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Nicaragua

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Los homicidios por motivos género eran cada vez más brutales. Persistían los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaba vigente la prohibición total del aborto. Se mantenía la impunidad de quienes perpetraban actos de violencia contra los pueblos indígenas. Las autoridades seguían negando un proceso de consulta auténtico y efectivo a las comunidades que probablemente iban a verse afectadas por la construcción del Gran Canal Interoceánico.

En enero, Daniel Ortega tomó posesión del cargo de presidente para un tercer mandato consecutivo. Su esposa, Rosario Murillo, ocupó por primera vez el cargo de vicepresidenta.

Entre enero y diciembre hubo 55 feminicidios, según la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua. La ONG concluyó que esos homicidios habían sido más brutales que en años anteriores, y que quienes los perpetraban tendían a actuar en grupos.

En junio de 2017, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres; esa enmienda reducía a la esfera privada el alcance de la definición de feminicidio, con lo cual limitaba ese delito a las relaciones entre cónyuges o integrantes de otro tipo de pareja sentimental. Quienes se oponían a la nueva definición señalaron que negaba la realidad de los feminicidios, que también se cometían en espacios públicos.

El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias. Nicaragua tenía aún uno de los índices de embarazo adolescente y mortalidad materna más elevados de las Américas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Persistía la impunidad por delitos tales como homicidios, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de pueblos indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Norte, aunque tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían ordenado a Nicaragua en 2015 que adoptara todas las medidas necesarias para investigar esos delitos.

Continuaban los ataques contra defensoras de los derechos humanos, según se denunció en una audiencia pública celebrada ante la CIDH en septiembre. Las organizaciones de la sociedad civil integradas por mujeres denunciaron haber sufrido amenazas de muerte, así como detenciones arbitrarias y ataques perpetrados con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades del Estado.

En marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia sobre el caso Acosta y otros vs. Nicaragua; halló al Estado responsable de violar los derechos a la justicia, la verdad y la integridad física de la defensora de los derechos humanos María Luisa Acosta, tras el asesinato de su esposo, Francisco García Valle.1 Las autoridades no habían tomado aún medidas para cumplir la sentencia, y en especial para poner fin a la impunidad en ese caso y garantizar que se respetaran los derechos de María Luisa Acosta a la justicia y la verdad.

En agosto, la CIDH concedió medidas cautelares a Francisca Ramírez y a la familia de ésta, después de que sufrieran amenazas de muerte, hostigamientos y ataques en represalia por el activismo de Ramírez en oposición a la construcción del Gran Canal Interoceánico.

Seguía sin haber un proceso auténtico y efectivo de consulta para las personas que iban a verse afectadas por la construcción del Gran Canal Interoceánico, lo cual violaba los principios internacionales de los derechos humanos.2

Según el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, no se había garantizado el derecho de los indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol al consentimiento libre, previo e informado en relación con ese proyecto, pese a la presentación de varias apelaciones ante los tribunales. Las organizaciones de la sociedad civil indicaban que la magnitud del proyecto, que iba a incluir un oleoducto y dos puertos, entre otras infraestructuras, afectaría a cientos de miles de personas y las pondría en peligro de desalojo.

Varias organizaciones de derechos humanos y comunidades campesinas continuaban pidiendo la derogación de la Ley 840, la legislación que reglamentaba el Canal, por las insuficientes garantías que ofrecía para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Estas demandas seguían siendo rechazadas, y las autoridades no habían entablado un diálogo significativo con las comunidades que probablemente iban a verse afectadas por la construcción del Canal.

En noviembre se celebraron elecciones municipales en un contexto de violencia, y se reportaron al menos 5 muertes y 30 personas heridas en seis municipios.

También hubo informaciones sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra personas que se manifestaban pacíficamente contra la construcción del Canal, y denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes. Se informó asimismo sobre hostigamientos e intimidaciones a defensores y defensoras de los derechos humanos por su oposición al proyecto.

  1. Nicaragua: El Estado debe cumplir, sin dilación, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AMR 43/6173/2017)
  2. Peligro: Derechos en venta. El proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos (AMR 43/6515/2017)
República de Nicaragua
Jefe del Estado y del gobierno: Daniel Ortega Saavedra
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