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Altar en homenaje a la defensora Berta Cáceres ©Amnistía Internacional / Anaïs Taracena

"Acoso y derribo" al activismo ambiental en Honduras y Guatemala

Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional @ManuMediavilla,

A los seis meses del asesinato de Berta Cáceres, un informe de Amnistía Internacional denuncia un círculo vicioso de estigmatización y criminalización, desprotección y violencia e impunidad

“Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo”, solía decir Berta Cáceres, la dirigente indígena y defensora de la tierra, el territorio y el medioambiente hondureña asesinada hace seis meses. Un crimen que demostró hasta qué punto, como subraya Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, "la defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica" y alcanza "un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal” cuando se centra en defender la tierra, el territorio y el medio ambiente frente a los grandes proyectos de minería, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica.

Un informe publicado recientemente por Amnistía, Defendemos la tierra con nuestra sangre, inicia en Honduras y Guatemala una serie que refleja esa dramática realidad, que dibuja un círculo vicioso de desprotección y violencia, de estigmatización social y criminalización judicial, de falta de justicia e impunidad. Y todo ello bajo la sombra de la corrupción que protege poderosos intereses económicos.

Una auténtica estrategia de acoso y derribo contra el activismo ambiental que tiene su trágico reflejo estadístico: en 2015, la ONG Global Witness registró en América Latina el 65% de los homicidios mundiales (122 de 185) contra personas defensoras del medio ambiente. En Guatemala hubo 10 asesinatos y en Honduras 8, aunque es este país (12 en 2014) el de mayor número de asesinatos per cápita en el mundo en ese ámbito.

Contexto: pobreza, injusticia, corrupción

Este drama tiene su propio contexto de pobreza, injusticia, violencia y corrupción. Las cifras de pobreza son abrumadoras: el 62,8% en Honduras y el 59,3% en Guatemala sobrevive con menos de un dólar al día, lo que se traduce en un millón y 2,5 millones de personas desnutridas respectivamente. La mayoría son indígenas o campesinos, cuya existencia está ligada a la tierra y otros recursos naturales. Su defensa del medio ambiente es una lucha por la supervivencia.

Una lucha que se desarrolla con un trasfondo de violencia (Honduras y Guatemala registraron en 2015 altas tasas de homicidios: 58,5 y 30 por 100.000 habitantes), de impunidad (hasta el 80% de los crímenes pueden quedar sin responsabilidad penal), y bajo un sistema de justicia de "dos velocidades". Una "lenta" para las violaciones de derechos humanos (las del golpe de Estado de 2009 siguen impunes) y para las amenazas, agresiones y asesinatos contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, cuyas investigaciones se eternizan y rara vez llegan a juicio. Y otra "rápida", basada con frecuencia en acusaciones infundadas, para perseguir a quienes defienden  los recursos naturales vitales.

Y con la corrupción como telón de fondo. El año pasado, Transparencia Internacional situó a Guatemala en el puesto 123 de 167 países en percepción de la corrupción pública, y a Honduras en el 112.

Ese escenario se completa con un enfoque inadecuado de la seguridad pública, que incorpora fuerzas militares especiales, con entrenamiento y equipo castrense, para combatir la violencia y el crimen organizado. Amnistía Internacional ha advertido repetidamente que el empleo de las fuerzas armadas -entrenadas para enfrentar posibles ataques externos- en situaciones de orden público conlleva graves riesgos, sobre todo de uso excesivo de la fuerza.

Ana Miriam Moreno, miembro de MILPAH, Santa Elena, La Paz, Honduras © Amnistía Internacional. Foto:Taracena

Problemas de fondo sin resolver

Todo lo contrario de lo que necesitan ambos países, que arrastran un dramático legado de violencia y abusos de derechos humanos. En Guatemala se firmó en 1996 un Acuerdo de Paz Firme y Duradera para cerrar el conflicto armado interno, pero sus incumplimientos en materia de derechos indígenas y campesinos ha dejado sin resolver los problemas de fondo sobre la tierra y la exclusión de los pueblos indígenas. La pervivencia de la vieja doctrina del "enemigo interno" ha empeorado la situación con incesantes campañas para desacreditar y criminalizar cualquier activismo ambiental.

