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Según el Código Penal iraní, la lapidación es preceptiva, tanto para los hombres como para las mujeres, en caso de “adulterio durante el matrimonio”. Pese a que el ahorcamiento es el método más común en Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, Amnistía Internacional ha documentado al menos 77 lapidaciones, aunque la cifra puede ser mayor, pues no se tienen datos desde 1979 a 1984. En la legislación iraní se especifica que las piedras han de ser lo suficientemente grandes como para causar lesiones y, al final, la muerte; pero no tanto, como para matar a la víctima en seguida. Las condenas de lapidación suelen imponerse a gente pobre o a otros miembros marginados de la sociedad, en zonas rurales o remotas del país.

En 2002, el entonces presidente de la Magistratura declaró la suspensión de las lapidaciones. Sin embargo, en enero del 2009, el portavoz de la Magistratura manifestó que la directriz sobre la suspensión de las lapidaciones dirigida a los jueces no tenía valor jurídico, por lo que éstos podían hacer caso omiso de ella. En junio de este mismo año, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento iraní recomendó eliminar de un nuevo proyecto de reforma del Código Penal una disposición que permitía la lapidación. En el caso que se eliminara la pena de lapidación en la legislación, los jueces podrían seguir imponiéndola en virtud de disposiciones jurídicas, que les permiten juzgar los asuntos, aplicando su conocimiento del derecho islámico, cuando no existe derecho codificado. De tal forma, que los jueces, en determinadas circunstancias, pueden declarar culpable a una persona únicamente basándose en su “conocimiento” subjetivo del caso.

Irán es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), por lo que está violando los artículos 6 (derecho a la vida) y 7 (prohibición de tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes) al permitir la muerte por lapidación.

Discriminación contra las mujeres

La pena de muerte por lapidación afecta de forma desproporcionada a las mujeres en Irán. Esto, es debido, en parte al hecho que las mujeres no tengan el mismo trato que los hombres ante la ley y los tribunales, lo que constituye una clara violación de los artículos 2, 3,14 y 26 del PIDCP. Incluso, en algunos delitos el testimonio de un hombre tiene tanto valor como el testimonio de dos mujeres, y el de las mujeres solas no se admite.

En el caso del adulterio, a los hombres se les permite tener cuatro esposas permanentes y un número ilimitado de esposas temporales, las mujeres sólo pueden tener un esposo a la vez. Mientras que los hombres pueden divorciarse a voluntad, las mujeres tienen limitado el derecho al divorcio.
Tanto es así, que en procedimiento de lapidación, los hombres tienen que estar enterrados en un hoyo casi hasta la cintura; sin embargo, las mujeres, casi hasta el pecho. Porque la ley dispone que, cuando la sentencia condenatoria está basada en una confesión, si la persona condenada escapa del hoyo, no puede ser lapidada de nuevo.

Campaña contra la lapidación

Este movimiento contra la lapidación comenzó el 1 de octubre de 2006, cuando un grupo de activistas fueron propagándolo desde Irán. Están encabezados por la abogada Shadi Sadr y las periodistas Mahboubeh Abbasgholizadeh y Asieh Amini, y a su vez apoyadas por otros activistas de fuera de Irán como Soheila Vahdati. La campaña se denomina “Detengan las lapidaciones para siempre”. Desde entonces se han salvado  de la lapidación al menos 13 mujeres y 2 hombres. Otras, como Shamameh (Maek) Ghorbani que fue condenada a morir lapidada en junio de 2006, se le anuló la pena en un nuevo juicio, condenándola a 100 latigazos.

Una de las razones  del éxito para impedir las lapidaciones, son las campañas locales e internacionales y las acciones de profesionales del derecho. En algunos casos, ha sido efectivo el uso de argumentos basados en el derecho islámico para impugnar la legitimidad de las sentencias condenatorias derivadas del “conocimiento del juez”. Como lo ha sido también,  la obtención de “fetuas” de líderes religiosos musulmanes, en las que se establece que no deben imponerse condenas de lapidación. En Irán se ha reprimido la campaña y se ha sometido a hostigamiento a quienes participan en ella: algunas personas se han visto obligadas a abandonar el país para proteger su seguridad, viviendo ahora en el exilio.

También muchos profesionales de la abogacía han sido objeto de amenazas y hostigamiento para impedir que den publicidad a estos casos: Tal es el caso de Mohammad Mostafaei;  vinculado a Sakineh Mohammadi Ashtiani,  que tuvo que huir de Irán por razones de seguridad en julio de 2010. Otro abogado,  Javid Houtan KIyan le han quitado documentación de sus archivos, su ordenador portátil que contenía información de varios casos de lapidación, etc. En octubre de 2010 fue detenido junto con el hijo de Sakineh, en medio de una entrevista con dos periodistas alemanes. Tememos que estas detenciones tengan por objeto silenciar el caso de Sakineh al mundo exterior. Además,  esta detención la deja indefensa y a merced de un sistema de justicia arbitrario