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Colombia: La población civil grita “¡Déjennos en paz!”

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Más de 18.000 personas han solicitado al Presidente de Colombia que su Gobierno proteja a la población civil del conflicto armado que tiene lugar en Colombia, en el que se enfrentan desde hace más de 40 años las fuerzas de seguridad en connivencia con los grupos paramilitares contra los grupos guerrilleros. Además se le ha pedido que reconozca públicamente la existencia del conflicto armado interno, de forma que no se socave la aplicación de el derecho internacional humanitario y que ponga en práctica las recomendaciones de los organismos internacionales sobre derechos humanos.

Las consecuencias del conflicto colombiano son muy graves: a lo largo de los últimos 20 años, más de 70.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles, han muerto a consecuencia de las hostilidades, mientras que entre tres y cuatro millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares; entre 15.000 y 30.000 personas también han sido víctimas de desapariciones forzadas desde el comienzo del conflicto, mientras que en los últimos 10 años más de 20.000 han sido secuestradas o tomadas como rehenes; se calcula que hay entre 8.000 y 13.000 niños y niñas soldado y Colombia tiene la tasa más elevada de víctimas de minas terrestres antipersonal del mundo.

Amnistía Internacional sigue trabajando para conseguir que la población civil colombiana esté protegida, para que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean perseguidos y que las víctimas obtengan justicia y reparaciones. ¡Gracias a las personas que han tomado parte en esta ciberacción!

Petición antes del cierre

Esta es la petición simple y clara de la población civil a todos los que cometen abusos y violaciones de sus derechos humanos sean quienes sean en el conflicto colombiano.

La población civil es víctima del conflicto armado interno de Colombia que desde hace 40 años enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los grupos paramilitares contra los grupos guerrilleros.

A lo largo de los últimos 20 años, más de 70.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles, han muerto a consecuencia de las hostilidades, mientras que entre tres y cuatro millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Entre 15.000 y 30.000 personas también han sido víctimas de desapariciones forzadas desde el comienzo del conflicto, mientras que en los últimos 10 años más de 20.000 han sido secuestradas o tomadas como rehenes. Se calcula que hay entre 8.000 y 13.000 niños y niñas soldado y Colombia tiene la tasa más elevada de víctimas de minas terrestres antipersonal del mundo.

Mientras tanto el gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido testimonios muy diferentes. Tres niños indígenas, Dumar Alexander, Leibar y José Edilmer Paí Nastacuas, de 15, 12 y 8 años respectivamente, murieron el 27 de junio cuando cayeron en un campo de minas instalado por un grupo guerrillero. El dirigente sindical Jesús Heberto Caballero Ariza apareció muerto el 17 de abril, después de haber recibido amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras; su cadáver mostraba señales de tortura. El cuerpo de Parmenio Hernándes apareció el 3 de enero vestido con prendas militares con un disparo en la espalda, después de haber sido detenido por el ejército.

Las autoridades colombianas se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país. Es difícil resolver un problema sin admitir que éste existe.