Gracias a todas las personas que han firmado esta petición, que cerramos con una buena noticia.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su reunión especial del 24 de noviembre, ha aprobado la creación de una misión de determinación de los hechos para investigar las violaciones de los derechos humanos en Irán durante las protestas que se sucedieron en todo el país tras la muerte de Mahsa Amini. Esta misión tiene una doble función: escrutinar lo sucedido y recoger las evidencias de los abusos cometidos para que después puedan ser utilizadas en futuros juicios. Esta decisión abre la puerta a que las víctimas y sus familiares obtengan verdad, justicia y reparación, y que termine el ciclo de impunidad que vive Irán desde hace muchos años.
Petición antes del cierre
La muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, de 22 años, ha desencadenado protestas en todo el país que han sido brutalmente reprimidas por las autoridades iraníes. Autoridades que, además, han condenado a muerte al menos cinco personas y están solicitando la pena de muerte para varias personas más con un claro objetivo: intimidar a quienes participan en el levantamiento popular.
El pasado 13 de septiembre, la joven iraní de origen kurdo Mahsa Amini fue detenida en Teherán por la “policía de la moral”. Algunos testigos vieron cómo la golpeaban violentamente para meterla en el furgón policial. Pocas horas después, fue llevada a un hospital en coma y tres días después murió.
Esta “policía de la moral” somete de forma rutinaria a mujeres y niñas a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por no cumplir con las leyes abusivas, degradantes y discriminatorias sobre el uso obligatorio del velo.
La muerte de Mahsa desató un torrente de indignación y protestas en todo Irán. Las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de munición real contra manifestantes a corta distancia, uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, además de golpes y amenazas. Por si esto fuera poco, los Tribunales Revolucionarios de Teherán han condenado a muerte a cinco personas y al menos 21 más están en riesgo de ser condenadas.
Dos meses después del levantamiento popular, la crisis de impunidad que prevalece en Irán está permitiendo a las autoridades no sólo seguir llevando a cabo asesinatos en masa, sino también intensificar el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política.
Firma para que las autoridades iraníes anulen inmediatamente todas las condenas a muerte, se abstengan de solicitar la imposición de la pena de muerte y retiren todos los cargos contra los detenidos en relación con su participación pacífica en las protestas.
