotos de Ali al-Nimr son previas a su detención en 2012, cuando tenía 17 años. Al calor de la Primavera Árabe y las ansias de reforma, Ali creyó en un mundo mejor y por él se manifestó, pero los mundos mejores no existen en países gobernados por autócratas.
Ali al-Nimr fue condenado a muerte por un delito que presuntamente cometió cuando tenía 17 años. ¡Ayúdanos a presionar al gobierno saudí! Firma nuestra petición antes de que sea demasiado tarde. ¡Detén su decapitación!
Ali fue detenido, acusado y finalmente condenado a muerte por participar en manifestaciones contra el gobierno, atacar a las fuerzas de seguridad, estar en posesión de una ametralladora y cometer robos a mano armada. Todo ello confesado tras ser sometido a tortura y otros malos tratos. El juez podría haber ordenado una investigación al respecto, pero en Arabia Saudí este tipo de confesiones son suficientes para condenar a una persona a la pena de muerte, incluso siendo menor en el momento de cometer el delito. Poco parece importarle a las autoridades saudíes violar las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que, precisamente, el país es Estado Parte. Ali puede morir decapitado en cualquier momento.
Afirmar que la pena de muerte en Arabia Saudí se aplica en nombre de la justicia y respetando las más estrictas normas y salvaguardias relativas a juicios justos es una burla a la verdad. El sistema de justicia de Arabia Saudí, basado en la sharia, carece de código penal, lo que hace que las sentencias queden al arbitrio de cada juez. El sistema tampoco es capaz de garantizar el derecho a un juicio justo y muchas sentencias son el resultado de procedimientos irregulares y sumarios que atentan contra las normas internacionales. A muchos acusados se les niega la asistencia letrada y son declarados culpables en base a confesiones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, coacción o engaño. También se les suele negar el derecho a una apelación adecuada y completa, permitiendo que se juegue con sus vidas.
La ejecución de Ali al-Nimr podría llegar en cualquier momento en un país que ostenta el deshonor de ser uno de los principales verdugos del mundo. Entre 1985 y 2015, Arabia Saudí ha ejecutado a más de 2.200 personas, 134 en lo que va de 2015; lo que supone un promedio de una ejecución cada dos días. Esta ola se disparó tras el fallecimiento del rey Abdalá bin Abdelaziz y la subida al trono del rey Salman el pasado mes de enero. Tal ha sido el incremento que a mediados de mayo, el Ministerio de Administraciones Públicas difundió una oferta de empleo en la que ofrecía ocho vacantes para el puesto de verdugo. No pedían cualificación ni experiencia.
El pasado mes de mayo, el Ministerio de Administraciones Públicas difundió una oferta de empleo en la que ofrecía ocho vacantes para el puesto de verdugo. En imagen, un activista de Amnistía Internacional hace una performance contra la Pena de Muerte. © AI
Las autoridades de Arabia Saudí defienden el uso de la pena de muerte argumentando que no pueden olvidar los derechos de las víctimas y rechazan las críticas por el creciente número de ejecuciones. Amnistía Internacional se opone a la pena capital en todos los casos sin excepción por violar el derecho a la vida reconocido en la Declaración Universal de Derechos los Humanos. La organización pide a las autoridades saudíes que establezcan con urgencia una moratoria oficial de las ejecuciones y reformas significativas en el sistema de justicia penal del país.
En el caso de Ali al-Nimr, las autoridades saudíes aún no han respondido de manera positiva a los llamamientos internacionales, por lo que, ante su inminente decapitación, seguimos recogiendo firmas para detenerla.
