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Marruecos / Sáhara Occidental: Los saharauis condenados deben ser juzgados con las debidas garantías en tribunales civiles

La violencia estalló cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron por la fuerza el campamento de Gdim Izik al este de El Aaiún
La violencia estalló cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron por la fuerza el campamento de Gdim Izik al este de El Aaiún © AFP / Getty Images
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Esta acción ha finalizado. Hemos sido 21.197 firmantes

Petición antes del cierre

Un tribunal militar ha impuesto largas penas de prisión a civiles saharauis condenados por los actos de violencia que se produjeron a consecuencia del desmantelamiento del campamento de Gdim Izik en noviembre de 2010. Hay denuncias de tortura.

Esta acción ha finalizado (5 de abril 2013)

Gracias a las más de 21.000 personas que han pedido a las autoridades marroquíes que los activistas saharauis condenados fueran juzgados por un tribunal civil y que se investigaran de forma independiente sus denuncias de torturas y malos tratos y sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en relación con el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik.

Las firmas han sido enviadas al primer ministro de Marruecos, Abdelilah Benkiran. Amnistía Internacional continuará solicitando a las autoridades marroquíes que se aseguren las debidas garantías judiciales en éste y otros casos.

Petición antes del cierre:
El 17 de febrero el Tribunal Militar de Rabat impuso nueve penas de cadena perpetua y condenó a otros 14 acusados a entre 20 y 30 años de prisión. Otros dos acusados quedaron en libertad tras cumplir en detención preventiva la pena de dos años de prisión que les fue impuesta.

Las sentencias condenatorias se refieren a los actos de violencia que se produjeron durante y tras el desmantelamiento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento de Gdim Izik en noviembre de 2010, durante los que murieron 11 integrantes de las fuerzas de seguridad y dos saharauis. El campamento había sido levantado por saharauis que protestaban por sentirse marginados y pedían trabajo y una vivienda adecuada.

Más de dos años después, y pese a los insistentes llamamientos de Amnistía Internacional y otros, las autoridades marroquíes siguen sin abrir una investigación independiente e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en relación al desmantelamiento del campamento.

Los acusados han asegurado reiteradamente que fueron torturados y sometidos a otros malos tratos mientras se encontraban recluidos, y que los coaccionaron para que firmasen las declaraciones.

Amnistía Internacional exige una investigación independiente sobre las denuncias de tortura y pide para los saharauis condenados un juicio en tribunal civil independiente e imparcial que desestime toda prueba obtenida bajo tortura o coacción.