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Filipinas (19-04-06)

La mayor conmutación de penas de muerte

Londres.- Amnistía Internacional acoge con satisfacción lo que considera la mayor conmutación de penas de muerte que ha tenido lugar hasta la fecha, anunciada por la presidenta Arroyo el 15 de abril.

 

Esta medida afectará a un mínimo de 1.230 personas condenadas a muerte desde 1994. Los principales beneficiarios del cambio de política serán al menos 290 presos cuyas condenas habían sido confirmadas en apelación.

 

Filipinas ha dado otro paso importante en el largo camino hacia la abolición, ha manifestado Amnistía Internacional. La organización insta ahora a la presidenta Arroyo a seguir adelante con las promesas anteriores de otorgar prioridad a la legislación que se halla actualmente ante el Congreso y que, en caso de recibir el respaldo de senadores y representantes de todo el espectro  político, podría culminar en la abolición total de la pena de muerte en Filipinas. La organización hace un llamamiento al Congreso para que no deje pasar esta oportunidad histórica y proceda a abolir la pena de muerte de una vez por todas.

 

Amnistía Internacional hará públicas mañana, 20 de abril de 2006, sus estadísticas sobre la pena de muerte en todo el mundo. Más de 40 países han abolido la pena capital para todos los delitos desde 1990, y son ya 123 los países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

 

Con la conmutación de estas condenas a muerte, la presidenta Arroyo señala el fin de la pena capital en Filipinas y se une a otros gobiernos de todo el mundo que reconocen la brutalidad de esta condena, ha manifestado Amnistía Internacional. 

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todo el mundo, en todos los casos sin excepción, por considerarla una violación de uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la vida. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Es innegable el riesgo de errores que pueden conducir a la ejecución de personas inocentes. Los estudios científicos realizados no han podido encontrar nunca pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente a la comisión de delitos que otros castigos.

 

Por añadidura, en la práctica la pena de muerte se aplica de una manera arbitraria y selectiva que afecta de forma desproporcionada a las personas desfavorecidas, a las que no poseen un nivel educativo adecuado y a las que no pueden costearse una defensa jurídica competente; además, siempre está presente el riesgo de errores procesales que pueden desembocar en el asesinato judicial irrevocable de personas inocentes. En el caso de Filipinas, Amnistía Internacional teme especialmente que el riesgo de errores judiciales pueda aumentar sobremanera debido a los informes verosímiles sobre la práctica reiterada de malos tratos y tortura contra presuntos delincuentes, mientras se hallan en detención preventiva, a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el fin de obtener confesiones por la fuerza. 

 

Información complementaria
En 1987, Filipinas estableció un precedente histórico al ser el primer país de Asia que abolió la pena de muerte para todos los delitos en la época moderna. Sin embargo, la pena capital se introdujo de nuevo en Filipinas a finales de 1993 para un total de 46 delitos. Las ejecuciones se reanudaron en 1999 después de un periodo de 23 años. El ex presidente Estrada anunció en el año 2000 la suspensión de las ejecuciones, que la presidenta Arroyo ha continuado, en la práctica, durante su mandato.

 

Tras la reelección de la presidenta Arroyo en mayo de 2004 y su toma de posesión en julio del mismo año, se recibieron informes que afirmaban que las ejecuciones se reanudarían de nuevo. Sin embargo, la presidenta indicó que concedería una serie de aplazamientos a las personas que debían ser ejecutadas de forma inminente. Con posterioridad se han presentado proyectos de ley que reclaman la revocación de la legislación relativa a la pena de muerte, y varios de ellos se han incorporado al Proyecto de Ley 4826, cuya tramitación se sigue en el Congreso.

 

 


Categorías: Asia y Oceanía, Pena de muerte

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex.