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Nicaragua

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Los conflictos de tierras en la Región Autónoma de Atlántico Norte desencadenaron ataques violentos contra los pueblos indígenas misquitos. Las personas defensoras de los derechos humanos seguían siendo objeto de amenazas e intimidación por su labor. Las comunidades indígenas y afrodescendientes denunciaron violaciones de su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto del desarrollo del Gran Canal Interoceánico. Varias comunidades y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación ante el posible impacto negativo del canal sobre sus vidas. Continuaba vigente la prohibición total del aborto.

En noviembre, Daniel Ortega, del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue reelegido para un tercer mandato consecutivo como presidente. Su esposa, Rosario Murillo, fue elegida vicepresidenta por primera vez. Según la información publicada por los medios de comunicación, el FSLN también incrementó su representación en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Persistía la impunidad por la violencia de género. Un observatorio local gestionado por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres denunció que entre enero y octubre se habían cometido 44 feminicidios, 30 de los cuales aún no se habían enjuiciado.

Las mujeres que vivían en la pobreza seguían siendo las principales víctimas de la mortalidad materna, y Nicaragua tenía uno de los índices más elevados de embarazo adolescente de América. El aborto estaba prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando era indispensable para salvar la vida de la mujer.

La propuesta de construcción del Gran Canal Interoceánico continuó generando controversia, y las organizaciones de la sociedad civil denunciaron varias posibles violaciones de derechos humanos relacionadas con el proyecto. Según las organizaciones locales, de ser construido, el canal conllevaría el desalojo de decenas de miles de personas y afectaría directamente a los medios de subsistencia de comunidades campesinas, indígenas y otras.

En abril, los miembros del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía presentaron ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional una iniciativa ciudadana de ley respaldada por casi 7.000 firmas que pedían la derogación de la ley reguladora del canal. La propuesta fue rechazada ese mismo mes por falta de competencia.1 La cuestión fue remitida a la Corte Suprema de Justicia y, al concluir el año, la decisión seguía pendiente.2

En febrero, los líderes de las comunidades indígenas y afrodescendientes rama-kriol afectadas llevaron el caso ante un tribunal nacional. Afirmaban haber recibido presiones por parte de las autoridades para dar su consentimiento al proyecto. Según el recurso, el 52% de la ruta del canal afectaría a comunidades indígenas y afrodescendientes rama-kriol.3

En mayo, varias autoridades de estas comunidades presentaron un recurso ante un tribunal de apelaciones. Las autoridades comunitarias alegaban que el acuerdo de consentimiento libre, previo e informado para la construcción del Gran Canal Interoceánico se había firmado sin un proceso efectivo de consulta. En junio, el tribunal de apelaciones declaró el recurso improcedente. En julio, líderes y autoridades de las comunidades presentaron otro recurso ante la Corte Suprema de Justicia, cuya resolución estaba pendiente al finalizar el año.4

La violencia estalló en la Región Autónoma de Atlántico Norte. Los pueblos indígenas misquitos eran objeto de amenazas, ataques, violencia sexual, homicidios y desplazamientos forzados por parte de pobladores no indígenas.

Con ese telón de fondo de conflicto territorial y de falta de medidas de protección efectivas por parte del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de los pueblos misquitos. Además, en septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia y garantizar el respeto del derecho a la vida, a la integridad personal y territorial y a la identidad cultural.

En junio fue atacado un refugio de la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia. No había indicios de un intento serio por parte de las autoridades de investigar el incidente.

También en junio, seis activistas ambientales extranjeros fueron detenidos y expulsados del país. En ese mismo contexto, varios miembros de la comunidad, que habían expresado públicamente su preocupación por el impacto del Gran Canal Interoceánico en sus medios de subsistencia, fueron detenidos durante un breve periodo.

En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de personas defensoras de los derechos humanos del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Según la Comisión, estas personas habían declarado haber recibido amenazas de muerte por su labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

En octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia del caso Acosta y otros vs. Nicaragua. Según su familia, Francisco García, víctima de homicidio en 2002, fue atacado por la labor de derechos humanos de su esposa, directora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. Sus familiares alegaban que el Estado no había investigado con diligencia el ataque.

Asimismo, la coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía informó de intimidaciones y hostigamiento contra ella y su familia. Había venido denunciado activamente el posible impacto del Gran Canal Interoceánico en las comunidades campesinas nicaragüenses.

  1. Nicaragua: El Estado debe garantizar la seguridad e integridad de las comunidades que manifiestan de forma pacífica sus preocupaciones frente a la construcción del Canal (AMR 43/3887/2016)
  2. Nicaragua: Las autoridades deben escuchar a quienes expresan sus preocupaciones respecto al Gran Canal Interoceánico (AMR 43/4744/2016)
  3. Nicaragua margina a comunidades locales en su proyecto multimillonario del canal (noticia, 9 de febrero de 2016)
  4. Nicaragua: El Estado nicaragüense no debe ignorar a las comunidades indígenas y afrodescendientes que demandan el respeto a sus derechos (AMR 43/4919/2016)
República de Nicaragua
Jefe del Estado y del gobierno: Daniel Ortega Saavedra