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España: Los derechos de los refugiados no deben ser invisibles

Las autoridades y los medios de comunicación españoles pasan por alto los legítimos motivos de preocupación de los refugiados, haciéndolos de este modo invisibles. En la medida en que hablan de la entrada de inmigrantes “ilegales”, ocultan la realidad de las personas que huyen de la persecución y de graves abusos en su país de origen.

 

Amnistía Internacional reconoce el derecho del gobierno de España a controlar la inmigración y a regular la entrada de ciudadanos extranjeros en su territorio, pero insiste en que este derecho no debe ser a costa del derecho de todas las personas a disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.

 

Sin embargo, España ha adoptado políticas y prácticas de migración que impiden que las personas que huyen de violaciones graves de derechos humanos entren en territorio español, soliciten asilo y obtengan protección.

 

Los procesos de expulsión que aplica España –entre ellos, expulsiones secretas a través de la frontera con Marruecos– no garantizan que las personas expulsadas no serán devueltas a países en los que sus derechos humanos corren el riesgo de ser violados (principio de non-refoulement o no devolución).  

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 4.352 firmantes

Petición antes del cierre

Las autoridades y los medios de comunicación españoles pasan por alto los legítimos motivos de preocupación de los refugiados, haciéndolos de este modo invisibles.

Esta acción ha finalizado. Desde Amnistía Internacional seguimos trabajando para conseguir que todas las personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan acceder al territorio español, soliciten asilo y accedan a protección. Gracias por vuestra participación.

 


Texto de la acción original:

 

Las autoridades y los medios de comunicación españoles pasan por alto los legítimos motivos de preocupación de los refugiados, haciéndolos de este modo invisibles. En la medida en que hablan de la entrada de inmigrantes “ilegales”, ocultan la realidad de las personas que huyen de la persecución y de graves abusos en su país de origen.

 

Amnistía Internacional reconoce el derecho del gobierno de España a controlar la inmigración y a regular la entrada de ciudadanos extranjeros en su territorio, pero insiste en que este derecho no debe ser a costa del derecho de todas las personas a disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.

 

Sin embargo, España ha adoptado políticas y prácticas de migración que impiden que las personas que huyen de violaciones graves de derechos humanos entren en territorio español, soliciten asilo y obtengan protección.

 

Los procesos de expulsión que aplica España –entre ellos, expulsiones secretas a través de la frontera con Marruecos– no garantizan que las personas expulsadas no serán devueltas a países en los que sus derechos humanos corren el riesgo de ser violados (principio de non-refoulement o no devolución).