Por los derechos humanos en todo el mundo

"No sois más que negros. No hagáis preguntas."

C.M., de Malí, dijo a Amnistía Internacional que así lo había increpado un agente de la ley en una comisaría de Melilla, España.

Amnistía Internacional tuvo constancia de que, durante los meses de agosto y septiembre de 2005, se produjeron graves y repetidas violaciones de derechos humanos tanto en Melilla y en Ceuta, como en Marruecos: uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado con al menos 13 muertos y decenas de heridos, expulsiones ilegales de migrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano por parte de España, centenares de personas, entre ellas posibles solicitantes de asilo, detenidas por las autoridades marroquíes y otras muchas abandonadas en el desierto o expulsadas de Marruecos.

Un año después, aún no han concluido las investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes que participaron en los incidentes, y no se han tomado medidas preventivas. El clima de impunidad prevalece. Ver nuestro último informe sobre el tema: "Falla la protección de los derechos de las personas migrantes. Ceuta y Melilla un año después" (Octubre de 2006), y nuestro Vídeo (Real Media).

Tres meses antes de esta crisis, Amnistía Internacional publicó el informe "Frontera Sur". Dicho informe sacaba a la luz los obstáculos que encuentran las personas que llegan al territorio español (a través de Ceuta, Melilla, Canarias y la costa de Andalucía) huyendo, en muchos casos, de persecución y abusos graves en sus países de origen. Una vez alcanzado suelo europeo se convierten de nuevo en víctimas, en este caso, del propósito de las autoridades españolas de “detener el flujo de inmigración irregular procedente del sur”.

El informe recoge testimonios de expulsiones ilegales de personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta. También denuncia inadecuadas condiciones de acogida o rescate en alta mar, obstáculos para acceder al proceso de asilo, falta de garantías en el derecho a intérprete y a una asistencia letrada adecuada. Además, en Canarias se está internando a inmigrantes y a solicitantes de asilo no siempre de forma justificada. El informe igualmente concluye que no se está identificando de forma adecuada a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos. Las cifras hablan por sí solas y colocan a España en los últimos puestos de la Unión Europea en solicitud y concesión de asilo: en el año 2001, el número de peticiones fue de 9.490;  en el año 2005, 5.254.

Amnistía Internacional reconoce el derecho del Estado español a controlar la inmigración pero quiere recordarle que tiene que respetar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo: derecho a asistencia letrada e interprete, a unas condiciones de acogida o rescate dignas, a la identificación de quienes necesitan protección internacional, incluidos quienes huyen de persecución por género (por ejemplo, víctimas de trata de seres humanos) u orientación sexual.