Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Guatemala: Las leyes de minería no respetan los derechos humanos

Mujeres de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, con los brazos en alto.
Mujeres de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala. Todas se han visto afectadas por las operaciones mineras de la mina de oro Marlin de Goldcorp, de propiedad canadiense. © James Rodriguez/mimundo.org
¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 6.036 firmantes

Petición antes del cierre

Las comunidades locales no son consultadas antes de que las empresas implanten proyectos mineros en sus tierras.

Esta acción ha finalizado (3 de febrero de 2015)

El pasado mes de diciembre, el Congreso de Guatemala adoptó una ley por la que se incrementan las regalías del sector empresarial minero de un uno al diez por ciento. Sin embargo, las autoridades siguen sin abordar la necesidad de que las leyes mineras respeten los derechos humanos, incorporando procesos de consulta y asegurando que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho al consentimiento previo, libre e informado a la concesión de cualquier licencia minera. Amnistía Internacional continuará trabajando por la obligatoriedad del consentimiento previo, libre e informado.

Gracias a las más de 6.000 personas que habéis participado en esta acción.

 

Petición antes del cierre

La empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron que iba a tener todos estos impactos negativos, que iba a generar todo este conflicto”. Carmen Mejía, mujer indígena de San Miguel Ixtahuacán.

La licencia para la explotación de la mina de oro Marlin I fue concedida por el Gobierno a una filial de Goldcorp Inc. La mina se implantó en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, municipios donde residen unas 52.000 personas. En su mayoría indígenas mayas que viven de la agricultura de subsistencia y que nunca fueron consultadas sobre el proyecto minero.

Las comunidades afectadas se opusieron a la mina desde sus inicios. Las tensiones se agravaron y empezaron los ataques contra las personas activistas contrarias a la mina. Así, en julio de 2010, Deodora Hernández, activista que había protestado por los posibles efectos negativos en el medio ambiente, estaba en su casa cuando le dispararon dos hombres no identificados. Hasta la fecha, nadie ha sido llevado ante la justicia por este ataque.

En los últimos años, los conflictos en torno a la minería se han generalizado en Guatemala. En todo el país, las comunidades locales han protestado contra el emplazamiento de minas en sus tierras. Los motivos: preocupación porque las actividades mineras contaminen sus tierras, afecten a sus medios de vida y la falta de consulta previa. El resultado: años de amenazas y violencia, con personas heridas y muertas. Los dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras se convierten a menudo en blanco de amenazas, intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los responsables de esos actos no han rendido aún cuentas.

Naciones Unidas ha pedido a Guatemala que reforme la Ley de la minería de 1977. El Presidente del Gobierno pidió una moratoria a la concesión de nuevas licencias mientras se adoptan las reformas a la ley. Sin embargo, el gobierno continua sacando a concurso nuevas licencias.

Justo ahora el Congreso guatemalteco está debatiendo sobre las reformas en la Ley de minería. Exige que las leyes mineras respeten los derechos humanos, incorporando procesos de consulta y asegurando que los pueblos indígenas pueden ejercer su derecho al consentimiento previo, libre e informado a la concesión de cualquier licencia minera.

Envía un mensaje instando al Presidente de Guatemala a reformar la ley minera.