Por los derechos humanos en todo el mundo

Poco después de su creación, en 1961, Amnistía Internacional comenzó a enviar llamamientos para impedir la ejecución de presos de conciencia. El abogado británico, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario londinense The Observer en el que hacía referencia al uso de la pena de muerte contra presos de conciencia: "Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país".

Con el tiempo, nuestro trabajo sobre la pena de muerte se fue ampliando. La organización comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977. En aquel momento, la pena capital estaba abolida sólo en 16 países. Más de 30 años después, 139 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica; 58 países se consideran ahora retencionistas, y el número de los que la siguen utilizando es mucho menor. De hecho, sólo durante los últimos 10 años se han registrado enormes avances hacia la abolición de la pena de muerte, puesto que más de 30 países se han convertido en abolicionistas en la ley o en la práctica. En la actualidad Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia.

La organización considera que la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone y se lleva a cabo arbitrariamente. El intento de los Estados de escoger los delitos "más abyectos" y a los "peores" delincuentes de entre los miles de asesinatos perpetrados cada año es fuente irremediable de fallos inevitables. Mientras la justicia humana siga sin ser infalible, nunca podrá eliminarse el riesgo de ejecutar a una persona inocente.

Ninguno de los estudios realizados ha podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos. Tampoco el estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el año 2002.

Ante estas dificultades, Amnistía Internacional trabaja contra la pena de muerte movilizando a sus activistas y membresía para que emprendan acciones, colaborando con organizaciones asociadas en el movimiento abolicionista mundial, mediante trabajo de defensa destinado a autoridades de todo el mundo, adoptando casos de personas en riesgo de ejecución inminente, y recopilando información y publicando cifras anuales sobre la aplicación de la pena de muerte.

A pesar de que existe una tendencia clara hacia su abolición en todo el mundo, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que siguen siendo muchos los países que continúan manteniendo la pena capital y muchas las personas ejecutadas cada año.