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México: Libertad y justicia para dos presos de conciencia indígenas

Vídeo sobre el caso, elaborado por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 7.732 firmantes

Petición antes del cierre

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz son defensores de derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl de Atla. Ya han pasado más de dos años en prisión por un crimen que no cometieron. ¡Actúa!

Esta acción ha finalizado (30 de octubre de 2012). Muchas gracias a las más de 7.000 personas que han firmado por la liberación de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores de derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl por intentar aumentar el acceso al agua potable en las viviendas de su comunidad. Aunque siguen en prisión, la campaña de Amnistía Internacional va a continuar y la organización seguirá muy de cerca la revisión de este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.

Además de haber enviado al ahora Presidente en funciones Felipe Calderón todos estos mensajes, haremos entrega física de estas firmas a las autoridades mexicanas para mantener la presión por la liberación de los dos defensores indígenas. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia y solicita su liberación inmediata e incondicional.

Petición antes del cierre:
José Ramón Aniceto
tiene 64 años, está casado y tiene ocho hijos. Pascual Agustín Cruz tiene 45 años, está casado y tiene seis hijos. En el momento de su detención, José Ramón Aniceto era presidente auxiliar y Pascual Agustín Cruz era juez de paz de la comunidad de Atla. Son cargos no remunerados para los que fueron elegidos por la comunidad.

Por muchos años, un poderoso grupo liderado por un cacique local controlaba el acceso al agua potable para su propio beneficio económico, cobrando a muchos de los miembros de la comunidad por las conexiones al agua sumas de dinero equivalentes a más de cuatro meses de sueldo. José Ramón y Pascual trabajaron para aumentar el acceso al agua potable en las viviendas. Como resultado de este trabajo, fueron detenidos, juzgados y sentenciados en 2010 a casi siete años en prisión por el supuesto robo de un coche.  

La investigación sobre las acusaciones hechas en contra de José Ramón y Pascual se basaron en pruebas fabricadas y su juicio fue injusto: no tuvieron un intérprete o a un abogado defensor que conociera su lengua, las autoridades no llevaron a cabo una investigación imparcial para establecer los hechos y el juez les negó su derecho a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.

Amnistía Internacional ha analizado los documentos y pruebas judiciales, ha entrevistado a los testigos y a los dos hombres y ha visitado la comunidad de Atla. Basándose en esa investigación, la organización ha concluido que la causa contra José Ramón Aniceto y Pascual Cruz se emprendió exclusivamente como represalia por su labor legítima para incrementar el acceso de su comunidad al agua.

Dos años han pasado y los hombres siguen en la cárcel. Pide al Presidente de México tome medidas para liberar a José Ramón y a Pascual inmediata e incondicionalmente.