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A la deriva en el Mediterráneo

Por Amnistía Internacional,

A principios de 2019, los gobiernos europeos tardaron casi tres semanas en decidir qué hacer con 49 personas —entre las que había niños y niñas— rescatadas en el mar. Las dejaron a merced de su destino y de las olas durante 19 días. No es la primera vez que ocurre esto y probablemente no será la última. También a principios de enero de 2019, las autoridades españolas prohibieron a la ONG Proactiva Open Arms que llevara a cabo sus actividades de salvamento en el Mediterráneo central.

¿Qué está pasando con la migración en el Mediterráneo central? ¿Y qué está haciendo Europa al respecto?

¿Cómo funcionan las labores de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central?

Según el derecho internacional, las personas que estén en situación de peligro en el mar deben ser rescatadas sin demora y llevadas a un lugar seguro, es decir, a un país donde reciban un trato humano y se les ofrezca una oportunidad real de pedir asilo.

Hasta hace poco, eso significaba que cualquier persona rescatada en el Mediterráneo central que hubiera salido de Libia era llevada a Europa, pues devolverla a Libia la condenaría al riesgo de sufrir detención arbitraria y tortura.

Esto planteaba a los gobiernos europeos un dilema: les interesaba bloquear la migración a través del Mediterráneo central, pues que no quieren que vengan personas a Europa, pero no podían devolverlas a Libia sin infringir la ley.

Así pues, inventaron un método alternativo: empezaron a apoyar a la Guardia Costera Libia para que interceptara a personas en el mar y las devolviera a Libia. Para facilitar este acuerdo, los gobiernos europeos han ayudado a la Guardia Costera Libia de muchas formas: donando barcos, entrenando tripulaciones, ayudando con la planificación y la coordinación y, lo que es crucial, haciendo todo el trabajo preliminar para la declaración de una “región de búsqueda y salvamento” libia en el Mediterráneo central.


Una mujer y un niño esperan a bordo del barco de rescate Sea-Watch 3, a merced de su destino en el mar durante 19 días. © Chris Grodotzki/Sea-Watch

¿Cómo funciona esto en la práctica? La respuesta es que no funciona, como vimos durante la situación de punto muerto a la que se llegó con los barcos de las ONG Sea-Watch y Sea-Eye y el bloqueo de las operaciones de Proactiva Open Arms.

Hemos identificado los problemas que hay que abordar

1. El sistema de Dublín

Con los años, han sido numerosos los casos de barcos que llevaban a personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo que han quedado a merced de su suerte durante horas, días o incluso semanas. Estas demoras han contribuido a que se produzcan muertes en el mar, como en el caso de la embarcación “abandonada a la muerte” de 2011 y el “naufragio de los niños” de 2013.

Tras estos significativos incidentes, los países de la Unión Europea emprendieron operaciones navales que salvaron miles de vidas. No obstante, en los últimos años, con el fin de reducir el número de personas que llegan a Europa, los Estados miembros de la UE vienen retirándose de forma creciente de este compromiso, dejando el Mediterráneo central, una vez más, a su suerte.

Para cubrir este vacío y hacer frente al elevado número de muertes registradas en el Mediterráneo central, varias ONG han enviado barcos a rescatar a personas, totalmente en armonía con el derecho internacional marítimo. Sin embargo, ahora también se deja a merced de su suerte en el mar a los barcos de salvamento de las ONG al negarles permiso para atracar en Europa, especialmente en Italia y Malta, después de que hayan rescatado a personas.

¿Por qué los gobiernos del sur de Europa se muestran tan cautelosos a la hora de permitir el desembarco de personas en su país?

Una razón de peso es el sistema de Dublín, en cuya virtud el primer país en el que entra una persona solicitante de asilo es normalmente el responsable de examinar su solicitud, alojarla durante el proceso, integrarla en caso de que se vea reconocida su solicitud y devolverla a su país si su solicitud de protección es denegada. Esto tiene implicaciones importantes para los Estados fronterizos que, ante la inexistencia de mecanismos de solidaridad intraeuropeos para compartir estas responsabilidades, deciden cada vez más impedir el acceso a su país de solicitantes de asilo, incluso cuando esto significa exponer a estos a riesgos mortales e incumplir sus obligaciones internacionales.

