El gobierno de Eritrea, en un esfuerzo por ahogar críticas a su gestión, ha encarcelado a 15 de los más conocidos periodistas del país: editores, reporteros y periodistas de periódicos independientes, algunos de ellos incluso trabajaban en el Ministerio de Información o para el servicio de televisión y prensa árabe del gobierno.

El 18 de septiembre de 2001, el gobierno de Eritrea prohibió toda la prensa independiente debido a las críticas recibidas por actuar de forma "ilegal e inconstitucional". Unos días más tarde fueron arrestados 10 de los periodistas más destacados que habían escrito una carta de protesta por la medida. En marzo de 2002, comenzaron una huelga de hambre para pedir un juicio justo ante un tribunal independiente. Días más tarde fueron sacados de la comisaría, nueve de ellos fueron traslados a un lugar secreto y uno, del que no se tienen noticias, fue ingresado en un hospital. No están en ninguna de las prisiones oficiales de Eritrea ni en ninguna comisaría. Otros tres periodistas detenidos en 2002 también están presos en lugares secretos, aunque se conoce el paradero de otros dos.

Estos quince periodistas se encuentran en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio, algunos desde 2001 y otros desde 2002, debido exclusivamente al ejercicio de su profesión. Amnistía Internacional teme por su seguridad ya que se encuentran recluidos en lugares secretos, lo que aumenta el riesgo de sufrir malos tratos y de que se les prive de asistencia médica.

Amnistía Internacional les considera presos de conciencia, privados de su libertad exclusivamente por el ejercicio legítimo de su trabajo como periodistas y pide su liberación inmediata e incondicional.