Las autoridades chinas, decididas a destruir la creciente red de la abogacía y de activistas que defiende casos de violaciones de los derechos humanos.
Esta acción ha finalizado ( 1 octubre 2015)
Gracias a las más de 23.000 personas que habéis firmado pidiendo su liberación. Sabemos que dos de las personas que aparecen en las fotos, Liu Shihui y Liu Xiaoyuan, han sido liberadas. Desgraciadamente, otras dos se encuentran detenidas sin cargos y sin asistencia letrada. Y lo que es aun mas grave, otras cuatro, entre las que se encuentra la abogada Wang Yu, siguen en paradero desconocido, acusadas de “incitar a la subversión contra el poder del estado”. Desde Amnistía Internacional continuamos dando seguimiento a la situación de estas y de otras muchas personas en China, que están siendo hostigadas por defender pacíficamente a personas que exigen el cumplimiento de sus derechos humanos. Petición antes del cierre
Según las noticias que hemos recibido, un total de 234 abogados y activistas han sido blanco de diferentes ataques, y de ellos 26 están desaparecidos o en custodia policial. ¡Seguimos necesitando vuestras firmas!Más de 200 personas han sido interrogadas o recluidas por la policía, en una campaña de represión a nivel nacional. A fecha de 5 de agosto, 26 personas permanecían detenidas o desaparecidas, como sospechosas de “incitar a la subversión del poder del Estado”, por lo que podrían ser condenadas a un máximo de 15 años de prisión.
El bufete Fengrui Law Firm, con sede en Pekín, ha sido señalado como el “centro de una banda delictiva”. El equipo del mismo ha defendido a personas en casos de derechos humanos de gran repercusión, como son el del destacado intelectual uigur, Ilham Thoti y el de las víctimas del escándalo de la leche en polvo adulterada.
El jueves 9 de julio desapareció Wang Yu, abogada de Fengrui Law Firm, tras comunicar que se había quedado sin conexión de Internet y sin electricidad en su domicilio y que estaban intentando entrar a la casa. Posteriormente se supo que estaba detenida, así como su esposo, el también abogado Bao Longiun. El hijo de ambos, de 16 años de edad, tiene su pasaporte confiscado. Las detenciones se extendieron a otros lugares del país como Guanzshoy y Shanghái.
Estas acciones van acompañadas de una campaña difamatoria en los medios de comunicación del Estado, donde se acusa a abogados, abogadas y activistas de formar parte de una operación delictiva que busca “socavar la estabilidad social”.
¡Actúa! Pide a las autoridades chinas que liberen inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por realizar su trabajo en defensa de los derechos humanos.