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Torturas a mujeres
La violencia contra las mujeres en los conflictos armados

Las mujeres constituyen la mayoría de los refugiados y los desplazados internos desarraigados por los conflictos. Son extremadamente vulnerables a la violación y los abusos sexuales en las fronteras (por ejemplo, a manos de guardias que exigen sexo a cambio de dejarlas pasar en condiciones de seguridad) y en los campos de refugiados. 

La violación de mujeres por parte de los combatientes en los conflictos armados ha sido una práctica persistente durante siglos. La violación masiva de mujeres de la población «enemiga» sigue siendo una de las armas de guerra más usadas. En los recientes conflictos de la ex Yugoslavia, África Central, Sierra Leona y otros lugares, la violación formaba parte de una estrategia cruel y deliberada para aterrorizar a comunidades enteras y obligar a la población civil a abandonar sus casas. En Sierra Leona, la violación sigue utilizándose contra civiles desarmados como una táctica bélica (véase Sierra Leona: Violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas; índice AI: AFR 51/35/00/s - enlace externo). En palabras de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, «la violencia sexual contra la mujer tiene por objeto enrostrar la victoria a los hombres del otro bando, que no han sabido proteger a sus mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación del enemigo. Es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres» (Informe a la Comisión de Derechos Humanos, 26 de enero de 1998 (E/CN.4/1998/54).).

Los recientes avances del derecho internacional han reforzado los instrumentos legales para combatir las formas de tortura dirigidas específicamente contra las mujeres en los conflictos armados, ya sean infligidas por los gobiernos o por grupos armados. Los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda han emitido varios fallos que han sido de crucial importancia en la lucha por poner fin a la impunidad por los actos de violencia cometidos contra las mujeres durante los conflictos armados. También lo ha sido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que otorga a la Corte jurisdicción sobre los crímenes de guerra de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto de conflictos armados, ya sean internos o internacionales. Según el Estatuto, esos actos, en circunstancias determinadas, pueden también constituir crímenes contra la humanidad ya se cometan en tiempos de guerra o de paz.

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En Guatemala, la violación masiva de mujeres indígenas formó parte de la estrategia de contrainsurgencia del gobierno durante la guerra civil. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada en 1996,  pidió que se iniciara un programa de rehabilitación psicosocial, que incluyera asistencia médica comunitaria, para ayudar a superar los traumas sufridos por esas mujeres violadas y por sus comunidades. Varios años después, el programa en cuestión aún no se había puesto en práctica.