Al fallar de este modo a los Estados fronterizos de la UE, el sistema falla también a las personas solicitantes de asilo, que quedan a merced de su suerte en el mar o en países de la UE con procedimientos de asilo ineficientes o saturados, o sin posibilidad de reunirse con familiares que ya están en otro país europeo.

Lamentablemente, algunos gobiernos europeos han paralizado hasta ahora las propuestas para reformar el sistema de Dublín o para al menos establecer un procedimiento de desembarco rápido y predecible y un sistema justo para repartir a quienes solicitan asilo entre los países de la UE.

2. El acuerdo con Libia

En los últimos años, Italia y otros gobiernos europeos mantienen alejados de Europa a las personas refugiadas y solicitantes de asilo delegando cada vez más el control de las fronteras a las autoridades libias, y concretamente, permitiendo que la Guardia Costera Libia intercepte a personas en peligro en el mar y las devuelva a Libia.

El hecho de que las mujeres, hombres, niños y niñas devueltos a Libia sean detenidos arbitrariamente, torturados, violados y explotados parece importar poco a los líderes europeos.


Un refugiado llora tras ser capturado por la policía antimigratoria en Libia. © Taha Jawashi

Una parte fundamental de esta estrategia fue la declaración de una región de búsqueda y salvamento libia en el Mediterráneo central en junio de 2018, lo que supuso ceder a las autoridades libias la responsabilidad de coordinar las operaciones de salvamento dentro de la zona donde más naufragios se producen y de ordenar a los barcos de salvamento dónde desembarcar a las personas. Pero Libia no tiene capacidad suficiente para coordinar los rescates y las personas rescatadas en el mar no pueden ser trasladadas legalmente a Libia.

En la actualidad, si un barco rescata a personas en la región de búsqueda y salvamento libia, los gobiernos europeos siguen sin poder decir: “llévenlas a Libia”, pues sería ilegal, pero sí pueden decir: “esa es la región de búsqueda y salvamento libia, así que pregunten a Libia qué hacer”. Sin embargo, según el derecho internacional, el capitán del barco continúa teniendo la obligación de no devolverlas a Libia.

Por tanto, se produce un callejón sin salida absurdo en el que las personas rescatadas en el mar no pueden ser llevadas ni a Libia ni a Europa y, por tanto, quedan a merced de su suerte en el mar.

La consecuencia más insidiosa de esta situación es que los capitanes de los barcos, especialmente de los comerciales, son inevitablemente disuadidos de cumplir su obligación de rescatar a personas en peligro en el mar por temor a quedarse días en punto muerto en medio del mar, sin puerto en el que desembarcar.

Para empeorar las cosas, dado que los barcos de rescate de las ONG están trastocando la estrategia de delegación de Europa, algunos gobiernos les impiden llevar a cabo sus actividades de salvamento con investigaciones penales sin fundamento y obstáculos burocráticos.

El último ejemplo de esto se produjo el 8 de enero de 2019, cuando las autoridades marítimas españolas dictaron una orden administrativa que impedía al barco de Proactiva, el Open Arms, rescatar a personas en el Mediterráneo central. En la orden, las autoridades españolas reconocen los fallos del sistema, poniendo de relieve que los Estados mediterráneos han reaccionado a rescates recientes quebrantando leyes y normas marítimas internacionales, pero obligan a solicitantes de asilo y rescatadores a pagar el precio de esos fallos.

Al establecer este acuerdo y expulsar a las ONG de la región de búsqueda y salvamento libia, los líderes europeos han creado una ficción jurídica, usando humo y espejos para afirmar que no tienen ninguna responsabilidad respecto de las personas en peligro en el mar. Esto no es una solución.

3. Distorsionar el debate sobre la migración para obtener un beneficio político

El número de cruces irregulares en las fronteras exteriores de Europa disminuyó en 2018 al nivel más bajo en cinco años, según la agencia fronteriza europea Frontex. Aun así, hay quien cree que hay una “crisis” migratoria en curso en el Mediterráneo.

En 2018 cruzaron el Mediterráneo sólo 114.000 personas refugiadas y migrantes, y en su mayoría llegaron a España (58.569), Grecia (32.497) e Italia (23.370).

