En tan solo dos meses, 94 personas han sido ejecutadas en Irán, en una muestra de cómo las autoridades están utilizando la pena de muerte como una herramienta de represión.
Muchas de ellas pertenecían a minorías étnicas: árabes ahwazí, kurdas, baluchis... Estos grupos étnicos han estado perseguidos en Irán desde hace muchos años, y ahora, en el contexto de las protestas que se extienden por todo el país, se han convertido en objetivo de las autoridades iraníes.
Todas estas ejecuciones tienen un claro objetivo: infundir miedo a la población en un intento desesperado por parte de las autoridades de aferrarse al poder y poner fin al levantamiento popular, además de vengarse de quienes, manifestándose, se atreven a desafiar el orden establecido.
Además, cuatro hombres han sido ejecutados en relación a su participación en las protestas que recorren el país desde la muerte de Mahsa Amini: Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini fueron ejecutados en enero; Majidreza Rahnavard y Mohsen Shekari, en diciembre. Ninguno de ellos tuvo un juicio justo, con derecho a acceder a una defensa adecuada y a abogados de su elección, poder permanecer en silencio si querían ni a ser considerados inocentes hasta que se demostrara lo contrario.
A estas personas se les unen las más de 20 que corren riesgo de ser ejecutadas en cualquier momento. Personas como Arshia Takdastan, de 18 años; Mehdi Mohammadifard, de 19, y Javad Rouhi, de 31. Además, estos jóvenes fueron sometidos a terribles torturas con métodos como flagelación, descargas eléctricas, suspensión cabeza abajo y amenazas de muerte a punta de pistola. A uno de ellos lo violaron y a otro le pusieron hielo en los testículos durante dos días para forzar sus confesiones.
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Firma y enviaremos esta petición en tu nombre A las autoridades iraníes.
Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y país.
Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:
Me preocupa enormemente que las autoridades iraníes hayan ejecutado al menos a 94 personas en total sólo entre los meses de enero y febrero , lo que supone un considerable aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Muchas de estas personas pertenecían a grupos étnicos que tradicionalmente han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en Irán, como los árabes ahwazí, kurdos o baluchis.
Además, es especialmente preocupante que más de 20 personas corren grave peligro de ser ejecutadas tras simulacros de juicios, por cargos como “enemistad con Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en relación con las protestas celebradas en todo el país. A todas estas personas se les ha negado un juicio justo, con derecho a acceder a una defensa adecuada y a abogados de su elección, a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, a permanecer en silencio y a una vista justa y pública. Según la información de la que dispone Amnistía Internacional, varias de ellas al menos 10 de ellas, entre las que se encuentran Hamid Ghare-Hasanlou, Toomaj Salehi y Mohammad Ghobadlou, fueron torturadas, y las autoridades utilizaron como prueba sus “confesiones” o las de otras personas, empañadas por la tortura. Los medios de comunicación oficiales difundieron además las “confesiones” forzadas de varios acusados antes de su juicio.
Le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte. Le insto a dejar en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Le insto a proporcionar a las personas detenidas acceso a sus familias y a abogados de su elección, a protegerlas de la tortura y otros malos tratos, a investigar las denuncias de tortura, a que los responsables sean sometidos a un juicio justo y a que se conceda a los observadores independientes pertenecientes a embajadas acceso a los juicios de pena capital relacionados con las protestas. Por último, le insto a establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.
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