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México: Protección para las víctimas de violencia de género

Imagen de una protesta en Cuernavaca, estado de Morelos, Mexico
Protesta en Cuernavaca, estado de Morelos, para pedir justicia para las mujeres

Hemos sido 13.872 firmantes

Esta acción ha finalizado el 27 de febrero de 2009. Cerca de 14.000 personas han pedido al Gobernador del Estado mexicano de Sonora que mejore los mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género.

A pesar del gran apoyo recibido y de que incluso el Instituto Nacional de la Mujer ha publicado una respuesta a nuestras recomendaciones en la pagina principal de su sitio web, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aprobada en 2007, no ha tenido hasta la fecha el impacto esperado –la mayoría de los estados en México aún no cuentan con un reglamento para aplicarla–.

Amnistía Internacional seguirá trabajando para que las mujeres mexicanas que han sufrido violencia de género vean realizados sus derechos humanos.

 

Petición original:

El 27 de octubre de 2005, Lula Lecuana Figueroa Haro murió a manos de su esposo en la Colonia Caridad, Hermosillo, Estado de Sonora. De 2002 a 2005 Lula denunció a su marido cuatro veces por agresión.

 

En una de estas ocasiones, en junio de 2005, su esposo intentó estrangularla y la golpeó en el estómago. Ella presentó una denuncia, tras lo cual el esposo fue detenido, pero quedó inmediatamente en libertad bajo fianza. Lula inició los trámites de divorcio en los tribunales civiles y un juez dictó una orden de alejamiento, que prohibía al esposo acercarse a la casa en la que ella vivía. En julio, al violar el esposo la orden de alejamiento, la policía acudió al domicilio pero, según los informes, se marchó sin arrestarlo y sin tomar medidas para evitar que Lula sufriera represalias.

 

A finales de octubre, Lula fue ahorcada por su marido, quien confesó el asesinato. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya investigado la inadecuada tramitación de las denuncias por violencia presentadas por Lula antes de ser asesinada.

 

La Ley establece órdenes de protección, sin embargo rara vez se dictan o ejecutan; además AI ha constatado gran desconocimiento - entre las víctimas y también entre las autoridades - de la potestad de los agentes del Ministerio Público, además de los tribunales civiles, de dictaminar órdenes de protección y de alejamiento.

 

Pide medidas protectoras eficaces que impidan más muertes por violencia de género.

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