Honduras, por su parte, vive todavía las consecuencias del golpe de 2009, cuyas graves violaciones de derechos humanos permanecen impunes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección para diversas autoridades, activistas, periodistas y sindicalistas en riesgo, pero eso no detuvo las amenazas y ataques. Lo confirmó trágicamente el asesinato de Berta Cáceres, líder del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2015. Y lo siguen confirmando las posteriores agresiones contra su organización, sus integrantes y otras personas defensoras del medio ambiente. El acoso alcanza a sus familias, incluidas mujeres embarazadas, niñas y niños.

Preocupados por su seguridad, los hijos de una defensora indígena tolupana han llegado a sugerirle "que debería callarme, que no debo seguir denunciando y salirme". Pero ella tiene claro que "no voy a dejar mi lucha". También va a seguir Martín Gómez, subcoordinador general del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPAH, organización hermana del COPINH de Berta Cáceres), porque “al hacer este trabajo no estamos pensando en mi derecho, en mi agua, en mi tierra", sino "en toda la gente, en todo el planeta y en todo el país”. Y porque “nos queda levantar nuestra voz. No tenemos armas, no tenemos dinero, no tenemos poder, pero sí tenemos la voz, y eso es lo que estamos utilizando. Y así hemos logrado grandes avances”.

Objetivo: desarticular el movimiento ambiental

La estigmatización social, los ataques y la criminalización judicial contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente que documenta el informe de Amnistía Internacional no solo buscan desgastarlos y sacarlos de la arena pública. Su gran objetivo es desarticular los movimientos y organizaciones que defienden pacíficamente la tierra, el territorio y el medio ambiente frente a los megaproyectos de minería, extracción maderera y producción eléctrica.

Gustavo Castro, el activista de la organización Otros Mundos y único testigo del asesinato de Berta Cáceres, recuerda su encuentro con 80 miembros de comunidades locales hondureñas para discutir alternativas a los proyectos hidroeléctricos. Una "reflexión muy rica", dice, dominada por una gran idea: "Resistir, pero también buscar alternativas. El sueño es construir otros mundos posibles, dar vida en medio de tanta violencia y tanta muerte. Pero ya ni eso nos dejan”.

En Honduras no les dejan por una Ley de Protección que se incumple sistemáticamente. Por detenciones arbitrarias durante horas o días en las que no faltan malos tratos policiales. Por allanamientos de madrugada de sus casas. Por la falta de justicia, con cientos de procesos a defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, muchas veces sin asistencia jurídica y muy costosos para sus familias y organizaciones. Por injustas y gravosas condiciones de libertad provisional, que obligan a caminar durante horas, gastar en transporte y perder jornadas de trabajo para acudir a firmar al juzgado. Por medidas sustitutivas dudosamente legales, como desvincularse de movimientos u organizaciones de defensa de derechos humanos. Por la retención de ayudas humanitarias y sociales del Estado frente a problemas como la sequía.

En Guatemala no les dejan las incesantes campañas de difamación, que no reparan en insultos personales -“alborotadores profesionales”, “bandoleros”, “chusma fratricida fracasada”-, a sus organizaciones -"ONG de izquierda otrora organizaciones terroristas” y “ONG vividoras de los derechos humanos”- y a todo el activismo proderechos humanos, "convertido en un negocio en este país centroamericano, pero un negocio exclusivo de los exguerrilleros-terroristas”. No les dejan los rumores interesados -supuestos sobornos, supuestos tratos con narcotraficantes- para dividir a los movimientos y apartar a sus líderes. Y no les deja la criminalización judicial, con investigaciones criminales infundadas que se prolongan, detenciones preventivas que se dictan como regla y órdenes múltiples de detención contra miembros de un mismo movimiento que son sentidas como un “encarcelamiento psicológico” y que pretenden disuadir a otras personas de integrarse o seguir la lucha ambiental.

HONDURAS: ¡JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES Y NELSON GARCÍA!

Las autoridades hondureñas tienen la obligación de llevar a los responsables de las muertes de Berta y de Nelson ante la justicia.

¡firma!

 

 

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