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Un niño soldado del gupo rebelde Unión de Patriotas Congoleños

Abandonar la Corte Penal Internacional es una traición a las víctimas de las peores atrocidades del mundo

Hace unos días, Sudáfrica se despertó con un terrible noticia. Su gobierno había notificado a la ONU su intención de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), la única institución internacional permanente que puede hacer comparecer ante la justicia a quienes cometen los crímenes más atroces, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

La noticia tomó por sorpresa a la opinión pública de Sudáfrica y del mundo. También sorprendió a algunos de los altos cargos del gobierno e incluso al Parlamento, la institución legisladora del país que aprobó la ratificación del Estatuto de Roma en 1998 y su incorporación en las leyes nacionales en 2002.

En resumen, pocas personas lo vieron venir.

Sabemos ahora que la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, Maite Nkoana-Mashabane, fue quien encabezó la iniciativa de abandonar el Tribunal en una carta con fecha de 19 de octubre de 2016.

La idea de que Sudáfrica deje la CPI, cuyo Estatuto muestra las marcas de las históricas luchas de Sudáfrica para que se reconociera el apartheid como crimen de lesa humanidad, ha conmocionado al mundo. Es un duro golpe a la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional en África y más allá.

Entre las razones esgrimidas para abandonar la Corte, Sudáfrica cita diversos motivos de preocupación sobre las relaciones entre el Consejo de Seguridad de la ONU y la CPI, y el hecho de que esta “tiene por objetivo” los Estados africanos.

En su carta, la ministra Nkoana-Mashabane dice: “las percepciones de desigualdad y falta de imparcialidad en la práctica de la CPI […] no sólo dimanan de la relación de la Corte con el Consejo de Seguridad, sino también de la percepción de que la CPI está especialmente centrada en los Estados africanos”.

Miembros del cuerpo de seguridad de Malí caminan entre los escombros tras la protesta contra la detención de un popular activista. Los enfrentamientos con la policía dejaron tres muertos y varias personas heridas. © AP Photo/Baba Ahmed

Aunque algunos de los motivos de preocupación de Sudáfrica sobre la CPI podrían ser legítimos, teniendo en cuenta sobre todo el poder que ejercen los miembros permanentes en la remisión de casos por el Consejo de Seguridad a la Corte, mi opinión es que el país estaría en mejores condiciones para luchar en estas batallas quedándose en la Corte y ofreciendo un muy esperado liderazgo desde dentro. Sin embargo, el argumento de que la CPI tiene por objetivo los “Estados africanos”, aunque se cita a menudo (y probablemente es popular en el continente, dados sus conocidos dobles raseros), está fundamentalmente viciado. Desde luego, no proporciona una base suficiente para que un país poderoso y respetado como Sudáfrica —que se autoproclama adalid de la justicia y de los derechos humanos— abandone la Corte.

Es importante señalar que muchos de los casos que tramita actualmente la CPI le han sido remitidos por los propios países africanos, que consideran la institución como la única que puede enjuiciar a perpetradores de crímenes de derecho internacional y hacer justicia a las víctimas en estas situaciones.

Por ejemplo, en julio de 2012, el gobierno de Malí remitió a la CPI la situación relativa a los crímenes de guerra cometidos en el país desde 2012. La Corte comenzó sus investigaciones en enero de 2013, centrándose en los crímenes de guerra cometidos desde 2012. El 27 de septiembre, la Corte declaró culpable a Ahmad Al Faqi Al Mahdi, miembro destacado del grupo armado Ansar Eddine, del crimen de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra edificios religiosos y monumentos históricos.

En abril de 2004, el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), donde Sudáfrica ha invertido millones en los esfuerzos para lograr la estabilidad, remitió a la CPI la situación del país. La CPI ha realizado investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado en la región de Ituri y en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional, donde se asesinó a innumerables personas y otras fueron violadas o torturadas, o sufrieron el saqueo y la destrucción de sus hogares.

La labor de la CPI en la RDC ha desembocado en la condena de dos líderes de grupos armados, Thomas Lubanga Dyilo y Germain Katanga, y está en curso el juicio contra el líder de otro grupo armado, Bosco Ntaganda.

En septiembre, Gabón pidió que la Corte abriese una investigación sobre posibles crímenes de derecho internacional cometidos durante los disturbios desencadenados por las reñidas elecciones de agosto de 2016 en el país, en los que según los informes murieron decenas de personas.

Estos casos muestran la importancia de la CPI y el papel que puede desempeñar en la mejora del sistema internacional de justicia penal para combatir la impunidad. También muestran el apoyo que vienen ofreciendo a la Corte los gobiernos africanos.


Sudaneses cantan cánticos contra el presidente Al Bashir durante una protesta celebrada frente a la embajada de Sudán en El Cairo, Egipto. © AP Photo/Hassan Ammar