Si se tiene en cuenta que en la UE viven más de 500 millones de personas y se compara este dato con las cifras de personas que se mueven dentro de África y Asia, se verá que está lejos de ser la “oleada” de personas que algunos quieren hacernos creer.

Aunque las políticas recientes, sobre todo las italianas, han provocado la reaparición de lo que se conoce como “barcos fantasmas” que llegan a Italia sin ser detectados y han aumentado la probabilidad de que siga sin haber constancia de los naufragios y las operaciones de “recuperación” (devolución a Libia), no hay duda de que el número de travesías marítimas ha caído en picado, especialmente como consecuencia de haber delegado el control fronterizo en Libia en 2017.

A pesar de estos hechos, algunos gobiernos siguen insistiendo en que Europa afronta una “crisis” y que las personas migrantes y refugiadas representan una amenaza para Europa, al igual que los hombres y mujeres civiles que las ayudan, incluso rescatándolas en el mar.

Fomentar la división y alimentar el odio contra las personas extranjeras, aprovechar el espectáculo visible de los rescates marítimos —a pesar de que la mayoría de las personas migra por tierra y aire— y culpar a la UE de todo aun cuando son los gobiernos nacionales los que están creando los problemas, es una estrategia que utilizan unos políticos más interesados en obtener votos que en resolver problemas. Los hombres, mujeres, niños y niñas abandonados a su suerte y a su sufrimiento en el mar no son para ellos más que peones en este juego político.

4. ¿Cuál es la solución?

Para abordar una situación tan compleja, los gobiernos europeos deben trabajar unidos en una solución conjunta que funcione para todos los Estados y que, esto es crucial, funcione para las personas.


© Chris Grodotzki/Sea-Watch

Si quieren que haya menos viajes irregulares a Europa, tienen que ofrecer oportunidades seguras y legales para venir y pedir asilo, buscar empleo o reunirse con sus familiares. Esto no significa eliminar los controles fronterizos, sino ampliar las vías seguras y regulares y mejorar la gobernanza de la migración.

Como es lógico, algunas personas seguirán cruzando el mar en frágiles embarcaciones, por lo que Europa debe contar con un mecanismo para responder. Esto implica tener barcos de salvamento suficientes, pero también establecer un mecanismo rápido y predecible de desembarcos en consonancia con el derecho internacional, y un sistema justo de reparto entre los países de la UE de la responsabilidad sobre las personas que solicitan asilo.

Cuando los gobiernos europeos trabajen con las autoridades libias para contribuir a estabilizar el país, deben hacer hincapié en la promoción de la protección de los derechos, incluidos los de las personas refugiadas y migrantes. El apoyo y la ayuda de Europa a Libia debe ayudar a poner fin a la dependencia de la detención, asegurar la libertad inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar que las personas refugiadas pueden ser reasentadas en un país seguro.

Podemos hacerlo mejor


Un bebé ríe camino de Italia tras una operación de salvamento frente a la costa libia en 2016. © Andreas Solaro/AFP/Getty Images

Como dijo Dimitris Avramopoulos, comisario de la UE de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, en el desastre de Sea-Watch/Sea-Eye:

“Este no ha sido uno de los mejores momentos de Europa [...] La Unión Europea se basa en valores humanos y en la solidaridad. Y si no se defienden los valores humanos y la solidaridad, no es Europa”.

Podría parecer que esta “otra” Europa de la que habla ya está aquí. Pero la mayoría de la ciudadanía europea sigue apoyando los derechos humanos y la solidaridad, y las políticas para bloquear a cualquier precio la circulación de seres humanos no tienen un apoyo tan amplio como el que sugieren sus defensores.

Tenemos que poner coto a la retórica que demoniza a las personas refugiadas y migrantes y a quienes intentan ayudarlas sólo para obtener un beneficio político. Son muchos los hombres y las mujeres europeos que creen que hay que salvar vidas en el mar, que quieren un sistema de asilo más justo y una gobernanza más justa de la migración, y que quieren garantizar que se protegen y no se reducen los derechos de las personas que migran a Europa.

No hay ninguna solución sencilla. Pero precisamente por la complejidad de la situación, las personas responsables de tomar decisiones deben dejar de lado el alarmismo y trabajar para adoptar unas políticas creíbles, humanas y realistas que hagan valer los derechos humanos en lugar de erosionarlos.

 

 

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