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España: ¡El derecho a la salud no admite recortes!

Manifestación por la Sanidad y Educación Públicas en Madrid, abril de 2012
Manifestación por la Sanidad y Educación Públicas en Madrid, abril de 2012 CC by-sa Adolfo Indignado Cuartero
¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 35.034 firmantes

Petición antes del cierre

La reforma sanitaria limitará el acceso a la salud para las personas migrantes en situación de irregularidad, y podría tener impactos para otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 35.000 firmantes. Entregaremos las firmas a los grupos parlamentarios en el marco de la votación en el Congreso de los Diputados de la reforma sanitaria. Les pedimos que no convaliden el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el gobierno no adopte una serie de medidas derivadas de las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene el Estado español como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre ellas, la obligación de evaluar previamente los efectos que esta reforma pueda tener en los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente con relación a las personas migrantes en situación de irregularidad.

Asimismo, hemos presentado nuestras preocupaciones en materia de salud en España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, coincidiendo con la comparecencia del Estado español ante dicho Comité.

En Amnistía Internacional seguiremos movilizándonos por exigir el cumplimiento del derecho a la salud para todas las personas

Petición antes del cierre:
Más de 21.200 personas firmamos la ciberacción dirigida a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad exigiendo que antes de aprobar la reforma sanitaria adoptase medidas que  protegiesen el derecho a la salud de todas las personas. Lamentablemente no ha sido así.

La reforma sanitaria aprobada limitará el acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular. Esta se verá reducida a la atención en urgencias, y a la asistencia al embarazo, parto y posparto. Las mujeres víctimas de violencia de género, serán uno de los colectivos afectados por esta medida, ya que, aunque puedan recibir atención de urgencia, se limita su acceso a una atención sanitaria que constituye una de las principales vías de detección temprana e identificación de víctimas.

La reforma constituye una medida regresiva, contraria al Pacto Internacional de Derechos, Económicos y Culturales del cual España es Estado parte.

Asimismo, el gobierno no ha aportado un análisis transparente sobre el potencial impacto que esta reforma podría tener en la salud de otros colectivos vulnerables. Únicamente se ha limitado a aportar datos de ahorro económico.

La legalidad internacional exige que en tiempos de crisis, las autoridades deben demostrar que las medidas se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles, que están debidamente justificadas y se han utilizado todos los recursos máximos disponibles. Asimismo, deben establecer mecanismos para garantizar la información y consulta efectiva de todos los sectores de la sociedad sobre la reforma sanitaria.

Ninguna medida de recorte del gasto público puede poner en peligro el derecho a la salud. El Gobierno no debía haber obviado sus obligaciones internacionales. Ahora el Congreso de los Diputados debe corregir esta situación.