Bruselas está empeñada en que la UE camine por un estrecho sendero fiscal: reclama, por un lado, a los Estados que endurezcan el control sobre el gasto corriente porque la deuda pública está en niveles inusualmente altos y la subida de los tipos de interés añaden presión sobre las cuentas públicas. Por otro lado, la Comisión ruega porque se mantenga la inversión pública para no perder el paso en la doble transición digital y ecológica. Esto se concreta con la recomendación para que empiece a desmontar las ayudas públicas desplegadas a raíz de la guerra de Ucrania y la crisis energética y, en el caso español, destinar el ahorro a reducir el desajuste de las cuentas públicas.