España debe cooperar con la justicia argentina

El gobierno español no cooperó en el pasado, pero debe cooperar ahora con la justicia argentina y proceder a la extradición de los ciudadanos españoles acusados de cometer delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

Esta acción ha finalizado (19 de febrero de 2015)

Muchas gracias a las más de 31.000 personas que han firmado esta ciberacción solicitando al Ministro de Justicia español que coopere con la justicia argentina para la detención, arresto y extradición  a Argentina de veinte ciudadanos españoles, sospechados de haber cometido diversos crímenes de derecho internacional durante la guerra civil y el franquismo, incluidos delitos de tortura o sustracción de menores, y que constituyen crímenes de lesa humanidad. El Ministro de Justicia ha dado traslado del requerimiento de la justicia argentina a la Audiencia Nacional, aún pendiente de resolución. Anteriormente, en abril de 2014, la Audiencia Nacional rechazó el pedido de extradición solicitada por Argentina de dos imputados, José Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachelo, alias Billy el niño, acusados de cometer tortura durante dicho período. Amnistía Internacional mantiene su preocupación por la falta de colaboración con la justicia argentina y por la ausencia de investigación de la justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Por ello, entre otras acciones, Amnistía Internacional ha compartido sus preocupaciones con diversos mecanismos de Naciones Unidas, incluidos el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité para las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre verdad, justicia y reparación. La organización continuará trabajando para que el Estado cumpla con sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional.

Petición antes del cierre

El pasado 30 de octubre la justicia argentina ordenó, a fines de su extradición, la detención  de veinte ciudadanos españoles, entre los que se encuentran personal sanitario, exministros, y personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del franquismo. Estas personas son sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional en España, como la tortura o sustracción de menores, y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Según los estándares internacionales y el Trabado bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal, el Estado español debe proceder a la extradición de estas personas con prontitud, una vez se tramite el pedido de extradición. Ya hubo un pedido de extradición y España no colaboró: en septiembre de 2013, la justicia argentina solicitó la cooperación de España para la extradición de José Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachelo, alias “Billy el niño”, sospechosas de haber cometido torturas. Lamentablemente, en abril de 2014 se rechazó la extradición a Argentina de ambos imputados, con argumentos contrarios al derecho internacional. Al igual que en la solicitud de extradición anterior, la jueza argentina María Servini de Cubría basa su competencia para investigar los presuntos delitos en el principio de jurisdicción universal, según el cual todos los estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se hayan cometido dichos crímenes o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios. España se halla obligada bajo el derecho internacional a conceder la extradición a Argentina. Si, por algún motivo de índole legal tal obligación no pudiera ser satisfecha,  España se halla obligada a proceder con la investigación de tales crímenes ante sus propios tribunales de justicia. Amnistía Internacional ha documentado extensamente y expresado de manera reiterada su preocupación por la ausencia de investigación por parte de la justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y posteriormente durante el franquismo por integrantes de las fuerzas estatales de seguridad. Esto constituye un incumplimiento por España de sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pide al Ministro Rafael Catalá Polo que coopere con la justicia argentina para la detención, arresto y extradición de estas personas ¡Actúa!