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Egipto: La nueva legislación de Morsi pisotea el estado de derecho

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Esta petición exigía a las autoridades que revoquen el decreto del 9 de diciembre de 2012 por el que se confieren poderes policiales al ejército, que se enmiende el Código de Justicia Militar y de la Policía para que los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de los derechos humanos puedan ser juzgados ante tribunales civiles y que se corrija la definición de la tortura en el Código Penal para adaptarla a los estándares internacionales, entre otros.

Hasta el momento las autoridades egipcias no han tomado las medidas que solicitaba la petición. El presidente Morsi no ha eliminado los obstáculos a la rendición de cuentas en el Código de Justicia Militar y de la Policía ni se ha conseguido establecer un mecanismo formal de supervisión de las fuerzas de seguridad. Aunque se ha nombrado a un juez para investigar las denuncias contra el antiguo jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y otros altos cargos militares, no está claro que esto sirva para que se inicien procesos judiciales.
Pese a que el presidente Morsi revocó en parte su decreto del 22 de noviembre en respuesta a las protestas, durante el referéndum constitucional de diciembre las fuerzas militares conservaron sus competencias de arrestos y detenciones, y la “Ley de Protección de la Revolución” sigue en vigor. Amnistía Internacional se opone a ambos hechos porque minan el estado de derecho y pueden facilitar nuevas violaciones de los derechos humanos en el futuro.

Las autoridades han ordenado nuevas investigaciones y juicios sobre el asesinato de manifestantes en las protestas. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue preocupada porque las nuevas competencias podrían permitir al poder ejecutivo minar al poder judicial y limitar los derechos de las personas acusadas.

Petición antes del cierre

Miles de egipcios y egipcias han salido a la calle para protestar contra la nueva legislación represiva. El proyecto de Constitución, que restringe derechos, y su proceso de redacción tampoco han ayudado a apaciguar los ánimos.

La ciudadanía egipcia ha regresado a la Plaza Tahrir en muchas ocasiones desde la caída de Hosni Mubarak, pero pocas veces lo ha hecho de forma tan masiva. En esta ocasión no piden el fin del gobierno militar; ahora corean lemas contra el presidente Mohamed Morsi, el primer presidente elegido del país y el hombre en el que mucha gente confiaba para restaurar por fin el Estado de derecho.

El primer motivo de descontento contra Morsi se inició con una enmienda constitucional por la cual el presidente se otorgaba facultades ilimitadas e impedía cualquier impugnación legal a sus decisiones. Esta enmienda fue anulada, pero,  sin embargo, sigue vigente la “ley que protege la revolución” que permitirá prologar las detenciones “hasta seis meses” para “proteger la revolución” mientras se investiga a personas acusadas de delitos relacionados con la prensa y los medios de comunicación, organización de protestas, huelgas laborales y “matonismo”. Además, el decreto promulgado el 9 de diciembre establece que todos los oficiales del ejército tendrán derecho a ejercer facultades policiales hasta que se anuncien los resultados del referéndum sobre el proyecto de Constitución. Teniendo en cuenta el historial del ejército durante el tiempo que estuvo en el poder, esto sienta un precedente peligroso.

Por otro lado, está el proceso de redacción de una nueva Constitución, viciado desde el principio y cada vez menos representativo. Este proceso ha derivado en un nuevo texto constitucional en el que se prohíben las críticas a la religión, se consiente expresamente que la población civil sea juzgada ante tribunales militares, se tolera el trabajo infantil y no tiene en cuenta los derechos de las mujeres, por mencionar solo algunas restricciones de derechos.

Amnistía Internacional considera que las recientes medidas adoptadas por el Presidente Morsi no son la manera de restaurar el estado de derecho y asegurar  verdad y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La organización insta al presidente egipcio a que respete el principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley.
 
Pide al presidente Morsi que no implique al Ejército en el mantenimiento del orden,  derogue la la “ley que protege la revolución” y devuelva el proceso de redacción y referéndum de la constitución a la senda correcta.