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España: Reforma de la Ley de Asilo

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 25.494 firmantes

Petición antes del cierre

España ha cerrado el 2008 con una de las cifras más bajas en concesión de estatutos de refugiado desde 2001. Sólo 151 personas han sido reconocidas como refugiadas, mientras 4.516 personas han solicitado protección internacional. De aprobarse la reforma de la Ley de Asilo, las cifras se recrudecerán todavía más.

Esta acción ha terminado. La acción proponía enviar un correo a los Senadores para que garantizasen que la nueva Ley de Asilo se ajustase al derecho internacional de derechos humanos.

Damos las gracias a las casi 25.500 personas que os habéis sumado y que con vuestro apoyo, habéis hecho posible que en algunos aspectos, el proyecto de ley en su paso por el Senado haya mejorado. El pasado 7 de octubre el Senado aprobó un proyecto de ley de asilo que mejoraba en algunos aspectos el remitido por el Congreso, recogiendo algunas peticiones de Amnistía Internacional.

Sin embargo aun quedan serías preocupaciones, ya que el texto recoge disposiciones que en la práctica siguen dificultando el acceso de miles de personas a su derecho de acceder a protección internacional. Amnistía Internacional ha mostrado en numerosas ocasiones la preocupación ante el hecho de que las actuales políticas de asilo, tanto españolas como europeas, no estén identificando adecuadamente y garantizando el acceso a los procedimientos de asilo a todas las personas que huyen de violaciones de derechos humanos. Las operaciones en alta mar y en países en tránsito y origen en un proceso de deslocalización y externalización del control migratorio, además de comprometer el derecho de asilo, exponen dramáticamente las vidas de numerosas personas. Por ello, seguiremos trabajando  en esta línea de acción y os mantendremos informados de las novedades que puedan producirse en esta materia. Muchas gracias

 

Petición original:

El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 25 de junio, el Proyecto de Ley de Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria. Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones, ha denunciado el retroceso que esta reforma supone para el sistema de asilo español. De ser aprobada por el Senado, España daría un paso atrás en su compromiso internacional de proteger a las personas que huyen de sus países por sufrir gravísimas violaciones de sus derechos humanos.

El nuevo texto recoge una serie de disposiciones que, en la práctica, contribuirían a dificultar todavía más el acceso de miles de personas a su derecho a la protección internacional.

La reforma propuesta niega el derecho, reconocido en la Ley vigente, a solicitar asilo en las embajadas españolas de terceros países. Si el actual Proyecto de Ley se aprobase, por ejemplo, la familia de Yasiff estaría probablemente en Afganistán. Yasiff y su mujer Laila (nombres ficticios), tuvieron que salir de Afganistán ante las continuas amenazas de los Talibanes por sus ideas laicas y progresistas. Una vez en Pakistán, las persecuciones y amenazas no cesaron. Con el avance de los Talibanes al país vecino, las amenazas continuaron y fue entonces cuando, en septiembre de 2007, el matrimonio decidió solicitar asilo en la embajada española en Pakistán. Un año más tarde, España les concedió el Estatuto de Refugiados y, a día de hoy, desarrollan su vida en nuestro país con normalidad.

Asimismo, la reforma propuesta niega el derecho a solicitar asilo a los nacionales comunitarios, cuando la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado dice claramente que el asilo es un derecho humano de toda persona y, por lo tanto, no condicionado a ninguna discriminación por motivo de nacionalidad, entre otros. De aprobarse la reforma propuesta, España negaría el derecho de toda persona de un país miembros de la UE a solicitar protección internacional, dando así por supuesto que en los Estados miembro de la UE ni se producen ni se producirán en un futuro graves violaciones de derechos humanos.

Ayúdanos a que los senadores garanticen que la futura nueva Ley de Asilo no supone un retroceso respecto a la legislación vigente que data de 1984 y, por el contrario, se ajusta al derecho internacional de derechos humanos.