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México: víctima de un juicio injusto

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Petición antes del cierre

Ricardo Ucán, indígena maya condenado por asesinato, vio vulnerados sus derechos, incluido el derecho a un juicio justo, a un intérprete y a una defensa adecuada.

Actualizada: 7 de enero de 2010
¡Buenas noticias! Ricardo Ucán, indígena maya de Yucatán, que fue detenido y condenado a 22 años de cárcel, fue liberado el pasado día 31 de diciembre. Ricardo llevaba 10 años en prisión tras un juicio injusto en el que no contó con la presencia de un intérprete, principio que queda recogido en la Constitución mexicana.

En el proceso que se siguió contra él se cometieron numerosas irregularidades: se le privó de su derecho a un intérprete pese a hablar muy poco español y no saber escribir ni leer, restringiendo gravemente su propia defensa. En enero de 2008 Amnistía Internacional recogió más de 3500 firmas pidiendo la revisión de su caso, que fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ahora, la decisión del Gobierno mexicano constituye el reconocimiento implícito de la injusticia y discriminación sufridas por Ricardo. Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento a las autoridades mexicanas para que todos los procesos judiciales en los que haya implicados indígenas, cuenten con los mecanismos necesarios, como la asistencia de intérpretes, para así asegurar una defensa efectiva.

 

Petición original:

Ricardo Ucán Ceca, indígena maya de Yucatán, fue detenido y condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de un vecino cometido el 5 de junio de 2000.
 
En el proceso que se siguió contra él se cometieron numerosas irregularidades: se le privó de su derecho a un intérprete pese a hablar muy poco español y no saber escribir ni leer, restringiendo gravemente su propia defensa. Su defensora de oficio no llevo a cabo la debida defensa ni firmó el acta de declaración.
 
En estas condiciones, en su declaración inicial afirmó que había matado a su vecino durante una discusión. Días después, en su primera declaración ante un juez, afirmó que su vecino se encontraba también armado y que había disparado contra él en defensa propia. El magistrado no tuvo en cuenta las anteriores irregularidades del proceso.
 
Durante el juicio se concedió mayor valor probatorio a la primera declaración, sin que su defensora de oficio cuestionara este extremo ni presentara pruebas ni argumentos a favor de que hubiera actuado en defensa propia, por lo que finalmente, Ricardo Ucán fue declarado culpable de asesinato con premeditación y condenado a 22 años de cárcel. En 2003, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán recomendó una investigación. Sin embargo, los recursos presentados ante los tribunales fueron rechazados, afirmando que Ricardo no había solicitado el intérprete y que no existían pruebas de su insuficiente conocimiento del español, no responsabilizando al juez ni al procurador de garantizar que el acusado entendiera el proceso, y determinaron que no había pruebas de que perteneciera a una comunidad indígena y que, por tanto, no tenía derecho a un intérprete.
 
Ricardo Ucán sigue en prisión como consecuencia, al parecer, de la discriminación que implica con frecuencia que los presuntos delincuentes indígenas sean objeto de juicios injustos y condenas excesivas.

 

Pide la revisión de su juicio.