En Colombia, quienes luchan por la restitución de las tierras robadas durante el conflicto armado son amenazados y asesinados. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no ha conseguido incrementar la seguridad de estas personas. Exige al gobierno colombiano que subsane ésta y otras deficiencias de la Ley.
Hace pocos meses un grupo de paramilitares secuestró y asesinó a
Manuel Ruíz y a su hijo de 15 años
Samir de Jesús Ruíz. La razón es que Manuel, miembro del consejo comunitario de su pueblo, Apartadocito, iba a acompañar a los inspectores que el gobierno había enviado para determinar quiénes eran los propietarios legítimos de unas tierras.
Este caso es sólo uno entre tantos otros de personas que reclaman la devolución de las tierras robadas y que por ello son
amenazadas, hostigadas o directamente asesinadas. Es el precio de la tierra en Colombia.
Durante el prolongado conflicto armado colombiano, millones de hectáreas de tierra han sido robadas, a menudo con violencia, a sus dueños legítimos, especialmente comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los principales
responsables del despojo pertenecen a grupos paramilitares, que a veces actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad. Además, todas las partes del conflicto –paramilitares, fuerzas de seguridad y guerrilla– han contribuido a expulsar de sus hogares a más de cinco millones de personas que, así, han perdido el control de sus tierras.
Desde que la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en junio de 2011 y entró en vigor a principios de 2012, la situación ha empeorado para los dirigentes de las comunidades desplazadas y para los activistas que hacen campaña por la restitución de las tierras robadas. Están en el punto de mira de diferentes fuerzas paramilitares que, desde hace unos meses, se autodenominan “ejércitos antirrestitución”.
La ley tiene algunos
aspectos positivos. Reconoce la existencia de un conflicto armado en el país y prevé una reparación para muchos de los sobrevivientes de abusos y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, también tiene graves
deficiencias, como la falta de protección a las personas que regresan a sus tierras y el peligro que corren quienes hacen campaña por la restitución.
Pide al presidente de Colombia Juan Manuel Santos que subsane estas deficiencias.
