Saltar al contenido

Turquía no es país seguro. Ni para la población turca ni para las personas refugiadas

Mujer refugiada en Turquía. CC UNFPA en Flickr
Mujer refugiada en Turquía. CC UNFPA en Flickr
¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 143.393 firmantes

Damos las gracias a todas las personas que se han sumado a la petición de Amnistía Internacional para que el gobierno español tome todas las medidas posibles para que se detenga el retorno de solicitantes de asilo y refugiados a Turquía sobre la base de que se trata de un "tercer país seguro".

Amnistía Internacional sigue trabajando para lograr que se reviese el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en materia de refugio, y también para que España y otros países de Europa amplíen el número de plazas de reasentamiento y otras vías de acceso para las personas refugiadas.

Petición antes del cierre

El fallido golpe de estado en Turquía ha tenido horribles consecuencias para los derechos humanos.

Actualización (21 de julio)
El fallido golpe de estado en Turquía ha tenido horribles consecuencias para los derechos humanos. Al menos 208 personas han perdido la vida y casi 8.000 han sido detenidas. Además, el derecho a la libertad de expresión está siendo duramente reprimido y las autoridades han manifestado su intención de volver a imponer la pena de muerte. Esto demuestra que Turquía no es un país seguro. No lo era antes para las personas refugiadas y ahora tampoco lo es para la población turca.

La situación de los derechos humanos en Turquía ya era muy preocupante antes del intento de golpe de estado, algo que afectaba especialmente a las personas refugiadas. El pasado mes de marzo la Unión Europea firmó un siniestro pacto con Turquía según el cual "todos los migrantes irregulares que lleguen a Grecia desde Turquía a partir del 20 marzo, serán devueltos a Turquía". A cambio de hasta 6.000 millones de euros, así como de concesiones políticas de la UE, Turquía accedió a aceptar de nuevo a todos los “migrantes irregulares” que llegasen a las islas griegas después del 20 de marzo.

Se trata de un acuerdo no solo ilegal, sino también inadmisible. Un golpe histórico al derecho de asilo basado en una idea ficticia, que Turquía es un país seguro para las personas necesitadas de protección internacional y porque condiciona el reasentamiento de personas desde Turquía a que otras personas sigan jugándose la vida tratando de alcanzar las costas griegas. 

Ahora es más importante que nunca que el gobierno turco respete los derechos humanos de su población, pero sin olvidar la situación de los tres millones de refugiados que se encuentran en el país.

Desde la firma de acuerdo han sido varias las ocasiones en las que Turquía ha devuelto a solicitantes de asilo a lugares como Siria, Irak o Afganistán. Además, el sistema de asilo de Turquía se enfrenta a múltiples dificultades para hacer frente a más de tres millones de solicitantes de asilo y refugiados. 

Turquía es responsable de las violaciones a los derechos humanos de las personas refugiadas, pero en su constante esfuerzo de impedir las llegadas a Europa, la UE está tergiversando lo que realmente ocurre. La UE no puede actuar como si Turquía fuera un país seguro; debe compartir, y no trasladar su responsabilidad.